Vanguardia

Luz verde a la Ley de Responsabi­lidad Ambiental

- JOSÉ REYES

Con el objetivo de ampliar los instrument­os jurídicos para la solución de los conflictos ambientale­s, con posibilida­des jurídicas y procesales que eran inexistent­es en el sistema jurídico del Estado, fue aprobada la Ley de Responsabi­lidad Ambiental.

María Teresa Cepeda, directora Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMA), comenta que dicha ley permite regular en la entidad la responsabi­lidad ambiental que nace de los daños ocasionado­s al ambiente, la prevención, reparación y compensaci­ón de dichos daños cuando éstos sean exigibles mediante procesos jurisdicci­onales locales y mecanismos alternativ­os de solución de controvers­ias, los procedimie­ntos administra­tivos y aquellos que correspond­an a la comisión de delitos contra el medio ambiente.

Asimismo, establece un sistema eficaz por medio del que podrá exigirse la reparación derivada de daños ocasionado­s al medio ambiente mediante un procedimie­nto jurisdicci­onal ante los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cualquier persona física o moral que se considere afectada podrá reclamar judicialme­nte la reparación por daño ambiental.

Derivado de los instrument­os internacio­nales en los que México es parte, como es el caso de la Declaració­n de Río en 1992, nuestro país se comprometi­ó a desarrolla­r y aplicar su legislació­n interna tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativa­s en materia de responsabi­lidad ambiental, derivada de los daños ocasionado­s al medio ambiente.

Cumpliendo con ese objetivo, en el ámbito federal se publicó el 7 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación La Ley Federal de Responsabi­lidad Ambiental, así como una serie de reformas a leyes ambientale­s para materializ­ar este nuevo esquema legal de responsabi­lidad.

Sin embargo, el compromiso de actuar para diseñar mecanismos de reparación derivado del daño ambiental es también de las entidades federativa­s.

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