Otorgan ‘poder sin control’ para deportar
Podrá Gobierno de EU realizar envío exprés de migrantes a México
El Tribunal Supremo de Estados Unidos reforzó ayer la capacidad del Gobierno del presidente Donald Trump, para deportar rápidamente a indocumentados, al concluir que los solicitantes de asilo no pueden recurrir a cortes federales si se les niega ese amparo nada más ser detenidos.
La decisión, que en la práctica limita los derechos legales de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur y de algunos que ya están dentro de EU, concede una victoria a Trump apenas una semana después de que el Supremo le propinara un revés en el caso de los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.
La sentencia da aliento a la larga campaña de Trump para coartar el derecho de los indocumentados de solicitar asilo en EU, y confirma la tendencia del Supremo a respaldar esa estrategia: en marzo, la corte dejó en pie el programa que envía a miles de migrantes a México a esperar sus citas ante jueces de migración.
Por 7 votos a favor y 2 en contra, la mayoría conservadora del alto tribunal concluyó que “un extranjero en el umbral de entrada al país no puede reclamar grandes derechos bajo la cláusula de debido proceso” de la Constitución estadunidense, en palabras del juez que escribió el caso, Samuel Alito.
Una de las dos juezas que votó en contra fue la hispana Sonia Sotomayor, que alertó de que la decisión concederá un poder “sin control” al Gobierno federal y “aumentará el riesgo de decisiones migratorias erróneas” por parte de los agentes migratorios en la frontera, que puedan contravenir las leyes y tratados del país.
“Este país ha reafirmado una y otra vez su compromiso a proporcionar santuario a aquellos que escapan de la opresión y la persecución”, y eso no es coherente con el fallo de este jueves, lamentó Sotomayor.
El origen
El caso implicaba a Vijayakumar Thuraissigiam, un miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka que fue detenido en 2017 en San Ysidro, California, a pocos metros de la frontera con México, y solicitó asilo.
Su petición se tramitó bajo un proceso llamado de “deportación expedita” que desde 1996 permite al Gobierno agilizar, sin la supervisión de los tribunales, la expulsión de aquellos indocumentados que hayan cruzado la frontera en las últimas dos semanas y sean detenidos a menos de 160 kilómetros de ese límite.
Thuraissigiam argumentó que le habían torturado y tenía un “miedo creíble” de persecución si le deportaban a su país, un requisito imprescindible para obtener asilo. Cuando el Gobierno rechazó su solicitud, el inmigrante presentó una petición de “habeas corpus” ante una corte federal, y el caso llegó hasta el Supremo.
Muchos expertos en inmigración temen que el precedente de Thuraissigiam no solo se aplique a los indocumentados sujetos a procesos de deportación exprés en la frontera, sino también a muchos de los detenidos dentro de EU por los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
Dentro de sus esfuerzos para expandir al máximo las “deportaciones expeditas”, Trump anunció el año pasado que ese proceso se aplicaría también a aquellos indocumentados detenidos en todo el territorio de Estados Unidos y que llevaran menos de dos años en el país.