Va FGR por Tomás Yarrington luego de que sea liberado
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Por ello, el ministerio público federal solicitó una orden de aprehensión en contra del ex mandatario estatal pero la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, le requirió subsanar algunas deficiencias contenidas en el escrito que presentó el pasado 22 de enero.
En consecuencia, mientras la FGR no subsane las deficiencias observadas por la juez, su petición de orden de captura no podrá ser resuelta.
Este caso deriva de una averiguación previa iniciada por la extinta PGR el 7 de enero de 2009 luego de que Yarrington fue denunciado por un testigo protegido, supuesto integrante del Cártel del Golfo quien señaló al ex funcionario de permitir que se cometiera narcotráfico y lavado de dinero durante su gestión en el estado de Tamaulipas.
Actualmente, el ex gobernador está preso en Estados Unidos y se prevé que en noviembre de este año salga de prisión.
Esto, pese a que en 2023 fue condenado a nueve años de prisión por un juez del Distrito Sur en Texas por lavado de dinero, pues su abogado presentó una moción de reducción de la condena, misma que le fue otorgada.
Recordemos que el político mexicano fue detenido por la policía italiana el 9 de abril de 2017 en un restaurante en el centro de Florencia, en donde intentó engañar a los oficiales usando una credencial de conducir falsa.
En abril de 2018 fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia por 11 cargos, entre los que se encuentran narcotráfico, lavado de dinero, defraudación y declaraciones falsas a bancos estadounidenses.
En una audiencia realizada en marzo de 2021, el exgobernador de Tamaulipas se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, con esto llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para que desestimaran 10 cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y fraude bancario.
El juicio contra el exmandatario se centró en la sentencia al exgobernador por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos.