El gasto social bajo la 4T
Sergio Sarmiento siempre encuentra y divulga datos interesantes que además son confiables, lo cual permite sacar conclusiones interesantes de los mismos. El jueves retuiteó una tabla de la OCDE, reproducida por Informal Economy, y que mide el porcentaje del PIB que cada país miembro de la organización desembolsa en “gasto social público” (Public Social Spending).
La definición de este término viene en el sitio de la OCDE y es la siguiente: “El gasto social comprende las prestaciones en efectivo, la provisión directa de bienes y servicios en especie y las exenciones fiscales con fines sociales.
“Los beneficios pueden estar dirigidos a hogares de bajos ingresos, ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados o jóvenes. Para ser considerados ‘sociales’, los programas deben implicar la redistribución de recursos entre los hogares o la participación obligatoria.
“Los beneficios sociales se clasifican como públicos cuando el Gobierno general (es decir, los gobiernos central, estatal y local, incluidos los fondos de seguridad social) controla los flujos financieros relevantes. Todos los beneficios sociales no proporcionados por el gobierno general se consideran privados.
“Las transferencias privadas entre hogares no se consideran ‘sociales’ y no se incluyen aquí. El gasto social total neto incluye tanto el gasto público como el privado. También da cuenta del efecto del sistema tributario por impuestos directos e indirectos y por exenciones fiscales con fines sociales. Este indicador se mide como un porcentaje del PIB o USD per cápita”.
Para un mayor desglose, conviene aclarar que este rubro incluye el gasto en educación pública hasta los 6 años –excluye el gasto de primaria, secundaria, media superior y superior– y en salud, cuando se trata de instituciones gubernamentales, es decir, Ministerio de Salud, seguridad social, etcétera.
Este dato, en principio, debiera permitirnos comparar la realidad mexicana con la de otros países, en particular con las otras naciones de América Latina o Turquía, miembros de la OCDE y que no son países ricos, y también la evolución del gasto mexicano.
No es del todo el caso, por desgracia. En la tabla del 2022, retuiteada por Sarmiento, el dato de México, junto el de varios otros países, trae un asterisco al lado. El asterisco significa que el dato no es necesariamente para el 2022 sino para el último año disponible, que en el caso de México es el 2019.
Busqué en el sitio de la OCDE las cifras correspondientes para 2020 y 2021, y aparece México con una raya al lado, es decir, sin datos nuevos. Esto
es problemático porque significa que, o bien las autoridades mexicanas no han sacado la cuenta, o bien la tienen pero no se la han entregado a la organización radicada en París, o bien ésta nos las ha incluido en su sitio hasta ahora por no considerar que sea un dato comparable con los demás. Cualquiera que sea el caso, conviene analizar la tabla del 2022 que en realidad, en el caso de México, es de 2019.
México gastó en 2019, 7.4% del PIB en gasto social público. Es obviamente la cifra más baja de la OCDE, y solo muy ligeramente superior al 2018, donde el gasto fue de 7.1% por ciento.
El país con la proporción más elevada, como podía esperarse, es Francia con 31 por ciento; el promedio de la OCDE es 20 por ciento; y los países no ricos de la OCDE figuran significativamente más altos que México.
Chile erogó 19.6% de su PIB en gasto social público en 2022; Colombia 15.2 por ciento; Costa Rica 14.5 por ciento; y Turquía, país con un PIB per cápita parecido al de México, 12.4 por ciento.
En otras palabras, México, con su gasto social correspondiente al estado asistencial de la Revolución Mexicana, o del neoliberalismo moderno, es decir, desde Solidaridad hasta la Tarjeta Rosa de Alfredo del Mazo, pasando por Progresa, Oportunidades, el IMSS, el ISSSTE, la Pensión para Adultos Mayores desde el sexenio de Calderón, y con todos los nuevos programas de López Obrador, gasta cuatro veces menos en programas o rubros sociales que Francia. No estamos hablando de cantidades absolutas, obviamente un país rico gasta más que un país de ingreso medio, y un país viejo, por concepto de pensiones y de gasto en salud –como Francia– gasta más que un país viejo –como México–. No, se trata de porcentajes del PIB. Por eso la comparación con los demás países latinoamericanos miembros de la OCDE es especialmente aleccionador.
Lo interesante de todo esto es que algún día –ya veremos cuándo– el Gobierno de México, si seguimos siendo miembros de la OCDE, tendrá que entregar las cifras correspondientes a 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Para la primera mitad del sexenio debieran ya haberlo hecho o cumplir dentro muy poco tiempo.
Ahí veremos si, en efecto, como todo el mundo supone, López Obrador ha aumentado el gasto social en nuestro país, independientemente de que ese dinero esté bien gastado o no, o simplemente transfirió recursos anteriormente gastados en educación y salud a sus nuevos programas sociales: adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, becas Benito Juárez, “ninis”, y campesinos del sureste. Un día lo sabremos.
Será interesante, sobre todo sí nos enteramos antes de las elecciones de 2024. No hay duda de que los programas sociales, sobre todo entre adultos mayores y jóvenes, han contribuido enormemente a la popularidad de López Obrador entre esos sectores de la población.
Pero sería interesante saber si eso ha sido en detrimento del gasto social para los demás sectores –mayoritarios– de la sociedad mexicana.