¿La última Navidad?

Cada año y durante algunos días, desde hace más o menos un lustro, la decoración de Halloween/día de Muertos coexiste en el centro comercial con la parafernalia navideña.

Según mis cálculos, para el año 2049 las tres celebraciones se habrán fusionado en una sola fiesta genérica cuyo significado será imposible de precisar:

—¿Qué celebramos en estas fechas, mamá? —El nacimiento de nuestro Salvador: La Gran Calabaza, que al morir nos llevará a todos a vivir al mágico reino de Pixar con Mamá Coco.

La temporada es de lo más intoxicante. Desde luego, el comercio lo que intenta es persuadirnos de que dejemos nuestros canales emocionales bloqueados (como sabiamente aconseja la ciencia) y que expresemos mejor nuestros sentimientos comprando cualquier baratija genérica para el ser amado.

Pero no basta con participar en las fiestas. Hay que hacer alarde de ello y recargar la fealdad de nuestros entornos urbanos con una profusión ornamental que ofendería al gusto más chabacano (me gustaría decir naco, pero lo último que necesito justo ahora es una amonestación de la Conapred).

El mal gusto con que aturdimos nuestros sentidos cada fin de año, alcanzó para nosotros su máxima expresión en el año 2016, durante la administración del rufián y mago de las finanzas de lo paranormal, Rubén Moreira, cuando la cuenta oficial de Twitter del Gobierno del Estado subió a dicha red, como imagen de perfil, el escudo de nuestra Entidad (Coahuila de Zaragoza) rematado con un gorrito de Santa Claus y un pinito navideño al fondo.

No sólo daban ganas de sacarse los ojos por lo ramplón y ofensivo de la imagen, sino que, de acuerdo con la Ley, tal mamarrachada violaba nuestra Constitución. A las pocas horas de mi queja en redes, el adefesio fue removido.

Un atavismo nos hace ver estos detalles como muy normales: Que una administración pública, un gobierno municipal o estatal, la Presidencia misma, los congresos, las distintas dependencias ornamenten sus espacios (espacios públicos y por ende eminentemente ciudadanos) con toda la utilería de la época decembrina.

Algunos lo suponen un gasto insignificante comparado con otras áreas de un presupuesto dado. Pero el ejercicio más somero nos obliga a considerar y sumar: La adquisición de las piezas ornamentales; su colocación y retiro; su mantenimiento, almacenamiento y la energía que consumen, y finalmente a multiplicar este gasto por prácticamente cada municipio y cada dependencia del País.

No tengo manera de realizar este cálculo, pero tampoco tengo dudas de que el resultado nos sorprendería y no de una grata manera. Y todo lo anterior suponiendo que la las compras y adjudicaciones concernientes hubiesen sido legales y transparentes y no motivo de otras sospechosas caricias al erario.

Como capital del Estado, Saltiyorkshire luce, además de la ornamentación municipal en sus principales avenidas, los motivos que el Gobierno Estatal coloca alrededor de su sede, lo que incluye un pino monumental y otros elementos alusivos a las bacanales decembrinas.

Barato no es, pero todavía hay que agregarle el cocacolero desfile que desquicia nuestras calles para deleite y sufrimiento de chicos y grandes. Una caravana de luces y personajes fantásticos que se adjudica de forma directa sin que a nadie se le consulte sobre la relevancia de efectuar este gasto.

Pero justo ahora, mientras esto escribo, se está desarrollando una importante batalla civil que podría cambiar esta situación para siempre (y de hecho lo hará eventualmente).

Acaba de anunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pospondrá el recurso de amparo interpuesto por la Asociación Civil Kanan, presidida por el activista Miguel Fernando Anguas Rosado, en contra del municipio de Chocholá, en Yucatán, para impedir la colocación de nacimientos y otros elementos alusivos al “natalicio de Cristo”, en oficinas y espacios gubernamentales y con recursos públicos, por violar la laicidad del Estado Mexicano.

Y aunque el recurso viene promovido de un municipio del que probablemente jamás hemos escuchado hablar, al ser resuelto favorablemente por la SCJN, sería sólo cuestión de tiempo para que se sentara jurisprudencia y ninguna entidad gubernamental de ningún nivel pueda ya colocar iconografía o símbolos religiosos, lo que supondría un gran avance en materia de legalidad y derechos humanos, pues promover una religión en particular por encima de otras creencias o “descreencias” como es el caso de la comunidad atea, es a todas luces una desigualdad en apariencia inocua pero en el fondo grave.

No se va a prohibir la Navidad ni el sacrosanto derecho de cada individuo a ponerse hasta el zoquete como obligan las fechas, ni se va a impedir que cada ciudadano o familia celebre como mejor le plazca (de preferencia discutiendo iracundamente a la mesa porque el pavo está seco). Así lo han querido distorsionar algunos retrógradas muy cortos de entendimiento, pero nada más lejos de la realidad.

Sólo se busca que nuestros gobiernos y dependencias, el Estado Mexicano en su conjunto, sean realmente para todos y representen todas las creencias e ideologías, lo que es imposible o difícilmente creíble si cada año se nos restriega –con cargo al erario– y durante casi dos meses, el lastre cristiano-católico que venimos cargando desde hace siglos y que no tiene cabida ya en las instituciones del siglo 21.

No obstante cuatro de cinco magistrados ya fallaron favorablemente para este amparo, el fallo definitivo fue pospuesto, esperemos que por la agenda de la Corte y no para hacer politiquería con el asunto, pues el actual Gobierno federal, tan dado al populismo, es proclive a los guiños y pronunciamientos religiosos.

¿Es este el fin de la Navidad como la conocemos? ¿Estamos asesinando el espíritu de las fiestas? ¿Vamos a abortar a Baby Yisus?

¡Para nada! Los comercios, como ya le dije, nos tienen garantizada la horrenda estridencia navideña de cada año y cada vez desde fechas más tempranas.

Pero sin duda que alzaré mi copa y brindaré por don Benito, por el estado laico, por Carl Sagan, por toda la gente que promovió este amparo y hasta por la SCJN, en el momento en que en México deje de celebrarse la Navidad a costa de los siempre precarios y despilfarrados recursos públicos.