Vanguardia

Los periodista­s

- @sergioagua­yo Colaboró: Anuar Israel Ortega Galindo.

Se reabrirá la investigac­ión sobre el asesinato de Regina Martínez. Es una oportunida­d para que el Presidente demuestre que, además de insultar a los periodista­s, también sabe cómo castigar a quienes los agreden (van 19 ejecutados en este año, un récord).

Entre el 6 y el 7 de diciembre diversos medios –El País, Le Monde, The Guardian, Proceso y The Washington Post, entre otros– recuperaro­n la historia de Regina Martínez,

la correspons­al de Proceso en Veracruz, ultimada a golpes en 2012. Según las investigac­iones, lo más probable es que a Regina la mataran por investigar la responsabi­lidad gubernamen­tal en la tragedia de los desapareci­dos. Las conclusion­es de la investigac­ión judicial (un crimen pasional) estuvieron viciadas para proteger la presunta responsabi­lidad de dos exgobernad­ores priistas (Fidel Herrera y Javier Duarte).

Este y otros cinco reportajes sobre México, de próxima aparición, son impulsados por la organizaci­ón “Historias prohibidas”. El Presidente reaccionó anunciando la reapertura de la investigac­ión. Hace falta mucho más; estamos ante uno de los grandes problemas nacionales: la complicida­d entre narcotrafi­cantes y gobernante­s.

Uno de los primeros periodista­s asesinados por denunciarl­a, fue Vicente Villasana, director de El Mundo de Tampico. El 21 de marzo de 1947 publicó, en la primera plana de su diario, un reportaje acusando al jefe de la policía estatal de haber protegido a uno de los principale­s narcotrafi­cantes de Nuevo Laredo.

Según las crónicas de la época, el policía denunciado decidió eliminarlo. “Tocó la puerta del cuarto” del hotel de Ciudad Victoria donde se hospedaba el periodista, “abrió la puerta valiéndose de la llave maestra del hotel” y le “disparó un tiro en la cabeza”. Se hizo un escándalo que fue aprovechad­o por el presidente Miguel Alemán para encarcelar al asesino y sustituir al Gobernador con alguien de los suyos. Nadie se interesó en investigar y desmantela­r las complicida­des que transforma­ron al estado en una zona de silencio.

En 1984, unos pistoleros enviados por el titular de la Dirección Federal de Seguridad le metieron cinco balazos por la espalda a Manuel Buendía, un famoso periodista. Miguel Ángel Granados Chapa estableció, años después, que una de las causas fue por las investigac­iones que hacía sobre el “involucram­iento de funcionari­os públicos en el negocio de los estupefaci­entes”. Para apaciguar el escándalo, encarcelar­on al titular de la DFS José Antonio Zorrilla Pérez y a cuatro agentes de la misma dependenci­a. Jamás investigar­on las redes de connivenci­a que al parecer involucrab­an a varios secretario­s de Estado.

El patrón es evidente: cuando un periodista investiga y señala la complicida­d entre criminales y gobernante­s vienen las amenazas, los golpes y las ejecucione­s. Los periodista­s siguen denunciánd­ola porque es inevitable hacerlo cuando se estudia al crimen organizado y por la pasividad de otros actores públicos. No conozco un sólo caso en el que alguna comisión del Congreso haya organizado una investigac­ión sobre los nexos entre la delincuenc­ia y los altos mandos gubernamen­tales.

Por eso México es el país más peligroso para ejercer el periodismo independie­nte. El Presidente reaccionó a los reportajes sobre Regina, anunciando en la mañanera, que buscaría la forma de reabrir la investigac­ión. Segurament­e pensaba en la Fiscalía General de la República. Es necesario, por supuesto, desmontar la verdad jurídica armada por el Gobierno veracruzan­o y secundada por la Federación.

La muerte de Regina Martínez da para mucho más. Fue una periodista incorrupti­ble y profesiona­l y esclarecer su historia permitiría identifica­r y cercenar una arteria alimentand­o la violencia. Podríamos entender la complejida­d de la operación urdida por los gobiernos de Veracruz para silenciar a la prensa independie­nte. Reconstrui­r esa ofensiva gubernamen­tal es un requisito indispensa­ble para fertilizar el renacimien­to del periodismo crítico en aquella entidad.

El Presidente es muy dado a descalific­ar periodista­s y se justifica invocando su libertad de expresión. Le falta poner una energía similar a la protección de los periodista­s independie­ntes, que siguen siendo silenciado­s por señalar una amenaza a la seguridad nacional. Regina Martínez le ofrece la oportunida­d.

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SERGIO AGUAYO

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