¿Con qué derecho, Presidente?
Por supuesto que no espero respuesta del destinatario de esta pregunta. Habrá quienes se ocupen de darla, acumulando reproches e invectivas. Cuando mi artículo aparezca, merced a la generosa hospitalidad de este diario, probablemente no estaré en la Ciudad de México y no podré considerar las novedades que ocurran en la extraña interlocución que se desarrolla entre el caudillo y los ciudadanos de la República.
Creo que no habrá novedades por parte del gobernante, que se limitará a reiterar hechos y dichos a los que estamos acostumbrados. Pero sí hubo novedad —y espero que la siga habiendo, sostenida con valor y firmeza— en lo que atañe a los ciudadanos congregados en la “sociedad civil”. En esta alumbraron el ánimo y la voluntad manifestados en la marcha del 13 de noviembre, un hito en nuestra historia política.
Cuando pregunto: “¿Con qué derecho, Presidente?”, me refiero al derecho que pudiera autoatribuirse para insistir, con voz cada vez más alta y hostil, en las injurias que ha formulado contra quienes sostienen puntos de vista diferentes de los suyos. Estos ya forman una suerte de doctrina política que el gobernante quiere imponer al pueblo. En el acervo de las calificaciones que abundan en el discurso presidencial ya no se hallan solamente las acuñadas hace tres años: fifís, adversarios, conservadores. La relación se ha “enriquecido” con altisonancias graves e inaceptables: traidores a la Patria, hipócritas, cretinos, clasistas, racistas, entre otras. Así se llama a millones de mexicanos.
Se supone que los servidores públicos, depositarios de potestades concedidas por el pueblo, han de respetar y garantizar los derechos y las libertades previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esta conducta respetuosa y garantista debe ser practicada ante todo por el funcionario de más elevado rango, modelo de conducta para quienes lo siguen u obedecen. Pero eso no ha ocurrido. Por el contrario, su ira se ha volcado con creciente fuerza contra un número igualmente creciente de ciudadanos que ejercen los derechos y libertades que les reconoce la Constitución. De ahí mi pregunta: ¿con qué derecho ofende usted a sus compatriotas, integrantes del pueblo al que debe servir?
Por otra parte, es notorio que le ha molestado —hasta el paroxismo— la exitosa marcha del 13 de noviembre del 2022, que congregó a centenares de millares de ciudadanos que no comparten los puntos de vista que usted sustenta. La primera reacción de su autoridad fue anunciar que impondrá reformas por la vía de las leyes secundarias, eludiendo la puntual aplicación de las normas constitucionales. ¿Con qué derecho, Presidente, se pretende esquivar los mandamientos de nuestra Ley fundamental y aplicar un by pass legislativo para imponer su visión sobre el sistema electoral?
Otra consecuencia de la marcha del 13 de noviembre fue el anuncio de que el Presidente de la República llevará adelante una contramarcha para acreditar la “voluntad popular”: marcha de represalia. No impugno su derecho a suscitar marchas de partidarios, aunque sería mejor que se reconociera como gobernante de todos los mexicanos. Pero no le asiste el derecho de utilizar recursos públicos —de poder político o económico— para movilizar a los ciudadanos en la dirección que le convenga, o para provocar mayor encono entre los mexicanos. ¿Con qué derecho pone en riesgo la paz de las conciencias y cala más hondo la distancia que su política —y su discurso— abre entre los ciudadanos?
Sí, Presidente, ¿con qué derecho se desvía la misión natural del titular del Ejecutivo, divididos por quien debiera unirlos?