La fiscalización de las precampañas en Coahuila, ¿va en serio?
El domingo pasado en este mismo espacio se abordó con una pregunta el ámbito político de la precampaña para Gobernador que terminó luego de 30 días de proselitismo: ¿quién de los presuntos opositores con sus acciones y omisiones ayudó más al PRI y aliados a ponerse más cerca de ganar la elección?
Si bien en esencia se trató de una fase dirigida a militantes y simpatizantes, alcanzó irremediablemente a toda la población de Coahuila. Tan absurdo como si un espectacular ubicado en una zona donde diariamente circulan 400 mil personas pudiera ser exclusivo para los afines a un partido político que por ahí pasan.
Mismo caso de una pauta publicitaria en televisión abierta: imposible diferenciar la preferencia de unos y otros en el auditorio cuando la propaganda viaja por el espectro radioeléctrico.
Pero falta por analizar el aspecto técnico, en este caso la fiscalización de las precampañas que realiza como facultad exclusiva el Instituto Nacional Electoral. Ahí es donde los hallazgos revelan datos interesantes.
Por principio de cuentas, Armando Guadiana reportó haber gastado 2 millones 930 mil 786 pesos por 74 operaciones a favor de Morena. El que más dinero invirtió en dicha etapa, con información actualizada al 15 de febrero. A su vez Evaristo Lenin Pérez declaró la cifra de 1 millón 679 mil 595 pesos entre 24 operaciones bajo el emblema de UDC, sin recursos recibidos del Partido Verde.
Por su parte Ricardo Mejía 1 millón 401 mil 274 pesos distribuidos entre 42 operaciones abanderando al PT. Y finalmente Manolo Jiménez la cifra de 2 millones 364 mil 965 pesos, compuesta por 2 millones 123 mil 766 del PRI, 201 mil 434 del PAN, y 39 mil 765 del PRD, con 66 operaciones entre los tres.
Movimiento Ciudadano, cabe señalar, no participó en la precampaña con aspirantes a Gobernador. Se borró voluntariamente de la competencia. Como detalle curioso, Manolo no tuvo eventos con el PRD, así como Lenin tampoco con el Partido Verde.
Aunque ambos emblemas, por increíble que parezca, representan una base de 25 mil votos en la entidad constantes en cada proceso electoral estatal, y definitorios tratándose de competencias muy cerradas, que no se vislumbra en esta ocasión a diferencia de 2017.
Considerando el tope de gastos que fue anticipadamente fijado en 8 millones 481 mil pesos, el margen tan amplio de distancia entre lo que manifiestan haber gastado y el límite, da oportunidad a rectificar y anexar faltantes sin riesgo de ser rebasada la cantidad y negada la candidatura por ese motivo.
No obstante, en los reportes que deberán ser aprobados por el INE antes del inicio oficial de las campañas hay situaciones anómalas, específicamente de un aspirante, el de siempre: Mejía Berdeja.
Mientras los reportes de precampaña de Guadiana Tijerina, Jiménez Salinas y Pérez Rivera, dan cuenta de contrataciones, eventos, origen de las aportaciones, redes sociales y propaganda exhibida en páginas de internet, operativos de la precampaña, propaganda en vía pública y utilitaria, los de Mejía nada dicen. Todo fue englobado mañosamente bajo el concepto “propaganda”.
Cortita y al pie
Cito un ejemplo. El arranque y el cierre de la precampaña de Mejía Berdeja, en Torreón ambos, con movilización ciudadana y reparto a ojos vistos de insumos, fueron registrados para su fiscalización en ceros como “eventos privados no onerosos”, en ese afán de ocultar intereses y evadirse que ha mostrado desde su irrupción en Coahuila, en abril del año pasado.
Ni un peso gastado tampoco en producción audiovisual, que sí existió y consta en publicaciones, ni gasto en espectaculares, siguiendo la negativa de transparentar sus acciones, deliberada previamente a propósito de los más de 100 espectaculares con publicidad engañosa que a su favor fueron colgados desde 2022 por todas las regiones del estado (algunos de los cuales a la fecha no han sido retirados, desacatando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al IEC, y al Tribunal Electoral de Coahuila).
La última y nos vamos
¿Le cuantificarán y agregarán de oficio esos montos? ¿Va en serio la fiscalización del INE como sí lo fue durante 2021, al grado de negar el registro a decenas de aspirantes por la omisión dolosa de presentar informes, o en 2023 se trata de una mera simulación?