Secuelas de la pandemia: la forzosa reingeniería
En México, a raíz de los cambios que están experimentando los mercados, las empresas que se distinguen por su elevada productividad y lideran en los sectores o ramas económica en donde participan, están destinando elevados ingresos para llevar a cabo estudios de reingeniería y así no perder su posición en el “top ten” del ranking de ventas. Las consultorías responsables de ese trabajo “saben” cobrar y, tal vez por “malinchismo”, los empleadores han seleccionado, generalmente, compañías transnacionales, con oficinas en este país.
Los negocios, después de conocer las propuestas para minimizar costos, que seguramente influirán en la mejora de su competitividad, optan por mejorar la liquidación de su personal a través de incentivos económicos. Se tiene el caso de una armadora de vehículos que ofrece al trabajador que cumple 20 años de servicio, doblarle el porcentaje (200%) de lo que le correspondería por ley, una forma “elegante” y quizá “justa” de reducir la plantilla laboral.
Otros, en cambio, más rigoristas, despiden a su personal en aras de ahorrar, simplemente conforme a lo que estipula la Ley Federal del Trabajo (LFT). Pero siempre hay excepciones a la regla: empresarios que antes de destruir fuentes de trabajo, orientan sus políticas a mejorar sus sistemas de producción o comercialización, mediante la capacitación de sus empleados, maximizando el rendimiento de los servicios (energía, agua…), o lanzando campañas publicitarias más agresivas dirigidas a sus clientes, etcétera. Esta actitud, pensar y actuar de esa manera, “encanta” a los académicos e investigadores universitarios, que comulgan con los ideales de los “apóstoles” y teóricos del humanismo. Parafraseando al Sr. Jesús en una de sus constantes confrontaciones con escribas y fariseos: la economía se hizo para el hombre, no el hombre para la economía.
El convulsionado entorno económico que se vive, y los cambios estructurales que realizan las empresas para sobrevivir, parece ser que no han influido en las universidades públicas del país. Desde luego que las instituciones de educación, de ninguna manera se pueden catalogar como empresas, porque sus intereses no responden, o al menos teóricamente, al lucro o rentabilidad financiera. No obstante, otra cosa muy distinta es perder de vista la maximización de sus presupuestos y abstenerse de realizar reingenierías, así como minimizar las investigaciones que coadyuven al desarrollo de la salud del mexicano.
Un paradójico ejemplo ha sido el de las instituciones que reciben mayor presupuesto federal (UNAM, IPN), en relación con las universidades de “provincia”. Sus institutos de ciencias biológicas y centros de investigación médicos se han mantenido al margen en el desarrollo de vacunas contra el virus, que ha “matado” a más de 220 mil mexicanos. No se duda de la capacidad de sus investigadores, sino es probable que en la agenda de sus investigaciones consideren otras prioridades de carácter más técnico que social.
En el caso de nuestra “alma mater” (UAdeC), esperemos que la administración que recién empieza su segundo periodo, pronto dé a conocer su plan de trabajo, que incluya la reingeniería en los sistemas y procesos que optimicen los recursos que recibe, justificando la pertinencia de cada espacio laboral, evitando la duplicidad de funciones.