EL PLAN C. (Parte final)
Para el Presidente, para Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) poco o nada significaron las manifestaciones en las calles de casi medio millón de personas el 13 de noviembre pasado, y la del domingo 26 de febrero, en un mitin masivo en el Zócalo de la Ciudad de México y en por lo menos veinte ciudades del país, en rechazo a la reforma electoral denominada “Plan B”.
Y es que a pesar de lo anterior, precisamente el día de hoy entró en vigor dicha reforma electoral, por lo que con su vigencia se debe dar inicio al proceso de reestructuración y debilitamiento del Instituto Nacional Electoral.
Los cambios más trascendentes que prevé este “Plan B”, además de la reestructura del INE, lo es el despido del 84.6% de los empleados pertenecientes al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como la permisividad a los servidores públicos para que realicen expresiones proselitistas en todo tiempo, haya o no campañas.
Es evidente que por lo anterior, una gran parte de la población considera que esta reforma significa el comienzo de la aplicación de un perverso plan del presidente, su partido y los aliados, para limitar seriamente las facultades del INE en la organización de las elecciones, y con ello lograr que los resultados de los comicios sean siempre cuestionados, para luego desmantelar y terminar apropiándose del sistema electoral y manipular a complacencia los resultados de cualquier elección.
Ahora bien, debemos reconocer que dada la manera en que se estructuró y aprobó esta “reforma-plan B”, la misma resulta una tanto vulnerable a los ojos del poder judicial, dados los escasos fundamentos constitucionales con que se plantea, su evidente transgresión a la legalidad y hasta sus fallas en el proceso legislativo de aprobación, lo que significa que, a pesar de su aprobación, hasta hoy no ha quedado firme.
Es decir que, esta reforma o parte de ella, puede caerse o modificarse por consecuencia o virtud de los recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya han anunciado presentarán algunos partidos políticos, legisladores, el INE e incluso ciudadanos comunes.
Sin duda, de esto anterior el Presidente es consciente, por lo cual de manera conjunta a este plan b, ahora se ha inmiscuido en el recién iniciado proceso de renovación de los tres consejeros electorales del Consejo General del INE y de la presidencia, que para fortuna López Obrador, terminan su gestión.
Por lo anterior, se ha iniciado el necesario proceso de selección de estos nuevos consejeros. Tal cual lo dije en la entrega pasada, dicha selección se hará por medio de un comité técnico de evaluación, mismo que formará y propondrá las quintetas de las cuales saldrán los nuevos consejeros.
Pues bien, dicho comité ya fue integrado por siete personas, de los cuales el presidente de inmediato se encargó de que por lo menos cuatro de ellas le sean leales e incondicionales a él y a su ideología.
Es por todo lo anterior que considero, que ante la posibilidad de que el “Plan B” del Presidente sea anulado por la Corte, ahora este ha iniciado un “Plan C”, el cual evidentemente consiste en capturar al INE a través de sus consejeros. O lo que es lo mismo, si por fuera no pudo reventar al Instituto, lo que buscará ahora será acabarlo desde adentro, y eso es mucho más preocupante.