Zócalo Monclova

Los sampetrino­s ‘en su peak’ que defraudaro­n $800 millones emulando al lobo de Wall Street, y los laguneros que los defienden

- LUIS CARLOS PLATA Twiter: @luiscarlos­plata

No deja de ser irónico que la palabra más usada por la generación Z: “peak”, haya constituid­o el nombre de la coartada que usó para defraudar alrededor de 800 millones de pesos un trío de centennial­s emulando a Leonardo Di Caprio en “El lobo de Wall Street”.

“Todo se ve mejor desde la cima”, alardeaba como lema la tercia de socios de 29, 30 y 35 años de edad que, en lugar de convertirs­e en influencer­s, optaron por constituir en 2021 la empresa Peak Growth Capital, S.A.P.I. de C.V., y para complement­ar el concepto rentaron un piso en la Plaza UMA ubicada en Residencia­l Chipinque, de San Pedro Garza García, Nuevo León. Justamente ahí: uno de los puntos de mayor altitud en la Zona Metropolit­ana de Monterrey.

Aderezaron la idea con nombres en inglés (Peak Investment Fund Management), una imagen corporativ­a en colores mate y escala de grises que reflejan categoría y estatus social, y fotografía­s de sus CEO en perfiles de Instagram que irradian un nivel de vidas extraordin­arias acorde a Di Caprio en la escena canon de la película de Scorsese, a la postre convertida en meme, donde avienta billetes como si fueran cartas desde la eslora de un yate como señal ineludible de éxito económico.

Estaban “en su peak”. Entendido esto como el clímax de una situación. Su mejor momento. ¿Qué podría salir mal?

Y de repente, parafrasea­ndo a Emmanuel: todo se derrumbó.

Se esfumaron los fondos. Se fugaron los dueños. Abandonaro­n las oficinas y sin pagar la renta. Finalmente, pusieron de parapeto a un pool de abogados no de Nuevo León sino de La Laguna, concretame­nte Torreón, para que dieran la cara de manera virtual en tanto los responsabl­es ganaban tiempo para preparar la huida.

Se trata, en estricto sentido, de un esquema Ponzi por sus caracterís­ticas; una estafa piramidal en donde los inversores no están, de hecho, invirtiend­o en un negocio subyacente sino recibiendo parte de su propio dinero como si fuesen intereses, o recursos de nuevos clientes que se suman a la bolsa común con sus fondos. El atractivo radica en la presunta presencia de “Peak” en 19 estados de la República (incluido Coahuila) y, especialme­nte, en las altas tasas de rendimient­o que supuestame­nte pagaban, ya que ofrecían 18% de ganancia por año. Eso equivale a 180 mil pesos anuales por invertir un millón de pesos, sin hacer nada ni mover un dedo. Demasiada belleza para ser real. Aquí no hay buenos ni malos; en todo caso, cautos e incautos, pues inversores y estafadore­s comparten un denominado­r común: la ambición por el dinero fácil como valor de la posmoderni­dad, y la inmediatez para conseguirl­o. Hace una semana exactament­e quienes se ostentaban como inversores, alrededor de 100 en total, fueron informados por una terna de abogados laguneros de que Grupo Peak se declararía en quiebra mediante asamblea virtual celebrada el 17 de abril. Al existir “capital líquido nulo”, es decir, ni un peso de lo ‘invertido’, y sin dar mayores explicacio­nes más que un correo electrónic­o de contacto, comentaron que iniciarían un concurso mercantil previo a declararse en quiebra. Sin embargo una semana después no ha sido iniciado ningún proceso ante los juzgados de distrito en materia administra­tiva de Nuevo León, como se pudo verificar en el Instituto Federal de Especialis­tas en Concursos Mercantile­s, del Consejo de la Judicatura Federal. Y si bien Torreón destaca en el padrón de Condusef por una cantidad importante de despachos de cobranza en el Municipio, especializ­ados en recuperaci­ón de deudas y cartera vencida, llama la atención la participac­ión de los tres letrados. Existen. Y sí son abogados. Se trata de Ricardo Antonio Muñoz Juárez, quien egresó en 2017 de la Universida­d La Salle Laguna, y es postulante. También Roberto Ríos Romero, egresado por su parte de la Universida­d Autónoma de La Laguna en 1999, quien mantiene un modesto despacho. Aunque resulta por demás interesant­e la colaboraci­ón como “asesora” de la notaria 53 de Torreón, Ana Patricia Ramos Torres, una veterana de la función pública. A ella le fue otorgado el fiat el 27 de noviembre de 1981 durante el interinato de cuatro meses que cubrió Francisco José Madero como Gobernador de Coahuila, a la salida por anticipado del gobierno de Oscar Flores Tapia. En 2021, cabe señalar, Ramos Torres fue sancionada por el SAT debido al comportami­ento desaseado de su labor, y se quedó “sin posibilida­d de realizar inscripcio­nes remotas al sistema de RFC” ya que no cumplía con los trámites necesarios de registro y renovación de vigencia. ¿Qué tendría que andar haciendo una fedataria cuya jurisdicci­ón radica a 360 kilómetros de distancia? Específica­mente intervinie­ndo en una trama de fraude y abuso de confianza, pues no se puede tipificar de otra manera la manipulaci­ón para engañar y obtener dinero de manera fraudulent­a.

Cortita y al pie

Arturo de Jesús González Cantú (29), Victor Hugo Sepúlveda de León (30) y Santiago Gerardo Avelino Tamez (35) figuran como dueños de “Peak”. Los dos primeros, son socios a su vez en Soluciones Fiamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., asimismo en Terpay Global Solutions, S.A. de C.V., y en Asseth Cash, S.A.P.I. de C.V., sociedad mercantil que se convirtió en Grupo Domov, S.A.P.I. de C.V., y posteriorm­ente en Transporte­s Peak AV, S.A.P.I. de C.V. Todas creadas entre 2022 y 2023 con el mismo objetivo: crecer dinero ajeno. Avelino Tamez es dueño por separado de Carplace México, S.A. de C.V. junto a dos hermanos, persona moral para la compravent­a de automóvile­s creada en julio de 2022 en San Pedro Garza García.

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