Proyecto de fraude
Es un proyecto enorme, de 935 folios, pero incluso esto es un engaño. La mayor parte del documento es una simple descripción y comparación de otras iniciativas de reforma electoral. Después de registrarlas, el proyecto procede a presentar la propuesta del presidente López Obrador.
Algunos aspectos parecen aceptables. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en reducir los costos del sistema electoral y en disminuir el número de diputados y senadores; creo, además, que deben eliminarse las distintas formas de censura política. Otras propuestas, sin embargo, son muy negativas, como hacer a todos los legisladores plurinominales o elegir por voto popular a consejeros y magistrados electorales.
Lo más importante es que no es correcto hacer una reforma apresurada a un año y siete meses de la próxima elección presidencial, ni imponerla desde el poder. El mejor momento para una reforma electoral es el inicio de un sexenio, pero debe hacerse con el apoyo de todos, o casi todos, los partidos.
La dirigencia de Morena en la Cámara de Diputados está procesando esta iniciativa con una gran urgencia para supuestamente evitar fraudes electorales en 2024. Esta misma afirmación, sin embargo, es un fraude. Es tanto como decir que las victorias de Morena en 2018 y 2021 no fueron legítimas. La verdad es que, desde la creación del IFE en 1990, hemos tenido el único período de verdadera democracia en la historia. La prueba es la alternancia pacífica de partidos en el poder, que nunca habíamos conocido.
Tenemos un sistema electoral caro y complicado, pero es producto de una desconfianza natural. Durante años vivimos en una dictadura de partido sostenida por fraudes electorales. La cuestionada elección de 1988, presidida por Manuel Bartlett, afectó tanto la credibilidad del gobierno de Carlos Salinas que este lanzó una serie de reformas, tres en total, en negociaciones con los partidos de oposición, que dieron lugar al IFE y a unas reglas que abrieron la puerta, junto con la reforma de 1996 de Ernesto Zedillo, a la alternancia.
El gran peligro para la democracia mexicana hoy no es la legislación electoral, sino la falta de ética democrática de los políticos que se niegan a reconocer sus derrotas. Esta actitud antidemocrática ha sido una enfermedad profesional de los políticos mexicanos desde hace mucho tiempo. López Obrador, por ejemplo, nunca ha reconocido una derrota en las urnas. Algunos políticos de otros países, como Donald Trump y Jair Bolsonaro, han copiado esta actitud y abiertamente afirman hoy que solo un triunfo suyo puede considerarse legítimo. López Obrador lo ha dicho muchas veces de otra forma: “El triunfo de la derecha, de los conservadores, hoy día es moralmente imposible”.
La estrategia para dar al partido de gobierno una ventaja indebida ya ha comenzado. La marcha del 27 de noviembre es el primer paso. AMLO sabe que su reforma constitucional no obtendrá el voto de dos terceras partes en el Congreso, pero la ha presentado de igual manera, como excusa para acusar de traidores a la democracia a quienes defienden la democracia. Después vendrán los cambios a las leyes secundarias para debilitar la autonomía del INE. En 2023 el régimen buscará elegir a consejeros y magistrados electorales alineados con él.
Muchas décadas nos costó construir la democracia. Es triste, pero López Obrador no será el primer político en llegar al poder por las urnas, solo para cambiar las reglas y debilitar o destruir la democracia.
Senasica
Ayer AMLO celebró la renuncia de Francisco Javier Trujillo de Senasica. Era necesario, dijo, porque llevaba 30 años en la dependencia. Añadió que todavía no decide quién lo sustituirá. No es fácil, supongo, encontrar candidatos sin experiencia ni conocimiento, pero con 90 por ciento de obediencia.