Construir acuerdos
La actitud del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en su disputa con Andrés Manuel López Obrador, jefe de Estado y de Gobierno, es la de quien trata de apagar el fuego con aceite. El escenario político que avizora es apocalíptico para la democracia e incluso para la paz y la estabilidad del país, pues advierte riesgos de «anulación y violencia para 2024». El llamado al Congreso para detener las reformas a las leyes secundarias aprobadas en diciembre y las que aún están en proceso (plan B) es pertinente, pero frente a la retórica provocadora e incendiaria de AMLO debe imponerse la sensatez. Hacerle el juego al Presidente desvía la atención de los temas sustanciales y lleva el debate a los fangales.
Por diseño constitucional, el Presidente de la República es la figura dominante. Si en algún momento el Ejecutivo federal estuvo supeditado al Congreso y a los gobernadores militares, Benito Juárez y Porfirio Díaz promovieron reformas para tomar el control, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles concentraron el poder y Lázaro Cárdenas consolidó el presidencialismo con la refundación del PNR en PRM como partido de masas. La influencia del general trascendió su sexenio y puso en apuros a varios de sus predecesores e incluso los acusó de desviar los objetivos de la Revolución. Como discípulo del michoacano, AMLO trata de reinstaurar la Presidencia fuerte y todopoderosa.
En su altercado con López Obrador, Córdova se encuentra en una posición de suma desventaja. Además de las ruedas de prensa matutinas, convertidas en tribunal inquisitorial donde se castiga los delitos contra la fe de la 4T, el Presidente utiliza el aparato estatal para imponer su voluntad. Córdova, como otros agentes, se ha granjeado la inquina presidencial por defender sus posiciones políticas. Para los sectores anti-amlo es el hombre providencial para salvar la democracia y proteger las libertades del Atila de la 4T y de sus hordas en el Congreso.
Para el Presidente y los sectores afines, Córdova es un farsante que utiliza al INE para defender intereses propios y del conservadurismo aliado de los Gobiernos del PRI y el PAN, beneficiarios de los «fraudes» electorales de 2006 y 2012. En el caso de la prensa, las opiniones también se dividen. Antes de las reformas propuestas por AMLO, tirios y troyanos censuraban al INE por su gasto excesivo en nóminas, prestaciones y servicios. En 2017, la presión lo obligó a cancelar la construcción de un edificio y devolver a la Secretaría de Hacienda mil 70 millones de pesos para asignarlos «en áreas prioritarias del Estado».
Hoy la situación es distinta. A falta de partidos y liderazgos aglutinadores, organizaciones contrarias al presidente López Obrador —algunas de ellas manipuladas— y ciudadanos libres han tomado las siglas del INE para abanderar sus causas y expresar su descontento. Desde la visión maniquea de AMLO, quienes se oponen a la reforma son los privilegiados del viejo régimen, sustentado en los fraudes electorales y en redes de complicidad; y quienes la respaldan representan a la mayoría de los mexicanos: los 30 millones que votaron por él en un proceso libre y democrático. Ahí la paradoja: los comicios los organizó el INE cuya estructura pretende alterar y eventualmente someter.
En el debate se han escuchado las voces con acceso a los medios de comunicación, pero no la de quienes tienen otro punto de vista. De acuerdo con una encuesta del INE, conocida a principios de noviembre pasado, más del 50% apoyaba la propuesta de reforma original, la cual planteaba sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Entre el 70 y el 90% aprobaba recortar el presupuesto y el número de consejeros del organismo, las prerrogativas a los partidos y la cantidad de diputados y senadores. La iniciativa no se aprobó y la respuesta fue el plan B, el cual, sin venir al caso, invade facultades de estados y municipios. El país necesita autoridades y agentes políticos que, en vez de enconar, serenen los ánimos, busquen convergencias y construyan acuerdos.