Plantas potabilizadoras, elefantes blancos de la Conagua
CON LA PROMESA DE FILTRAR EL ARSÉNICO DEL AGUA EXTRAÍDA DEL SUBSUELO, CONTRATA LA CONSTRUCCIÓN DE 34 PLANTAS POTABILIZADORAS. EL PROYECTO FRACASÓ, CRITICAN
2En el transcurso de los 15 años recientes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinó más de 370 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de plantas potabilizadoras para remover el arsénico en los municipios de La Laguna, un proyecto que terminó “oxidado” como muchos de los filtros que fueron construidos. Con ello, la autoridad federal que administra el agua “tiró” el equivalente al presupuesto que requieren los sistemas operadores de Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero para llevar agua a los habitantes de sus respectivos municipios durante dos años y medio, ya que el presupuesto anual de los tres organismos suma los 143.3 millones de pesos. Actualmente, el 70.83% del agua entregada al sector público urbano de La Laguna rebasa el Límite Permitido de concentración de arsénico de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, según el Análisis Costo Eficiencia del Proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, realizado por la misma Conagua en 2020. El arsénico ha sido clasificado por la Organización Mundial de Salud (OMS) como una de las 10 sustancias químicas más preocupantes para la salud pública porque provoca alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que avanzan progresivamente hasta el cáncer. Y en la Laguna se han documentado casos de personas afectadas. Los primeros estudios epidemiológicos fueron realizados en las décadas de los 70 y 80, concluyendo que estos se debían principalmente al consumo de agua con altos contenidos de arsénico. El doctor Javier García Salcedo documentó decenas de casos de “pie Negro” en los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero desde 1973. Esto es un problema histórico en la región. La causa es la sistemática sobreexplotación del subsuelo con la extracción de agua de la actividad agropecuaria. La respuesta del Gobierno federal, por medio de la Conagua, fue invertir más de 300 millones de pesos en estas plantas potabilizadoras que resultaron inútiles para los organismos locales de agua por los altos costos de operación.
LA PROMESA; LA HISTORIA
De acuerdo con la Conagua, durante 2009 y 2010, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) llevó a cabo el proyecto denominado “Evaluación técnico–económica de cinco tecnologías para remoción de arsénico”, en el cual desarrolló el estudio comparativo de cinco tecnologías y donde se determinó que la opción más factible de implementar en la región era la de “Coagulación convencional”, y es en las que se basaron las plantas potabilizadoras de La Laguna.
“La implementación de las plantas potabilizadoras en la ciudad de Torreón permitiría dar agua libre de arsénico a alrededor de 59,000 personas”, informó el IMTA en 2011 de acuerdo con su informe anual. Bajo ese aval se comenzaron a destinar recursos para la construcción de plantas potabilizadoras no solo en Torreón sino en toda la Laguna, como parte del programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. De las 52 plantas, el 65 por ciento, es decir, 34 de ellas, serían construidas y ejecutadas por la Conagua, el resto por el Gobierno de Coahuila, el Gobierno de Durango o el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, según una respuesta de la autoridad del agua a una solicitud de información. De las 34 plantas ejecutadas por la Conagua, oficialmente quedaron inconclusas 14, lo que equivale al 41%. Sin embargo, de las restantes 20, al menos 16 nunca operaron, según confirmaron los gerentes de los sistemas operadores de agua de Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros, así como con recorridos hechos por Semanario. Por ejemplo, en el pozo 79 del fraccionamiento Lagos de Torreón, obra concluida según la Conagua, los filtros se encuentran oxidados y en desuso. Lo mismo sucede con los cinco filtros construidos en los pozos Virginias, Almacén, San Esteban, Isabeles y Alamito de Francisco I. Madero. “No están en uso, hay unas que sí, pero no en la forma que deben de ser. No se tomó en cuenta que lo que más afecta es la luz, que iba a aumentar muchísimo la luz. La otra es la eficacia; son filtros enormes. Si mi pozo extrae 60 litros por segundo, lo paso por los filtros, y al final me salen 30. Baja mucho la producción”, argumenta Luis Daniel Gamiz Ortega, gerente del Simas de Francisco I. Madero. En el municipio de Matamoros se concluyó la planta del pozo 7 a decir de la Conagua, pero cuatro más quedaron inconclusas. Servando Zárate Muñoz, gerente general de Simas Matamoros, señala que sólo quedó la infraestructura y ya no sirven. “Nunca sirvieron, ahí quedaron los filtros grandes para el arsénico”, menciona. En el municipio de San Pedro se terminó la planta potabilizadora en el pozo Leal y el pozo Jaboncillo. Pero los filtros nunca operaron, asegura Jorge Dorantes Dávila, gerente del Simas San Pedro. Otros tres filtros nunca concluyeron e inclusive se construyó uno donde el pozo ya fue agotado.
SON ALTOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN PARA MUNICIPIOS, RECONOCE CONAGUA
Semanario solicitó entrevista con el director del organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Eduardo Fuentes, y su departamento de Comunicación envió las respuestas del director por escrito. En el documento, el representante de Conagua responsabiliza a los organismos operadores de agua de que las plantas no operen y refiere que una de las razones son los costos de operación que se estiman del orden del $1.00 por metro cúbico adicionalmente en gastos de energía eléctrica y reactivos químicos para la potabilización como son cloruro férrico y el hipoclorito de sodio. Lo anterior refleja la falta de previsiones y planeaciones para el gasto de más de 300 millones de pesos, y para Miguel Hernández Muñiz, director General del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), no es justificable porque en derecho hay un principio que dice: “no puedes utilizar en tu beneficio tu propia torpeza”. Para Hernández Muñiz nunca se va a justificar la falta de recursos, sino lo que se debe de hacer es redireccionar y hacer una planeación estratégica de recursos, una planeación que no existió, a decir de Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) y experto en temas de administración pública. Fue un programa condenado a que no funcionara, critica Hernández Muñiz, pues todos los sistemas operadores de agua de La Laguna presentan números rojos y no pueden soportar más gastos. Filtros como los del Cerro de Pila o en el Campestre de Gómez Palacio, están encerrados en terrenos, puertas con candados, sin trabajadores y, sobre todo, sin que los filtros estén conectados.
LOS BENEFICIOS NO LLEGARON… NI LAS RESPONSABILIDADES
“El beneficio nunca se vio”, comenta Miguel Hernández Muñiz y dice que de entrada el proyecto fue un fracaso, por lo que se tendría que hablar de responsabilidades administrativas, para después desprender delitos de carácter penal. El director del CIADH dice que las cosas no deben quedar en el olvido y tiene que haber responsables. Considera que al final del día la Conagua es el ente que debe garantizar a través de sus programas la calidad en el suministro de agua. “Debió haberse cerciorado que los filtros, al tener recursos públicos federales, debieran haber entrado en funcionamiento”, comenta. Miguel Ángel Ordaz explica que todo compromiso y obra debe ser en función de documentos, compromisos firmados, convenios. Semanario solicitó a los operadores de agua municipales y a la Conagua los convenios o compromisos para la construcción de las plantas potabilizadoras, pero los sistemas de agua locales respondieron que no contaban con ellos. Sin embargo, la Conagua sí respaldó la existencia de dichos documentos. En 2014 se firmó el Convenio de Coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Conagua y el Estado de Coahuila para impulsar las obras. El convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 consigna el compromiso de ejecución de 29 filtros para la Laguna de Coahuila. Antes, el 6 de agosto de 2013, se firmó el Convenio de Coordinación con el estado de Durango y se publicó en el Diario Oficial el 26 de septiembre de 2013, donde se estableció el compromiso de echar a andar 21 filtros a pie de pozo. El sistema de aguas de Torreón entregó un oficio de la Conagua firmado por el entonces director del organismo de Cuencas Centrales, Celso Castro Sánchez enviado al gerente de saneamiento de Torreón, donde a partir de una solicitud de validación de los expedientes técnicos de las obras y acciones tendientes a afrontar la problemática de hidroarsenicismo, se entregaron únicamente las validaciones de expedientes técnicos. “¿Quién fungió como autoridad para la firma de compromisos?”, cuestiona el catedrático Ordaz. En el caso del convenio con el Gobierno de Coahuila, el entonces mandatario estatal era Rubén Moreira, actual diputado federal. En el caso de Durango, el Gobernador era Jorge Herrera. El titular de la Conagua era David Korenfeld, quien meses después de la firma de convenios salió de la dependencia en medio de un escándalo por el uso de un helicóptero de la Comisión para temas personales. Ordaz critica que sea tan fácil para la Conagua desentenderse, cuando debió existir un plan de seguimiento porque el dinero “no se va a dejar así a la palabra”.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
De los 378 millones de pesos en contratos que formalizó la Conagua, 3 de cada 10 pesos (más de 100 millones) fueron únicamente para la empresa Ozone Ecological Equipments (4 contratos), una empresa que tiene su sede en la Ciudad de México. Por medio de licitación, a esta empresa le fueron asignados cuatro contratos de forma individual por más de 100 millones de pesos y uno más en conjunto con la empresa Osto Diseño Ingeniería, originaria de Durango. Según la relación de Conagua, dos plantas potabilizadoras más a cargo de la empresa Ozone Ecological Equipments, una en Matamoros y otra en Torreón, quedaron inconclusas. Semanario se comunicó a los teléfonos de las oficinas en Ciudad de México para solicitar una entrevista, pero hasta el cierre de edición no se había recibido respuesta. En segundo lugar, con cuatro contratos y 69 millones adjudicados, estuvo Armando Ivanhoe Moreno López. Esta persona no pudo ser localizada para tener su postura sobre la construcción de las obras.
Nunca sirvieron, ahí quedaron los filtros grandes para el arsénico”. Servando Zárate Muñoz Gerente general de Simas Matamoros
Obtuvo el contrato CGPEASOCCCN-DGO-16-081-FI-LP para la construcción de dos plantas potabilizadoras en los pozos 1 y 7 de Gómez Palacio de casi 15 millones de pesos, se omitió testar el domicilio que dijo tener Moreno López en 2016. Semanario acudió a la dirección citada, una casa en un fraccionamiento popular de Gómez Palacio, donde no fue hallado el contratista. El nombre de Armando Ivanhoe Moreno López aparece en un documento del Ayuntamiento de Gómez Palacio como beneficiario de una ayuda social por 7 mil 976 pesos. En total fueron 12 empresas a las que se les asignaron las 34 plantas formalizadas por la Conagua. De éstas, cuatro son de Torreón según las actas constitutivas, una de Durango, una de Gómez Palacio, tres de la Ciudad de México, una de Jalisco y una de Toluca. Sin embargo, hay casos como la empresa Cimientos y Construcciones Mexicanas que además del contrato con la Conagua para la construcción de dos plantas, tiene registro de otros tres contratos para la construcción de más plantas potabilizadoras, aunque los contratos y ejecuciones de los trabajos estuvieron a cargo del Gobierno de Coahuila. El académico Miguel Ángel Ordaz dice que la Conagua tiene un Órgano Interno de Control, cuya función es la fiscalización, por lo que debió ser la instancia que tuvo que asegurarse que se materializaran los contratos, pues los gobiernos deben documentar que la obra esté terminada para haberse liquidado. Sin embargo, a pesar de que estos 22 contratos fueron formalizados por la Conagua, en la mayoría se establece que el pago será efectuado por el Gobierno de Durango a través del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, y por el Gobierno de Coahuila a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). “Me preocuparía si la Conagua pagó el total de la obra y nunca fue terminada. Esto qué indica, que hay un proceso de corrupción, pues alguien autorizó un pago para una obra que no terminó y que en consecuencia no fue entregada”, expone Miguel Hernández Muñiz.
Me preocuparía si la Conagua pagó el total de la obra y nunca fue terminada”. Miguel Hernández Muñiz Director del CIADH
¿SIN RASTROS DE FACTURAS?
Respecto a los pagos realizados, nadie tiene las facturas y todos se echan la pelota. Se solicitaron las facturas a la Conagua, pero dijo que era responsabilidad de los gobiernos estatales, a pesar de que contratos como el CGPEASOCCCN-COAH-17-011-RF-13 con el contratista CED Ingeniería era responsabilidad de la Comisión, según el contrato en posesión de Semanario. Se requirieron al CEAS las copias de las facturas y recomendó hacerle la solicitud a la Conagua, y argumentó que algunos contratos se encontraban “en procesos administrativos y legales para el cierre definitivo de los mismos, a efecto de no alterar algún proceso administrativo o legal que se encuentre en proceso por parte de la Conagua”. De los 22 contratos de la Conagua, 10 contratos fueron oficialmente concluidos, de acuerdo con las actas administrativas de la entrega-recepción de la obra física entre la Conagua y los contratistas. En un contrato de 2016, la Conagua respondió que la obra está terminada y se encuentra en la etapa de entregarecepción con el contratista; mientras que en el resto de los contratos no hay actas de entrega de las obras porque el contrato se encuentra en un “procedimiento de terminación anticipada que no ha concluido” o se encuentra en un “procedimiento de inicio de rescisión administrativa”, según respuestas de la Conagua a varias solicitudes de información. Para el especialista Hernández Muñiz, en los años venideros debió haberse desarrollado una investigación del Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades administrativas y, en dado caso, hacer válidas las fianzas de los contratistas. Sin embargo, la única observación hasta el momento del Órgano Interno de Control fue realizada a los recursos federales que fueron entregados a través de 38 transferencias a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila y al Gobierno estatal, donde en una auditoría a los recursos del PROAGUA 2017, se señalaron observaciones respecto de la falta de reintegro de 60.6 millones de pesos que no fueron ejercidos por el Gobierno de Coahuila para la construcción de las plantas. Recurso que, según el director de la Conagua, Eduardo Fuentes, está siendo reintegrado en pagos parciales. Los 60.6 millones representan el 18 por ciento de los recursos que fueron transferidos de la federación al Gobierno de Coahuila (337.9 millones), a pesar de que casi todas las obras no funcionaron. Al Gobierno de Durango se le transfirieron 40.7 millones de pesos. Sobre las plantas a cargo de la autoridad del agua que quedaron inconclusas, Fuentes justifica que fue por “distintos problemas contractuales y de falta de recursos”. Sin embargo, en un proceso de contratación de obra pública el contratista debe aportar una fianza. Según respuesta a la solicitud 330009422002742, la Conagua respondió que no tiene garantías que se hayan hecho efectivas en el caso de las plantas potabilizadoras. “¿Por qué no se han hecho válidas las fianzas para cumplir y terminar las obras? Eso se llama omisión y ahí sí hay una responsabilidad y recae sobre los servidores públicos que debieron ejecutarlo”, comenta Miguel Hernández Muñiz.