Un 70% de empresas en México no paga utilidades
Empleados contratados por honorarios no lo recibirán
El reparto de utilidades, un derecho constitucionalmente consagrado en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), se ha erigido como un tema de creciente importancia en México.
A pesar de que la legislación establece la obligación para las empresas de compartir un porcentaje de sus ganancias con sus empleados, el incumplimiento de esta normativa es una realidad que afecta a un significativo número de personas. Según datos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), solo el 30% de las empresas en el país cumplen con esta disposición.
DE LAS REVISIONES
En el año 2023, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recibió 4,200 quejas por falta de reparto de utilidades, lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo 3o mil inspecciones a empresas el año pasado, encontrando irregularidades en el 40% de los casos, como detalló Jesús Moscoso, especialista en Pay Roll y CEO de Essad, una firma dedicada a brindar asesoría integral a empresas en temas legales, fiscales y de recursos humanos.
Las causas principales de este incumplimiento, explicó Moscoso, radican en el desconocimiento por parte de los trabajadores de su derecho al reparto de utilidades o de cómo reclamarlo, así como en la falta de conocimiento por parte de algunas empresas sobre sus obligaciones al respecto.
Moscoso advirtió sobre la importancia de cumplir con los pasos y plazos establecidos por la ley, subrayando que el proceso comienza con la presentación de la declaración anual, cuyo plazo límite para personas morales es el 31 de marzo y para personas físicas el 30 de abril.
Expertos en materia laboral coinciden en la necesidad de tomar medidas para garantizar el cumplimiento del reparto de utilidades en México. Según Moscoso, es esencial contar con profesionales especializados en contabilidad, recursos humanos, fiscalidad y legislación para asegurar un pago adecuado a los trabajadores y evitar sanciones.