Falta estrategia contra el narco
La queja es señalada en un informe elaborado por Estados Unidos
CDMX.- Pese a expresar el compromiso de reducir el crimen y la violencia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador carece de un plan para sofocar la producción y tráfico de estupefacientes.
La queja se desprende del documento en el que está basado el informe elaborado por Estados Unidos en su calidad de presidente regional del Grupo Dublín para México y Centroamérica. El documento del Grupo Dublín es clasificado y fue examinado durante una videoconferencia informal convocada por el Consejo de la Unión Europea (UE) el pasado 7 de diciembre.
En el encuentro, habría participado Angela Me, de la Unidad de Análisis de Tendencias de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, oficiales de Europol y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, así como representantes de los gobiernos de Japón, Francia, Italia, España y Alemania, este último como titular de la presidencia semestral de la UE.
La información, a través de fuentes de EU, sostiene que a su llegada a la Presidencia, el 1 de diciembre de 2018, el mandatario mexicano manifestó el compromiso por reducir la violencia y la delincuencia.
Indica que creó una nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una Guardia Nacional y aumentó en 7 por ciento el presupuesto federal para seguridad nacional en 2020, en comparación con el año previo.
Sin embargo, “México carece de toda una estrategia gubernamental de control de drogas con metas para reducir la producción y el tráfico de drogas. Las investigaciones efectivas y la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio siguen siendo irregulares, mientras que la mayoría de los delitos no se denuncian”. Afirma que López Obrador ha emprendido acciones legislativas y políticas específicas para combatir la “corrupción endémica en México”.
“No obstante, la corrupción sigue obstaculizando significativamente los esfuerzos de México en materia de control de drogas”.
El Grupo Dublín fue creado en 1990 por la UE, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Noruega, y se reúne dos veces por año bajo coordinación del máximo órgano comunitario, el Consejo Europeo, para analizar la problemática de las drogas desde una perspectiva regional.