MOREIRA BIS
Humberto Moreira tiene gustos caros. En 2016 el exgobernador de Coahuila me demandó porque supuestamente yo había dañado su honor. El litigio concluyó este año con un fallo a mi favor por unanimidad de la Primera Sala de la Suprema Corte. Poco antes, Moreira interpuso una segunda demanda por daño moral.
Ahora me exige reparaciones por el libro “Reconquistando” La Laguna, del cual soy coautor (un detalle revelador del encono que me tiene es que no demandó a los otros dos coautores) y por el podcast de Reforma “Del hedor corrupto” conducido por Alfredo Lecona y Paulina Chavira (tampoco los demanda). Durante los seis años de litigios, el expresidente del PRI nunca ha escrito columnas o libros, ni convocado a conferencias de prensa para responder a sus críticos. Lo suyo ha sido demandar periodistas para hacerlos gastar tiempo, dinero y energía; mientras confía en que un fallo jurídico a su favor restañará su maltratada imagen pública, como si quienes juzgan fueran magos y hadas de varita mágica.
Es una estrategia débil por la fragilidad de sus alegatos. En las acusaciones incluidas en la segunda demanda destaca su afirmación de que yo señalo que durante su gobierno él alentó “grupos criminales”. Falso. En los tres libros que escribí sobre Coahuila me centré en explicar la lógica de la violencia criminal y la reacción de gobernantes y sociedad. Sobre la presunta complicidad de Moreira y los Zeta solo afirmo que “esas versiones jamás han sido corroboradas o negadas por los gobiernos de Coahuila o la federación”.
El fin de semana revisé la estrategia con los abogados de Propuesta Cívica, una organización que presido y que se encargará de mi defensa. Sara Mendiola y Víctor Martínez son jóvenes curtidos en la defensa gratuita de periodistas y defensores de derechos humanos por todo el país. Coincidimos en ubicar las demandas de Moreira en la epidemia de litigios contra periodistas cuya prosa y preguntas incomodan a los poderosos que reaccionan pagando a bufetes con la capacidad de encontrar jueces complacientes. Durante la primera demanda constaté las consecuencias de la hostilidad de un juez y un magistrado. Contra este último todavía está en curso una queja ante el Consejo de la Judicatura capitalina.
En esta ocasión el Juzgado 54 de lo civil de la Cdmx ha lanzado señales contradictorias. Agradezco a la jueza haberme librado del suplicio de los cuestionarios interminables de unos tests psicológicos que duran 20 horas y cuestan una fortuna (en el primer juicio tuve que hacerlo). Sin embargo, me desconcertó que la semana pasada rechazara mi petición de posponer unos días la audiencia en la cual debía responder las 110 preguntas elaboradas por Moreira y sus abogados. Estaba afectado por una severa hemorragia nasal y el médico-militar Ramón Pardo me había taponado y ordenado reposar durante seis días. La jueza rechazó el certificado médico y me declaró confeso.
Ignoro el desenlace de Moreira bis, pero mis abogados y yo planificamos bajo el supuesto de que los jueces locales nos apalearán y los federales nos protegerán pues no existe daño moral o abuso en la investigación; tampoco hay información falsa o inexacta. Dedicaremos nuestra energía a explorar una hipótesis de trabajo: en los litigios contra periodistas independientes, el poder judicial capitalino favorece a quienes demandan. Será igualmente importante revisar hasta qué punto los gobiernos capitalinos han intentado documentar o corregir la presunta parcialidad judicial.
Si la demostramos, llevaremos esa evidencia a dependencias del Ejecutivo y el Legislativo para urgirlos a corregir las leyes que permiten la proliferación de demandas frívolas o extravagantes que buscan hostigar o silenciar las voces críticas. Es urgente que se incorpore este ángulo en la Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa que están impulsando desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.
En suma, mientras evoluciona Moreira bis, utilizaré el caso para fundamentar la necesidad de corregir los usos y costumbres que lastran al poder judicial de la Cdmx. Es absurda la indiferencia de la izquierda que gobierna la capital hacia la ligereza con la cual los jueces de primera instancia aceptan demandas con escaso sustento fáctico y exigencias económicas extravagantes.