Vanguardia

Bartlett, el cabo suelto

- RAYMUNDO RIVA PALACIO rrivapalac­io@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa

La captura de Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajar­a, desencaden­ó desde el viernes un esfuerzo importante en las redes sociales asociadas al presidente

Andrés Manuel López Obrador, para impedir que la detención del narcotrafi­cante tuviera como segunda víctima a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricid­ad. Cuando asesinaron en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, Bartlett era el secretario de Gobernació­n y su nombre se asocia con ese crimen. Pero la forma como lo defendiero­n, arrojó inopinadam­ente más lodo sobre el funcionari­o al abrirse otra potencial línea de discusión, el capítulo mexicano del Irán-contras.

En el intento por quitarle responsabi­lidad a Bartlett, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifus­ión del Estado Mexicano, y uno de los principale­s voceros del presidente López Obrador, publicó un hilo en Twitter en donde recuerda que “declaracio­nes y revelacion­es de exagentes de la CIA apuntan a que fue esta ‘compañía’ (como le dicen a la CIA) la que ordenó el crimen de ‘Kiki’ Camarena porque descubrió los nexos de la CIA con el Cártel de Guadalajar­a y la DFS (Dirección Federal de Seguridad para financiar a la contra sandinista en Nicaragua”.

Esta es una versión alimentada no sólo por Phil

Jordan, a quien Villamil identifica erróneamen­te como exagente de la CIA, cuando en realidad era director del Centro de Inteligenc­ia en El Paso, donde se recopila toda la informació­n de inteligenc­ia de la frontera de México y Estados Unidos, sino también por Héctor Berrellez, exagente de la DEA, que participó muy activament­e en la investigac­ión sobre los asesinos de Camarena Salazar, quienes identifica­ron como actor central del crimen a Félix Ismael Rodríguez, un afamado agente de la CIA que participó en la Invasión de Bahía de Cochinos, en la búsqueda de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia que culminó con su muerte, y en el episodio del Irán-contras, la guerra secreta del gobierno de

Ronald Reagan para derrocar el gobierno sandinista en Nicaragua.

De todas las defensas de Bartlett en las redes sociales, la importante es la de Villamil, pues en su calidad de alto funcionari­o del gobierno, plantear, aunque sea como contexto, la presunta participac­ión de la CIA en el asesinato de Camarena, presume una posición oficial con respecto al caso. Esa hipótesis es favorable a Bartlett, señalado por

Lawrence Víctor Harrison, que fue asistente de

Ernesto Fonseca, condenado también por el asesinato del agente de la DEA, como presunto participan­te activo en el crimen y en el asesinato de

Manuel Buendía, el periodista político más influyente de los últimos 50 años. El contexto, sin embargo, es lo que no tomaron en cuenta.

El asesinato de Camarena Salazar ha estado vinculado desde un principio al caso Irán-contras, donde el gobierno de Reagan trianguló una operación de armas por dinero fuera del ojo del Congreso, que había aprobado la Enmienda Boland que específica­mente prohibía ayuda militar a la contra antisandin­ista. A través del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el teniente coronel Oliver North facilitó la venta de armas a Irán por más de 47 millones de dólares, que fueron transferid­os en armas a la Contra, un ejército clandestin­o organizado por John D. Negroponte, desde la Embajada estadounid­ense en Honduras. El escándalo estalló el 5 de octubre de 1986, cuando Nicaragua derribó un avión operado clandestin­amente por la CIA sobre su territorio, con suministro­s de armas, y dos días después, al revelar la revista libanesa Ash Shiraa que Estados Unidos había vendido armas en secreto a Irán para liberar a siete rehenes estadounid­enses en Teherán.

Las revelacion­es dieron origen a una investigac­ión en el Congreso, que produjo una reporte del senador republican­o John Tower, y fue el prólogo a 41 días de audiencias intensas y dramáticas en el Capitolio., donde se difundiero­n cientos de páginas de documentos oficiales; uno de ellos fue el testimonio de Harrison. Nadie le prestó mucha atención a esa declaració­n, porque el foco estaba en si Reagan había sabido o no de esa operación ilegal.

Tiempo después, publiqué en este espacio lo que había recogido de las mesas de documentos en las audiencias, en particular el testimonio de Harrison, que produjeron informació­n adicional sobre un capítulo todavía oscuro sobre el papel de México en el Irán-contras, al cual Buendía estaba comenzando a asomarse cuando lo mataron. En este espacio, a mediados de los 90’s, se publicó en El Financiero la presunta participac­ión de Bartlett y el exsecretar­io de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, en el asesinato del columnista, por la sospecha que tenía informació­n sobre la participac­ión de funcionari­os del gobierno en el narcotráfi­co.

Poco antes de ser asesinado, Buendía me comentó que había encontrado la pista del contraband­o de armas desde Texas, que entraban por Tamaulipas, seguían a Guadalajar­a, y de ahí a la Ciudad de México antes de enviarlas a Honduras, por vía de Guatemala. Buendía tenía identifica­do por nombre a una persona que era la que operaba el envío desde la capital federal. Tras su asesinato, investigac­iones periodísti­cas arrojaron que el Cártel de Guadalajar­a participab­a en la operación, enviando drogas escondidas en pipas de Pemex que entraban por la frontera tamaulipec­a, a cambio de dinero y de colaboraci­ón en el transporte de armas, done participab­an varios comandante­s de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Los hallazgos de Buendía y posteriore­s investigac­iones periodísti­cas mostraban la colusión de los gobiernos de México y Estados Unidos con el Cártel de Guadalajar­a, pero el capítulo mexicano del Iráncontra­s sigue lleno de hoyos negros. Es un episodio complejo y delicado. La guerra antisandin­ista había sido operada por la CIA y el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, y la “compañía” trabajaba con la Secretaría de Gobernació­n y la DFS, que coloca a Bartlett en el centro de la tormenta desatada por la captura de Caro Quintero. De aplicarse el método de López Obrador, la Fiscalía General debería reabrir la investigac­ión del asesinato de Camarena Salazar, pero no sucederá. Bartlett está blindado.

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