Los otros mil 819 millones entregados por la 4T al ‘cónsul’ en Saltillo, enlace con Nicaragua
El domingo pasado en este mismo espacio se publicó que, usando como coartada un regiomontano que posee desde 2019 una patente de “Cónsul Honorario” de Nicaragua en Saltillo: Elías Gerardo Valdés Cabrera, a su empresa de seguridad privada, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., y una serie de factureras y sociedades mercantiles creadas recientemente para triangular operaciones, constituidas en serie por él y sus socios, el Gobierno federal desvió 2 mil 756 millones de pesos entre finales de 2019 y mediados de 2022, producto transacciones originadas en la trinidad de la 4T-morena: CFE, la caja chica de su política energética y financiamiento; el Banco del Bienestar, la caja grande de su política clientelar; y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la política demagógica, a secas.
Pues aún hay más. Otros mil 819 millones 14 mil 951 pesos desembolsados a su favor en el mismo periodo, correspondientes a 15 instituciones distintas de la Federación: la Fiscalía General de la República (395 millones 143 mil 920 pesos, vía 42 contratos), Inegi (22 millones 960 mil 113 pesos), Capufe (8 millones 851 mil 124 pesos), Banjército (106 millones 790 mil 918 pesos), el Instituto Nacional de Migración (644 millones 863 mil 80 pesos), Banobras (4 millones de pesos), Lotería Nacional (18 millones 513 mil 112 pesos), Profeco (2 millones 365 mil 935 pesos), INEA (1 millón 762 mil 372 pesos), el Cide (6 millones 435 mil 804 pesos), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (23 millones 955 mil 972 pesos), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (439 millones 672 mil 298 pesos), el SAT (40 millones 297 mil 123 pesos), IMSS (37 millones 741 mil 623 pesos), y finalmente, 65 millones 661 mil 557 pesos de la Secretaría de Marina (Puerto de
Guaymas).
Así, en total, la suma da 4 mil 575 millones de pesos recibidos en tres años efectivos por los presuntos servicios prestados. O 240 millones de dólares. Un promedio de mil 525 millones de pesos cobrados al año, o 127 millones cada mes. Eso representa, para dimensionar, 4 millones 233 mil pesos diarios, o 176 mil 375 pesos por hora.
Y como se dijo aquí, además de SEICSA, en algunas de las adjudicaciones con la 4T participan en conjunto las razones sociales Business Anywhere Solutions, S.A. de C.V., y SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V.
El dueño de la primera, Pedro Arturo Blancas Velasco, constituyó tres razones sociales más para el factoraje financiero: Asesores Unidos Profesionales Recosar, E-business Infraestructura Corporativa Empresarial, y Recosar Servicios de Administración Corporativa Global, todas el 14 de mayo de 2019 en la Ciudad de México; y el socio de la segunda y a su vez representante legal en SEICSA, Miguel Ángel Solís Santillán, posee por su parte otras dos personas morales con el objeto social de vender seguridad privada en cualquiera de sus modalidades: Protección Pedregal, S.A. de C.V. (2019), y Eurydome de México, S. de R.L. de C.V. (2021).
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación desnudó el modus operandi del negocio, al concluir el 27 de enero de 2021 la fiscalización de la cuenta pública 2019, donde analizó específicamente un contrato del Instituto Nacional de Migración con SEICSA, identificado con el folio CS/ INM/001/2019, por 286 millones 279 mil pesos “para la prestación del servicio de vigilancia, protección y seguridad a los inmuebles y bienes muebles del INM”.
En su dictamen, la ASF corroboró que SEICSA “no tenía capacidad técnica, material y humana” ya que la empresa del cónsul honorario de Nicaragua en Saltillo no contaba con personal dado de alta en el IMSS y, para evadir obligaciones de seguridad social y subcontratar, usó a las referidas Business Anywhere Solutions, S.A. de C.V., y SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V.
Por si fuera poco, proporcionó reportes incompletos de su trabajo y solo 52 millones 783 mil pesos se justificaron en el registro contable del INM (lo cual significa que 233 millones 496 mil pesos fueron entonces pagos injustificados).
Mismo caso y resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a quien la ASF ordenó una auditoría externa del ejercicio fiscal 2020, periodo en que SEICSA recibió 152 millones 225 mil 827 pesos por el contrato DRM/ CS/002/2020.
Originalmente Valdés Cabrera, el cónsul sin atribuciones, fue socio de SEICSA con el 99% de las acciones en 2005 junto a su entonces esposa, Mónica Ivone González González con el 1% restante, y posteriormente, en 2012, modificó su porcentaje de participación reduciéndolo al 89%, quedando el 10% a favor de Gilberto Aguilera González y el 1% para Francisco Valdez Valdez (de 85 años).
Sin explicar altas ni bajas de la sociedad mercantil, Valdés Cabrera conservó para sí el 90% y Víctor Manuel Torres Moreno fue formalizado como nuevo dueño del 10% de las acciones el 16 de marzo de 2018. Este último dato es importante, pues Torres Moreno fungió como titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal a partir del 13 de enero 2018, y concluyó el sexenio de Peña Nieto como comisario de la División Regional de la misma dependencia. En 2022 se presentó sin éxito como aspirante al cargo de fiscal en dos entidades a la vez: Nuevo León y Estado de México, esta última donde reside.
Cortita y al pie
El 6 de febrero de 2019 se publicó en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Nicaragua, el nombramiento de Valdés Cabrera como Cónsul Honorario en Saltillo mediante acuerdo presidencial 16-2019. A partir de ahí la llave del presupuesto federal administrado por la 4T-morena se abrió en cascada. El 18 de enero del presente año, también fue nombrado cónsul honorario en Nuevo León, con sede en Monterrey, por acuerdo presidencial 12-2023.
En ambos casos la orden procede de Daniel Ortega Saavedra, del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien acumula 20 años en el poder presidencial, 15 consecutivos desde 2007 a la fecha, y previamente de 1985 a 1990.
Nicaragua es un pequeño país de Centroamérica con una población de 7 millones de personas cuya representación en el exterior es cada vez menor, aislado de la comunidad internacional. En el reconocido Índice Global de Democracia figura como un régimen autoritario, en la posición 143 de 167 países evaluados.
El Gobierno de México reconoce como sedes diplomáticas en territorio nacional su Embajada, en la Ciudad de México, y un consulado especial en Tapachula, la puerta de acceso a la migración de Centroamérica. Nada más. En contraparte, nuestro país cuenta con una embajada en Managua, la capital, cuyo titular es Guillermo Zamora Villa, octogenario miembro del extinto Partido Comunista Mexicano, nombrado en febrero de 2022 y en funciones de embajador desde julio del año pasado.
La última y nos vamos
El 15 de febrero Carlos Loret de Mola presentó en la plataforma Latinus un reportaje sobre los contratos (130, de acuerdo con la investigación de la reportera Tania Rosas) que ha recibido en México del Gobierno federal por “más de 3 mil millones de pesos”.
El asunto es más profundo: son 4 mil 575 millones de pesos en tres años, e interviene una red de sociedades mercantiles factureras para desviar recursos. ¿A Nicaragua?