ICAI: ¿garantiza o no el derecho a la información?
Los órganos independientes surgieron en nuestro país como una respuesta a insatisfacciones ciudadanas generalizadas y concretas: las instituciones gubernamentales no estaban garantizando el ejercicio pleno de algunos derechos específicos de los ciudadanos.
No había un problema de normas, sino de eso que se suele llamar “voluntad política” pues cuando esta existe ni siquiera hace falta que una ley específica obligue a la realización de tal o cual acción para que la misma se lleve a cabo. Y justo eso es lo que ocurría con la opacidad gubernamental. No era indispensable que existiera una ley –y menos un órgano garante– para que los ciudadanos obtuviéramos respuestas respecto de la forma en la cual se ejercía el gasto público, o la ruta seguida para tomar decisiones.
Sin embargo, como la vocación existente no era la transparencia, decidimos crear una ley y una institución responsable de hacerla cumplir. Así nació el hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los órganos estatales como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).
Recordar la ruta de cómo y por qué surgieron estos órganos es importante por una razón central: el extravío de su vocación constituye un agravio múltiple para la sociedad mexicana.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que durante los últimos dos años el ICAI no ha sancionado a ningún ente obligado por incumplir su obligación de proporcionar la información que los ciudadanos le han solicitado.
De acuerdo con datos del propio Instituto, entre 2021 y lo que va de este año suman más de 500 casos –sobre todo de gobiernos municipales– en los cuales se han ignorado los dictámenes emitidos por el órgano en el sentido de entregar información previamente negada.
¿Por qué los sujetos obligados pueden darse el lujo de ignorar las órdenes –porque de eso se trata: de órdenes– que les remite el ICAI para que respondan a las solicitudes ciudadanas? La respuesta, por desgracia, es bastante simple: porque quienes tienen la obligación legal de responder saben que no pasará absolutamente nada si dejan de hacerlo, pues el órgano teóricamente creado para garantizar el derecho a la información ha perdido su vocación original.
Se trata de una situación de la mayor gravedad porque vacía de contenido la intención con la cual se crearon dichos órganos y se les dotó de autonomía e independencia. La idea era justamente que el poder para obligar a responder no estuviera en ninguno de los tres poderes tradicionales para que el derecho a saber se viera realmente satisfecho.
De espaldas a la idea original, pareciera que quienes hoy tienen en Coahuila el deber de asegurar que la opacidad se vaya diluyendo han decidido colocarse en el lado opuesto de la calle. Es una realidad que no podemos permitir ni tolerar, sino que debe denunciarse y exigir que cambie.
El ICAI nació para garantizar el derecho de los ciudadanos a saber. Si deja de cumplir con esa obligación desaparece también la razón que da sentido a su existencia