A 10 años del Manantial Masacrado, su lógica consecuencia: el Manantial apropiado
El Manantial Masacrado, un reportaje así titulado y difundido en Vice por Diego Enrique Osorno, arrojó luz en 2014 a un suceso que por tres años se mantuvo en la sombra: la masacre de Allende, Coahuila, ocurrida entre los días 18 y 22 de marzo de 2011. Hace una década exactamente.
Posteriormente otros trabajos académicos y periodísticos abordaron el tema desde su génesis hasta otros aspectos tangenciales. En 2014, por ejemplo, se publicó el libro Ni vivos ni muertos; La desaparición forzada en México como estrategia de terror, de Federico Mastrogiovanni, quien identifica patrones comunes de desapariciones masivas y forzadas en áreas clave de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Como consecuencia del terror, argumenta el autor italiano, algunas personas que viven en la zona se sienten presionadas para dejar sus tierras y guardar silencio debido a la violencia que generan los grupos criminales y la inacción del Gobierno. Estos territorios vacíos pueden ser entonces utilizados por otros para la extracción de recursos. Cito un párrafo esclarecedor: “Con la recién aprobada Reforma Energética, el país está listo para recibir inversión extranjera para la explotación de recursos centrales como el petróleo y el gas shale, en zonas donde la gente ni siquiera sabe en qué consisten esos grandes proyectos, y tampoco sospecha que estos se aplicarán en donde antes hubo ranchos ganaderos, tierras de cultivo, pequeñas comunidades que hoy son pueblos fantasmas, y que después de haber sido expropiadas mediante el terror a sus habitantes originales, hoy quizá están escrituradas a nombre de políticos y hombres de negocios que ganarán muchos dinero con la industria de los hidrocarburos”.
Por su parte, Guadalupe Correa Cabrera estudia el fenómeno delincuencial en la frontera norte de México en su obra Los Zetas Inc.; La corporación delictiva que funciona como empresa trasnacional, y luego de desarrollar exhaustivamente la hipótesis del conflicto dirigido y la desestabilización intencionada, presenta una conclusión interesante que coincide con lo abordado previamente por Mastrogiovanni: “La guerra en México ya ha dejado vacías algunas de las importantes tierras ricas en hidrocarburos que ahora están disponibles para inversionistas energéticos potenciales.
Asimismo, demuestra cómo una yuxtaposición entre los mapas de recursos energéticos en México, y de presencia de grupos paramilitares criminales en el territorio, permite identificar una coincidencia de puntos asombrosa.
Entre otros elementos utilizados en su libro editado en 2017, la autora transcribe una carta, estructurada y elocuente, recibida de forma anónima el 20 de enero de 2014, y firmada por “los residentes de la Ribereña” (esa región que recorre la orilla del río Bravo desde el lado mexicano, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y su colindancia con Texas). El documento enumera 21 conclusiones interesantes, de las cuales destacaría tres:
1.- “Era motivo de sorpresa que mientras el Ejército Mexicano se acuartelaba, y horrendos enfrentamientos armados se desarrollaban por la noche y por varias horas en las calles de nuestras comunidades, a simple oído se escuchaba el ruido de motor de aviones (suponemos que espías, no tripulados) que sobrevolaban las áreas de batalla aparentemente con pleno conocimiento de los hechos. ¿Ubicando, controlando, inspeccionando, dirigiendo, orientando, apoyando?”.
2.- “La presencia y actuación del Ejército Mexicano solo al término de los enfrentamientos armados entre delincuentes, dejó muchas dudas entre la población civil, sobre todo cuando algún elemento militar de los que acordonaban el área en el lugar de los hechos, presumía a los mirones o afectados, que a tal o cual grupo delictivo desde el día anterior, ellos (el Ejército), lo habían detectado desplazándose hacia los puntos donde finalmente se daba el enfrentamiento, como si el solo hecho de detectar la presencia de las caravanas de camionetas repletas de delincuentes demostrara la eficacia de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas federales han sido en este conflicto simples espectadoras”.
3.- “En la mayoría de los enfrentamientos armados entre delincuentes, uno de los grupos rivales se trasladaba hasta el lugar de los hechos desde distancias mayores a 50 o más kilómetros a través de carretera o brechas, con vehículos de blindaje rústico de difícil movilidad y camionetas de reciente modelo en caravana, con provisiones consistentes en varias toneladas de municiones, armas, combustible, y jamás fueron detectados en el trayecto, mucho menos enfrentados por ninguna autoridad federal, aun en el entendido de que las batallas se desarrollaban encima de la sociedad civil, quien finalmente sacaba la peor parte. Y lo peor, al término del enfrentamiento y después de haber disparado miles de balas y cientos de bombazos que se escuchaban a 10 kilómetros a la redonda durante más de cuatro ó cinco horas, los sobrevivientes regresaban al amanecer a sus madrigueras de la misma forma como habían llegado: con vía libre por brechas y carreteras sin ser interceptados ni molestados por nadie”.
Justo lo que sucedió en Allende hace 10 años.
Cortita y al pie
Pero pongamos, pues, los acontecimientos encima de una línea del tiempo: la violencia escaló a niveles inéditos en Coahuila de 2007 a 2013. Luego la Reforma Energética de 2013 permitió el ingreso de capital privado y extranjero, al negocio de los hidrocarburos. Entre enero y mayo de 2017, a su vez, el Gobierno del Estado enajenó a título gratuito hectáreas de terreno a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la zona, para la defensa, ahora sí, del territorio antes vulnerado: dos terrenos en Nava, de 11 y 27 hectáreas respectivamente, así como uno más en Allende, de una hectárea, otro en Guerrero de las mismas dimensiones, y un último en Juárez, también de 10 mil metros cuadrados.
Cito a Mastrogiovanni: “Después de los años de terror y desplazamiento forzado, llega un momento de paz aparente en el que baja el nivel de violencia, o por lo menos baja en los medios de comunicación y la percepción colectiva. En los territorios de interés estratégico entran formalmente el Ejército o las fuerzas de policía, y ocupan ‘legítimamente’ territorios”.
En el inter, sin embargo, la tierra (con gas en el subsuelo) en la cuenca de Sabinas y Burgos pasó a manos privadas a favor de propietarios no identificados, so pretexto de la regularización de la tenencia. Particularmente en Los Cinco Manantiales, una región otrora abundante en agua.
Así el elemento central en la trama, el territorio, sufrió modificaciones en la propiedad a lo largo de los fatídicos años. En 2010 fueron regularizadas gratis 307 hectáreas en el municipio de Juárez, según lo publicado en los periódicos oficiales del 14 y 21 de mayo. Ese mismo año 89 hectáreas fueron entregadas a título gratuito en el municipio de Hidalgo, cinco en Villa Unión y cinco más en Nava. En 2013 ocurrió la mayor enajenación de predios que, se dijo, “no se encuentran inscritos a favor de persona alguna”. Así en el municipio de Guerrero fueron adquiridas 64 hectáreas, siete en Morelos, una en Villa Unión, 10 en Zaragoza y 53 en Progreso. Como colofón, en 2016 fueron asignados “inmuebles vacantes” en Allende, con una extensión de 52 mil metros cuadrados, como consta en documentos en poder de quien esto escribe. Todo en el anonimato.
Como denominador común, salvo Nava, el resto de los municipios mencionados sufrieron despoblación entre 2010 y 2020 de acuerdo con el último Censo del Inegi. Así la hipótesis del desplazamiento forzado se cumple al pie de la letra.
La última y nos vamos
Por lo demás, el círculo no se ha cerrado y el negocio no se ha consumado, pues el Gobierno federal ha frenado desde 2019 y hasta el momento las actividades extractivas. Aunque el trabajo sucio ya está hecho y hoy, a 10 años, conviene recordarlo.