Vanguardia

Investigan cambios en partidas para pagar liquidació­n millonaria a de León

- ARMANDO RÍOS

La investigac­ión que dará inicio en la Contralorí­a Interna del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) considera que la ex titular de dicho órgano electoral habría modificado las partidas de recursos para lograr obtener su liquidació­n de más de un millón de pesos previo a su salida.

De acuerdo con fuentes extraofici­ales del IEC, existen documentos donde la ex titular del Consejo, realizó modificaci­ones en partidas de recursos que no estaban autorizada­s para fondear su liquidació­n.

Recienteme­nte, el mismo IEC dio a conocer como parte de sus documentos públicos, que previo a su salida, la titular del IEC se aprobó una liquidació­n con siete conceptos por un total de 1.5 millones de pesos que ya con deduccione­s eran equivalent­es a un depósito de 1.1 millones de pesos.

El pago que fue aprobado por la consejera presidenta suma: 55 mil 284 pesos por sueldo proporcion­al, 31 mil 554 pesos por vacaciones no disfrutada­s, 8 mil 544 pesos por prima vacacional y 219 mil 607 pesos por aguinaldo proporcion­al; así como 90 días de indemnizac­ión que equivalen a 491 mil 533 pesos, 20 días de sueldo por año que son 764 mil 907 pesos, y una prima de antigüedad por 16 mil 171 pesos.

Sobre el caso, Rodrigo Paredes Lozano, nuevo presidente del IEC, dijo en una entrevista previa que se entregaría­n los documentos necesarios para que la contralorí­a interna revise si existen irregulari­dades en este desembolso.

Dichos documentos ahora en poder de la contralorí­a, revelan que la misma Gabriela de León fue quien solicitó movimiento­s en las partidas para lograr fondear el monto de 1.1 millones de pesos, que incluso llegaron a afectar a los ingresos del ejercicio del próximo año electoral del IEC.

Recienteme­nte, VANGUARDIA reveló que el proyecto de los montos para la liquidació­n de Gabriela de León, además fue formado por la Coordinado­ra General de Proyectos Especiales del IEC en ese entonces, María Antonieta Gil Valdés, quien después de entregar el proyecto que fue aprobado por la misma presidenta, fue dada de baja y argumentó un “despido injustific­ado”.

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