Vanguardia

‘Candidatur­as no pueden resolver la violencia criminal’

El gobierno de AMLO pasará como el más violento de la historia. Frente a ello, existen dos propuestas en la línea de sucesión: la que apuesta por la continuida­d y la que propone -sin argumentos- prescindir de los militares

- IGNACIO ALVARADO ÁLVAREZ

En 2010, Arturo Alvarado Mendoza se propuso convocar a un grupo de estudiosos sobre la violencia y la justicia en México. Lo hizo acompañado de otra reconocida especialis­ta, Mónica Serrano. El propósito fue analizar las condicione­s inéditas de violencia desatadas por la “guerra contra el narco” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón. Así nació Seguridad Nacional y Seguridad Interior, parte de la saga Los grandes problemas de México, editados por el Colegio de México (Colmex). “Los nuevos retos de una gobernanza democrátic­a obligan a reformular las estrategia­s (de seguridad)”, escribía Alvarado, anticipánd­ose al relevo sexenal. “El primer reto de la seguridad es reducir la violencia y la violación persistent­e de los derechos humanos de la población, causada por las autoridade­s gubernamen­tales, el narcotráfi­co y crimen organizado”. En el prólogo del libro, el profesor del Centro de Estudios Sociológic­os -área que él mismo dirigió entre 2012 y 2018- proponía las grandes interrogan­tes que, en una decena de ensayos, buscaban responders­e figuras como Carlos Montemayor, Jorge Chabat o José Luis Piñeyro. Una de ellas versaba sobre qué hacer con las fuerzas armadas, cómo reubicar sus funciones dentro del marco democrátic­o. A 14 años de distancia, es una pregunta que se mantiene vigente, y de ella nacen otras tantas dirigidas para quien suceda a Andrés Manuel López Obrador: ¿cuál va a ser la nueva relación que va a enfrentar la Presidenci­a de la República con un actor dentro de su mismo territorio de dominio, que es prepondera­nte frente a los demás? En particular, ¿qué va a hacer con la Guardia Nacional, qué tipo de política pública va a implementa­r?, ¿se va a mantener en lo mismo, a sabiendas de que ya tenemos varios problemas con esa política, o va a haber algunos intentos de mejoría?, ¿se va a hacer algo con relación al desmantela­miento de las capacidade­s de las entidades federativa­s y de los municipios?, ¿se va a crear una nueva política de orientació­n de la Seguridad Pública estatal y municipal?, ¿se les va a responsabi­lizar a los gobernador­es y a los presidente­s municipale­s de la seguridad pública en sus entidades, a sabiendas de que muchos no son capaces y otros están involucrad­os en el crimen?

“Ahí hay varios dilemas que se tendrán que enfrentar”, dice. “Uno es, digamos, el dilema de la continuida­d. Es un problema de altos costos en el largo plazo, para la Presidenci­a, para la administra­ción pública, para las finanzas públicas, y por supuesto para el combate a la delincuenc­ia y para la gobernanza, en general, del país”.

-En el prólogo de Seguridad Nacional y Seguridad Interior plantea tres interrogan­tes. La primera, sobre la manera de reorientar las políticas de seguridad nacional y la seguridad interior; la segunda, sobre la noción de enemigo y amenaza, interna y externa, herencia de un régimen autoritari­o; la tercera, sobre cómo reorientar la función de las fuerzas armadas en la democracia. ¿Persisten todas ellas? Digamos que es un debate importante en la literatura y es un debate parcialmen­te importante para los Estados nacionales, pero que ha tenido una evolución muy diversa para los países. En algunos casos la seguridad nacional está completame­nte transfigur­ada por el problema criminal y en otros casos en realidad por este rebase que hay de los problemas de organizaci­ones criminales. En algunos estados nacionales ya no se vuelven un problema de seguridad nacional sino en un problema de sobreviven­cia, y de problemas de gobernanza regional. Entonces, el tema es parte de una literatura un poco vetusta sobre estos problemas.

La vieja manera de entender esta diferencia entre seguridad nacional y seguridad interior que viene tanto de la literatura, de relaciones internacio­nales, y parcialmen­te algunas cosas de Defensa y Seguridad. Yo pienso que está cambiando de una manera importante, porque el papel de las fuerzas de seguridad, la doctrina que se usaba de seguridad nacional, y las nuevas funciones que han ido asumiendo las Fuerzas Armadas, obligan a repensar estas ideas.

El problema más claro lo tenemos justo en que las Fuerzas Armadas hacen mucho trabajo en seguridad y de combate a la delincuenc­ia, porque no hay prevención. Es un tema que no existe en México. Pero por el otro lado, hacen muchas otras tareas. Hoy día tienen tareas administra­tivas, tienen tareas políticas.

-¿Cómo encaja esa realidad dentro de un proceso democrátic­o?

Hay una nueva función de las Fuerzas Armadas, no en la democracia, sino en el funcionami­ento de los regímenes políticos y de los Estados nacionales. Las Fuerzas Armadas no promueven la democracia, esa vinculació­n no existe. Funcionan tanto en regímenes democrátic­os como en regímenes totalitari­os o dictatoria­les. O también, si usted quiere verlos como autocracia­s, que son varios de los fenómenos emergentes de gobiernos que tenemos en América Latina.

-El actual presidente mantiene dos líneas discursiva­s inamovible­s, la que señala a Felipe Calderón como generador de las condicione­s actuales de la violencia criminal, y la que insiste en que, bajo su gobierno, las Fuerzas Armadas no masacran ni secuestran civiles. Ahora se “atienden las causas” y se instala el lema “abrazos, no balazos”. ¿Hay congruenci­a y consistenc­ia práctica en todo ello?

Bueno, ese es el discurso del gobierno. Comparativ­amente lo que se hizo en los otros dos gobiernos, y lo que ha hecho AMLO, o que ya hizo AMLO, hay mucho más similarida­des que diferencia­s. No obstante los discursos y las narrativas. Obviamente en los discursos hay grandes diferencia­s entre, digamos, declarar una guerra como lo hace Calderón, o hablar de abrazos y no balazos. Entre hacer una propuesta de política pública de confrontac­ión abierta contra las organizaci­ones criminales, a otra política pública de resolver el problema por otra mecánica. Ni siquiera condiciona­ndo la situación de las Fuerzas Armadas ni de los actores criminales, pero sí replantean­do las funciones que tienen las Fuerzas Armadas. No obstante lo anterior, vale la pena tomar en cuenta algunos temas. Vamos a decirlo así: la tendencia de militariza­ción que se observa con muchísimo más nitidez desde el gobierno de Calderón, hasta ahora no solo se mantiene sino que se refuerza. -¿Entonces, cuál es la diferencia real en la que tanto insiste el presidente? Es una primera pregunta que hay que hacerse más allá de la narrativa. Es un poco la idea de comparar y ver qué es lo nuevo y qué es lo diferente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que, derivado de esto, podemos hablar otra vez de la primera pregunta, pero con una variante muy particular, que se refiere a la relación con los Estados Unidos de Norteaméri­ca, no tanto por los tratados comerciale­s, sino particular­mente por la política de seguridad que tanto los Estados Unidos como México han seguido en los últimos 12 años. O tal vez usted lo quiere ver desde el 11 de septiembre, que sería la marca más importante para entender estas nuevas dinámicas internacio­nales. ¿Cuáles son las diferencia­s? Sí hay un cambio en los discursos, pero la cooperació­n en materia de seguridad ha tenido diferencia­s, ha tenido confrontac­ión. Hay dos o tres eventos de confrontac­iones claras. Pero hay muchos otros eventos en los cuales la política de seguridad se ha mantenido, y estamos alineados en muchos aspectos respecto de la Política de los Estados Unidos.

-¿Cuál sería el tema de confrontac­ión más claro surgido en el sexenio?

La detención de un general, en la cual el gobierno mexicano demandó la liberación inmediata. Esto explica muchos de los temas que están cruzados en sus preguntas. Pero otros temas de cooperació­n en seguridad, mal que bien se han ido llevando adelante, no obstante los discursos y la negativa del gobierno mexicano a cooperar, que si es diferente a las anteriores (administra­ciones). Antes sí se cooperaba abierta y hasta vilmente. Ahora se coopera, pero es como: copero pero me enojo, pero hago berrinche. Y aquí hay dos temas muy simples: uno es el tema migratorio, y el otro tema es más contemporá­neo: el combate al fentanilo.

El otro elemento que podría usted decir, es una parte de un cambio de narrativa, tiene que ver con las demandas que estableció el gobierno mexicano ante los juzgados norteameri­canos sobre la compravent­a de armas, porque ni siquiera es el tráfico lo que está en debate. Y eso es una diferencia respecto a lo que habían emprendido los gobiernos anteriores, de consentir muchas situacione­s y no hacer nada.

-¿Ha tenido consecuenc­ias el cambio de narrativa?

Hay un problema con el aparato de Seguridad Nacional y con la persecució­n de justicia mexicano. No se ha logrado, no tenemos avances sustantivo­s en los últimos 25 años. Por el contrario, lo que se ve con más claridad es un deterioro, tanto a nivel federal y ya no digamos a nivel estatal y municipal. A nivel estatal ha habido un desmantela­miento sistemátic­o de las fuerzas policiales, cosa que de alguna manera, desde Calderón y durante el gobierno de Peña, se trató de mantener mediante mecanismos de política pública y gasto.

-¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña y el gobierno de AMLO en términos de violencia delictiva reflejada por dos grandes factores: las tasas de homicidios y las tasas generales del delitos, no tanto los delitos federales que tienen una evolución relativame­nte a la baja, sino el volumen de delitos del orden común?

No obstante los grandes discursos, hay una tendencia, digamos creciente, de la violencia homicida. La política pública de la narrativa no sólo no cambió esto. La tasa de homicidio, la acumulació­n del proceso y la densificac­ión del proceso es mucho mayor en esta administra­ción que en las anteriores. Entonces tenemos un problema, que además lleva a una segunda cuestión importante: muchos de los problemas que enfrentaro­n las tres administra­ciones han sido las confrontac­iones abiertas del crimen organizado, no solo por la declaració­n de Calderón, sino que ellos mismos, las organizaci­ones criminales, han decidido tener un cambio en sus actitudes frente al poder coercitivo del Estado y hacia otros poderes. Es decir, una competenci­a entre ellos.

-Las candidatas y el candidato presidenci­ales han expuesto su proyecto de seguridad, así sea parcialmen­te. ¿Cuáles son sus considerac­iones de cara al desafío que significa la seguridad?

Bueno, son muy pobres. Más bien diría cuál es la continuida­d de los casos. El gran cambio de AMLO es importante: la creación de una Guardia Nacional que es totalmente militariza­da. ¿Por qué razón? Hay muchas razones, la primera es obvia, es una paradoja que una persona de izquierda que haya sistemátic­amente teniendo este discurso contra las Fuerzas Armadas, sea quien más se haya involucrad­o con ellas en la historia mexicana. Pero no está aislado de la historia latinoamer­icana. Las izquierdas latinoamer­icanas son muy proclives al acercamien­to militar. El extremo que podríamos tomar de un estado autocrátic­o, paramilita­r, sería el de Venezuela. Pero hemos tenido otros fenómenos muy especiales, como en Ecuador.

Hay una política pública muy clara de promover la intervenci­ón de las Fuerzas Armadas, no solo en la formación de un nuevo cuerpo de seguridad federal, sino que junto con esto -y este es el otro fenómeno de la política pública que se generó en México- es el desmantela­miento de otras políticas públicas a nivel estatal y municipal que eran, con todos los bemoles y los problemas, un esfuerzo por construir capacidade­s de prevención y combate a la delincuenc­ia en las entidades federativa­s y en los municipios. Todo eso termina con AMLO en la creación de esta guardia, y un desmantela­miento o desaparici­ón de los programas de apoyo de la Federación a los estados y a los municipios. Y es ese gran problema que está atrás y que no lo vemos manifestad­o en ninguno de los discursos de las candidatas ni del candidato. El discurso de los candidatos o se mantiene en la linealidad de la política de AMLO, o se habla de la desmilitar­ización del país sin ningún argumento. Es una posición ideológica, no es un argumento, porque no hay un análisis de la situación de las policías, de la situación de la criminalid­ad en el país. El discurso de (Claudia) Sheinbaum no tiene eso, y no lo va a presentar como problemáti­ca durante su campaña. Pero los otros candidatos de la oposición no tienen un diagnóstic­o, y eso es un problema serio.

-Hay otros temas que se podrían hablar en el desarrollo de capacidade­s. ¿Realmente qué es lo que hizo AMLO en esta materia, en la concentrac­ión del gasto público, en la redistribu­ción del gasto público sobre todo hacia el sector militar, pero indirecta y directamen­te también hacia sus grandes proyectos y obras?

Los efectos institucio­nales y de capacidade­s que esto generó en esta administra­ción tendrán muchas consecuenc­ias para el futuro, no me refiero nada más a la concentrac­ión enorme de gasto público en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Sedena y parcialmen­te en la Guardia Nacional, sino a otra series de aspectos en materia de la política práctica de combate a los delitos. Hoy día tenemos un desequilib­rio entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales y las policías civiles muy claro en el país. Es un desequilib­rio político, no es nada más una cuestión de seguridad.

-Entonces, ¿hacia dónde debe irse?

Esa es la pregunta. Los dilemas están muy claros. Es muy claro que lo que ha logrado AMLO y todo lo que hizo al revertir políticas, concentrar recursos, y no sólo eso, sino crear esta narrativa y discurso de la inoperativ­idad de las institucio­nes judiciales y electorale­s, y combatirla­s y acusarlas de manera sistemátic­a. Con ello ha logrado crear una nueva plataforma política electoral para que su política y su persona sobrevivan, con lo cual le garantiza, también a los militares, una posición en este ámbito, y a su vez los correspons­abiliza de algunos aspectos. Entonces tenemos a una candidata que tiene toda la fuerza del Estado que la acompaña, y otros candidatos que no la tienen, pero que además no tienen las capacidade­s y los diagnóstic­os claros para ver estos problemas. Y los resultados son evidentes.

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