¿Cómo murió el río San Rodrigo?
CONTRARIO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL, EN MÉXICO HAY LICENCIA PARA EXTRAER 311 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE MÁS DE MIL RÍOS, CAUCES, ARROYOS, CORRIENTES O VASOS DEL PAÍS, SEGÚN DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA
Si hoy cualquier persona se para en El Moral, una comunidad de alrededor de 400 habitantes del municipio de Piedras Negras, nadie creería que por allí corría el agua que desembocaba hasta el río Bravo que divide a México de Estados Unidos.
Allí donde antes se bañaba la gente, se miraban especies como castores y nutrias y las personas descansaban bajo la sombra de los enormes sabinos o nogales, ahora es una zona desértica sin forma, seca y con pozos, un lugar al que por mera costumbre todavía llaman río San Rodrigo.
¿Cómo murió este río? ¿Quiénes son los responsables? Algunas de las respuestas están a unos cuantos metros de donde se ubica. Agregados de Calidad es una de las cuatro empresas o personas físicas que en los últimos años se han dedicado a extraer material pétreo del río, una actividad que está prohibida o restringida en países como Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido por sus efectos en la pérdida de biodiversidad terrestre y acuática, erosión, alteración del canal, pérdida de hábitats, agotamiento de acuíferos, así como efectos en la sociedad por la pérdida de los servicios ambientales, entre otros.
Pero contrario a esta normativa internacional, en México hay licencia para extraer 311 millones de metros cúbicos de más de mil ríos, cauces, arroyos, corrientes o vasos del país, según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre ellos está este río del norte de Coahuila.
La minería es una de las actividades que ha abusado más de este recurso natural, se calcula que extraen alrededor de 200 millones de metros cúbicos de piedra de bola, canto rodado, cascajo o grava, que a precios actuales de mercado tendrían un valor superior a los 100 mil millones de pesos, estima la organización Amigos del ríos San Rodrigo.
Con ese material sacado del río, una vez procesado, se construyen maquiladoras, universidades, edificios públicos, vialidades, fraccionamientos, entre otros, sin que ninguna autoridad como la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se den a la tarea de vigilar las extracciones o hayan ordenado, hasta la fecha, remediaciones ambientales al río destruido. Waldo Terry, 75 años, ambientalista y veterinario que nació a orillas del río en la comunidad de El Moral, pasó más de 40 años lejos de la región, cuando volvió se encontró con la destrucción del río y una lucha que ya había comenzado su hermano Luis. Así nació Amigos del Río San Rodrigo, una asociación civil que fue clave para que en 2016 el Senado de la República le recomendara al Estado mexicano que estableciera una moratoria en la extracción de material pétreo y que la cuenca del río fuera declarada Área Natural Protegida. Ese mismo año, el Tribunal Latinoamericano del Agua hizo las mismas recomendaciones a las autoridades ambientales. Ninguna prosperó. Aunado a una extracción voraz de las entrañas del río San Rodrigo, la operación de la presa La Fragua, la sobreexplotación del acuífero Allendepiedras Negras y a últimas fechas la sequía, han terminado por desaparecer el agua en la parte baja de este río considerado como prioritario por su biodiversidad de ecosistemas por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Y es que la desaparición del río es un problema irreversible o reversible a muy largo plazo, consideran especialistas como Jesús Gómez Sosa, ingeniero geólogo e integrante de Amigos del Río San Rodrigo y Jesús Frausto Ortega, investigador del Colegio de la Frontera Norte.
¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD?
Los manifiestos de impacto ambiental 05/MP-0004/10/11 y 05/MP-0107/05/12 de las personas Juan Martínez Rodríguez y Juan Martínez Talamantes no detallan cómo van a mitigar o remediar los impactos ocasionados en el río San Rodrigo. Otras manifestaciones de los concesionarios referían que las medidas restaurativas se realizarían paralelamente a la ejecución de las obras, que construirían taludes de recarga o fijación de taludes en la ribera y un programa de reforestación en bordos, lo cual no sucedió, asegura el ingeniero geólogo, Jesús Gómez Sosa
La secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales, asegura que las remediaciones pudieron darse de manera simultánea a la extracción de material, pero señala a la Conagua y Profepa como las encargadas de esa tarea.
A esto se le tiene que sumar lo que se establece en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde se afirma que toda persona física o moral que ocasione un daño al ambiente estará obligado a la reparación de los daños y esa reparación consistirá en restituir “a su estado base los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación”.
Sin embargo, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información, ni la Semarnat ni la Profepa tienen registro de ríos, arroyos, cauces o vasos, en peligro o situación crítica o con algún nivel de degradación en el país. Además, la Semarnat no tiene ningún antecedente de informes de restauración.
Tampoco la Conagua. Gerardo Márquez Tejada, director de Administración del agua, reconoce que no tienen ningún programa ni proyecto de restauración ecológico, aunque admite que sí es necesario.
“Sí fue impactado (el río), hay que ser objetivos y realistas, toda extracción de material impacta sobre los ecosistemas, pero es una cuestión ambiental y no manejamos cuestiones ambientales”, comenta y después avienta la pelota a la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
“En mi opinión es un trabajo que pudiera surgir de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, apoyado y validado por Conagua y por Profepa y Semarnat”, dice el funcionario de la Conagua.
Pero la secretaria Eglantina Canales señala que esos trabajos tienen que ser de parte de las mismas empresas que hicieron el daño porque es lo que mandata la ley. “Al hacer el abandono tienen que hacer una serie de actividades de remediación”, menciona.
La funcionaria estatal reconoce que la destrucción del río es muy alta, pero que no existe una evaluación que mida el nivel de deterioro. También admite que la destrucción no es reversible, pero considera que se puede hacer una
“(Conagua) olvida que es más que un simple canal que transporta agua”. Luis Martínez Rivera Investigador de la Universidad de Guadalajara
remediación y mejora para tratar de llegar a las condiciones originales. Lo primero que hay que restaurar es el canal porque es la destrucción más grave, agrega la secretaria.
Sin embargo, aun cuando hubiera un plan de restauración, el ingeniero geólogo Jesús Gómez Sosa no cree que sea posible remediar el problema del río.
Gerardo Márquez Tejada es claro al desmarcarse de esta problemática y asegura que a la Conagua le compete verificar que se hayan cumplido las condiciones generales y específicas en sus títulos de concesión.
“Lo que vemos es que el cauce, el cajón natural, el cajón hidráulico de la corriente cuente con las condiciones naturales de conducción de las aguas”, menciona. Y la remediación ambiental, el carácter ecológico, añade, le compete a la Profepa por estar sujetos a un resolutivo de impacto ambiental.
Semanario intentó contactar a la representación de la Profepa en Coahuila para tener una postura, pero nunca se obtuvo respuesta.
El especialista Luis Martínez Rivera dice que la Profepa suele actuar de la zona federal del río hacia fuera, pero no intervienen hacia dentro, así se esté destruyendo la vegetación. “Se mantienen como que es un terreno de Conagua y no intervienen”, explica.
De hecho, desde el año 2000, la Profepa únicamente tiene registro de 172 multas por temas relacionados con la extracción de materiales pétreos en todo el país, según la respuesta a la solicitud 330024422000831. De las 172 multas, que fueron de los mil 495 pesos a los 2 millones de pesos, la principal causa fue la extracción sin autorización en materia de impacto ambiental.
La ley es poco clara y deja toda la administración y operación del manejo a la Conagua, cuando ellos solo están enfocados en aspectos de agua y no toman en cuenta la biodiversidad, explica Martínez Rivera. “Conagua ve los ríos como un canal de riego. Un canal que transporta entre la presa y la zona de riego a las parcelas. Se le olvida que es más que un simple canal que transporta agua”, critica.