En un extremo, ‘vivienda sustentable’; en el otro, depredación campestre de Arteaga
Contrastes: por un lado se promueve la vivienda barata para trabajadores vía un modelo sustentable, basado en agua tratada, en el límite entre Saltillo y Ramos Arizpe, al norponiente de la capital, y por el otro caen en cascada proyectos para deforestar la sierra de Arteaga vía la edificación de fraccionamientos campestres exclusivos.
Convertida en oficialía de partes, han sido admitidos a trámite por la Semarnat tres nuevos desarrollos en La Suiza de México tan solo en 2023.
El 13 de febrero ingresó la manifestación de impacto ambiental correspondiente al “Fraccionamiento Campestre Montesanto”, el cual se pretende construir sobre 92 hectáreas, a 4 kilómetros de la localidad Huachichil. No obstante supone llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en un plazo de 7 años.
Tres días después, el día 16 del mismo mes, se presentó un documento más, denominado “Artesa”, el cual es impulsado por Breakaway Desarrollos Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V., con el objeto de destinar 125 hectáreas al mismo fin: fraccionamiento campestre, ubicado en un predio rústico del ejido El Diamante. En este caso proyectado a 10 años. Sin embargo para establecerse dicha obra implica desmontar “elementos de bosque de pino” y “remoción de vegetación secundaria”.
Y en días pasados, el 14 de marzo, se tramitó el “Fraccionamiento Campestre Las Alazanas-bosque Real”, con el mismo concepto de cabañas y casa club, cercano a la comunidad La Efigenia, en un terreno de 137 hectáreas. Como responsable figura el tamaulipeco avecindado en Saltillo, José Ángel Carrillo Reséndez.
Anteriormente, en 2022, habían sido gestionados el “Fraccionamiento Campestre El Diamante”, por Pablo Arturo Castro Flores, y el “Club Campestre Huella de Agua”, por Yoruba Capital, S.A. de C.V.
Asimismo, el 3 de octubre, fue autorizada por el Ayuntamiento de Arteaga una licencia de uso de suelo “agropecuario”, no para sembrar manzanas, sino para que “continúe como fraccionamiento campestre” (lo cual a todas luces es absurdo) un predio identificado como Rancho Santa Cruz, en el cañón de La Roja.
Se trata de una zona geográficamente privilegiada, adyacente a Terra Serena. El referido documento se expidió a favor de Sergio Enrique Lomelí Valdés, dueño de Terra Serena, y tiene una vigencia de 180 días.
Y en el Pueblo Mágico, por lo demás, nada cambia. Del 2 al 21 de diciembre del 2021, es decir, a escasos 10 días de concluir la administración del segundo Durán consecutivo, el Municipio autorizó de manera exprés adecuaciones de terrenos, fusiones y subdivisiones de lotes en beneficio de empresas y particulares vinculados al funcionario encargado de realizar dichos trámites: Alfonso Treviño Medrano, entonces director de Desarrollo Urbano y Catastro.
Cabe señalar que anteriormente dichas dependencias, Catastro y Desarrollo Urbano, estaban vinculadas en una misma oficina, lo cual favorecía la especulación inmobiliaria para quien tuviese acceso a esa información de primera mano.
Fueron 58 documentos gestionados ante la mencionada Dirección, los cuales representan alrededor de 2 millones de hectáreas en suma. Entre los folios aprobados destacan 14 a favor de la misma persona moral (Vive Terra Serena, S.A.P.I. de C.V.) para la subdivisión de 136 mil metros cuadrados en total, quien explota un millonario desarrollo inmobiliario en el cañón de La Roja: el Fraccionamiento Terra Serena II, una zona con alta plusvalía... que no siempre fue así.
Como se recordará, desde su posición Treviño Medrano autorizó mediante procedimientos exprés licencias de uso de suelo y construcción en 2020, al modificar la naturaleza de 1895 hectáreas tipo agropecuario a corredor urbano, habitacional, para el comercio y servicios, lo cual automáticamente incrementó el valor de los predios en beneficio de Terra Serena I. Lo anterior se publicó el 7 de agosto de 2020 en Zócalo y Tele Saltillo.
En este mismo espacio se ha documentado también un compendio de inmuebles en Arteaga que simultáneamente desarrolla desde 2019 el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. En el tema que nos ocupa, fraccionamientos campestres, existe uno en su lista: la parcela 5 del ejido La Efigenia, sobre una superficie de 242 mil 853 metros cuadrados, como consta en el oficio 06A/020/2022U, de la dirección de Desarrollo Urbano del Municipio.
El 22 de febrero de 2022 le fue autorizada una licencia de uso de suelo, modalidad “agrícola”, pero “compatible con el proyecto”.
Cortita y al pie
A su vez el 16 de diciembre del año anterior la dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, a cargo de Artemio Alejandro García, autorizó a Vineyard San Antonio, S. de R.L. de C.V., sociedad mercantil recién constituida (10 de mayo de 2022, en la Notaría 21 de Saltillo), una licencia de uso de suelo identificada con el folio 06A/331/22 U, para desarrollar un fraccionamiento campestre de 52 hectáreas en San Antonio de las Alazanas, sobre unos predios denominados Labor de los Carrillos y Labor del Tecolote.
La persona moral pertenece a Francisco Xavier Flores Valdez y Daniel Eduardo Sepúlveda González, socios al 50 % de las acciones, con domicilio fiscal en Saltillo y el objeto social de hacer negocios de cualquier tipo sobre inmuebles aunque centrada en la construcción. Y aquí viene lo interesante: el primero de los dueños referidos es sobrino de Humberto Moreira y cónyuge de Yadira Anabell Torres Leza, ex subsecretaria de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Coahuila, durante la etapa cuyo titular era Héctor Javier Villarreal Hernández.
La última y nos vamos
La fiebre del oro inmobiliario llegó antes que Tesla. Sobre cómo fueron adjudicados los terrenos y quién facilita las operaciones en complicidad, se hablará en posteriores columnas.
Gentrificación rural, se llama el juego.