Los negocios de cada proceso electoral en el IEC
El árbitro de Coahuila trae dinero para gastar (595 millones de pesos presupuestados en 2023) y salió de compras agitando la chequera.
Por estos días concluye la temporada de derroche. Luego de siete licitaciones públicas adjudicadas entre febrero y marzo, y todavía dos pendientes de reactivar luego de declararlas desiertas, el Instituto Electoral de Coahuila ha desembolsado 125 millones de pesos entre material electoral y didáctico, documentación, mobiliario, equipo de cómputo y la operación del PREP.
Lo básico para llegar en condiciones óptimas a la próxima jornada electoral del 4 de junio, se podría decir. Sin embargo existe un inconveniente que a la luz de los procedimientos aparentemente fiscalizados y transparentes no figura: pagó un sobreprecio de por lo menos 12.5 millones de pesos, el cual equivale al 10% del total. Como si se tratase de un diezmo implícito. O un derecho de piso explícito.
Antes de entrar en detalles cabe señalar que no existe una variedad amplia de proveedores a elegir en el ámbito electoral. Por el contrario, entre pocos acaparan contratos por servicios idénticos con los 32 organismos públicos locales electorales del país. Cada nuevo proceso electoral es una ruleta entre los mismos de siempre. De Tapachula a Tijuana. A veces las ganan unos, a veces otros. Las especificaciones técnicas, y especialmente los antecedentes y referencias que piden las convocatorias de licitación pública, cierran el círculo a más participantes.
Y si bien las empresas beneficiarias no incurren en prácticas monopólicas, a poco están de caer en ellas.
Justo es decirlo también: las elecciones cuestan. Y para ofrecer certeza necesitan apoyarse en elementos técnicos, no basta la voluntad ciudadana. No se pueden organizar sobre las rodillas y con materiales improvisados arguyendo economía de recursos como querría la 4T, por ejemplo. Austeridad que termina por maniatar al árbitro y romper la legalidad es ‘austericidio’. Una manzana envenenada con disfraz de buenas intenciones.
Pero en la entidad no es la primera vez que sucede. En 2020 se publicó en este mismo espacio que, durante la gestión de Gabriela de León Farías como presidenta, el IEC pagó ése año 39 millones de pesos a Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., de la Ciudad de México, por mamparas, urnas, marcadores y cajas para paquetes electorales. Un sobrecosto de 18 millones 310 mil pesos considerando que la misma sociedad mercantil había vendido en 2018 idénticos materiales al instituto en sólo 20 millones 690 mil pesos. Resulta increíble, por tanto, que se hayan encarecido 89% los productos en un plazo de sólo dos años.
A su vez en septiembre de 2020 el IEC adjudicó en 9 millones 545 mil 640 pesos los ‘kits anti Covid-19’ que fueron utilizados durante la jornada electoral del 18 de octubre a una sociedad civil encabezada por el ciudadano canadiense Ethen Emmanuel Laing, sin experiencia y representado por ex funcionarios panistas del Municipio de Saltillo en el cuatrienio 20142017. Un precio 100% superior a su valor entonces en el mercado al menudeo.
Así, en suma, alrededor de 23 millones de pesos fue la ‘ganancia’ entre ambos negocios.
Cortita y al pie
En el tema que nos ocupa, ya con Rodrigo Paredes Lozano al frente del Consejo General, destacan dos contrataciones en particular. La primera con Grupo Proisi, empresa saltillense que operará el Programa de Resultados Electorales Preliminares a cambio de 27 millones 457 mil 200 pesos, quien le cobró en 2022 al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca sólo 20 millones 880 mil pesos por el diseño, instalación, implementación y operación del PREP, pese a que su lista nominal es más amplia y compleja la extensión territorial a comparación de Coahuila, por tanto había más casillas y paquetes electorales que documentar.
La segunda, referente al “material electoral”, por 69 millones 470 mil 367 pesos con Corporativo ZEG, S.A. de C.V. Al respecto es pertinente contrastar que Hidalgo, con un padrón prácticamente igual al de Coahuila y por tanto idénticas necesidades, adquirió a través del Instituto Estatal Electoral una remesa similar el año pasado en 65 millones 981 mil 373 pesos con Cajas Graf, S.A. de C.V., otro de los ganadores habituales. Inclusive la “documentación electoral” se incluyó por el mismo precio, siendo que Coahuila pagó por separado 12 millones 521 mil pesos extras a Gráficas Corona.
Si bien Oaxaca e Hidalgo no eligieron diputados locales al mismo tiempo que Gobernador, ninguno de los dos casos justifica el dispendio en Coahuila.
La última y nos vamos
El último proceso electoral en el estado, el de 2021, había costado 499 millones de pesos. Dos años después la cifra ya va en casi 600 millones.
Por lo demás, ¿por qué al llegar a Coahuila se encarecen las cosas? ¿Es acaso la inflación? ¿O la variable conocida por todos: corrupción?