Todos los caminos llevan a Slim
En el escándalo de la fallida construcción de la Línea 12 del Metro, todos los caminos llevan a Carlos Slim. Su empresa Carso Infraestructura fue la responsable de construir el tramo que se vino abajo el 8 de mayo.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene todos los elementos en la mano para fincarle no solo responsabilidades civiles, sino penales. Pero negociará para no dañar al hombre más rico de México.
El arreglo con el magnate podría enfilarse en tres direcciones: económica, penal y civil. No hay manera de evadirse porque existen documentos que comprueban que Slim supo de las irregularidades.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que cobrar a Carso la obra dañada, que se va a tener que demoler y volver a construir, con cargo a Slim, so pena de ser demandado por vicios ocultos.
Va a tener que asumir la responsabilidad penal, porque la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que lleva Ernestina Godoy, es imposible que obvie la obligación de los encargados de la constructora de Slim.
Y deberá indemnizar no solo a las familias de las 26 personas que murieron y los 79 que quedaron heridos, sino hacer frente a una demanda colectiva multimillonaria que se está preparando en Estados Unidos.
El reportaje del New York Times abrió la puerta a esa vía, porque las conclusiones a las que llega el periódico coinciden con los primeros peritajes de la investigación de la empresa noruega DNV.
Si el juez de Nueva York acepta la demanda que hasta ahora 14 familias están promoviendo, el asunto ya no lo podrá ni negociar ni parar Slim, como se cree lo empezó a hacer aquí con la gente de la 4T.
Tras los sismos de septiembre de 2017, el entonces Gobierno de Miguel Ángel Mancera recibió un dictamen del estado de la Línea 12. Hablaba ya de fallas estructurales en el tramo que se cayó.
El Jefe de Gobierno ya sabía desde entonces que el viaducto elevado que se colapsó el mes pasado ya estaba “tocado”, lo que quedó corroborado también con un memorando fechado el 2 de octubre.
Dirigido al entonces director del Metro, Jorge Gaviño, se sugería informar a Slim sobre las fallas estructurales detectadas. Incluso se proponía que Carso se hiciera cargo de la reestructuración de la línea.
Ello demuestra que desde 2017 se conocía del riesgo que significaba el tramo que se vino abajo y que hoy pega en el índice de flotación del grupo empresarial más influyente del país y del corazón de la 4T.
Sin embargo, nadie hizo nada por evitarlo.
EFECTIVAMENTE, HAY PLÁTI
CAS entre el sindicato de pilotos y Bank of America Merrill Lynch (BofA) para que este último adquiera parte de los derechos que posee la
ASPA como acreedor en Aeroméxico. Ese estatus quedó plasmado en los acuerdos ante la Corte de
Quiebras de Nueva York. Es un derecho que ahora el gremio que lidera José Humberto Gual está queriendo vender al banco que dirige aquí Emilio Romano, quien vaya que conoce el negocio de la aviación: fue director de Mexicana entre 2004 y 2007. ASPA aportó 340 millones de dólares que puede convertir a acciones de la aerolínea que dirige Andrés Conesa cuando salga de la reestructura. Pero el mismo camino de los pilotos pueden seguir los sobrecargos que lidera Ricardo del Valle y los trabajadores de tierra que encabeza Tomás del Toro. Los primeros aportaron 190 millones y los segundos 67 millones de dólares. Pero al igual que BofA puede acercarse otro fondo o banco.
PUES CON LA novedad de que no hubo reestructura de créditos en el caso de Cinemex, la cadena que dirige Rogelio Vélez. Tan sencillo como que Germán Larrea sacó la chequera y liquidó con recursos propios a los seis bancos comerciales. La empresa quedó limpiecita. El dueño de Grupo México pagó un total de 3 mil 714 millones de pesos, casi en tranches iguales, a Banorte, que preside Carlos Hank González; Santander, que maneja Héctor Grisi; Sabadell, que conduce Francisco Lira; HSBC, a cargo de Jorge Arce, BBVA, que comanda Eduardo Osuna, y Scotiabank, que capitanea Adrián Otero. La operación se cerró en la tercera semana de mayo con la asesoría de Deloitte, que lleva Francisco Pérez Cisneros, y el bufete Galicia Abogados, de Manuel Galicia.
EL PROCESO QUE ya se congeló es la venta de Kio Networks, de María Asunción Aramburuzabala. Desde finales del año pasado está en marcha, pero en las últimas semanas quedó en punto muerto. Los potenciales interesados han pedido a Goldman
Sachs más información, pero el agente vendedor que comanda aquí Manuel Camacho Velasco les responde que la compañía no la entrega. El quid de la situación es que Kio, que dirige Sergio
Rosengaus, cada día pierde más valor. De mil millones las ofertas no vinculantes rondaron los 800 millones de dólares, pero de hace unos tres meses. Están interesados los fondos GIC de Singapur, la caja de pensiones de Quebec CDPQ, Blackstone y Equinix.
DAIMLER VEHÍCULOS COMER
CIALES, Gigante, el Tecnológico de Monterrey, Mota Engil, la Iglesia de Jesucristo, PYASUR, Cometra, Industrializadora Integral de Agave, son tan solo algunas de las 360 empresas contribuyentes que se encuentran en un listado de la Secretaría de
Hacienda que se fueron a refugiar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon) para no pagar impuestos. En esa instancia que encabeza interinamente Luis Alberto Plascencia hay acuerdos conclusivos en trámite por hasta 50 mil millones de pesos en proceso. Es una veta que tanto el SAT de Raquel Buenrostro, como la Procuraduría Fiscal que encabeza Carlos Romero, ya trabajan.
Y YA QUE hablamos de Hacienda, no descarte que Rogelio Ramírez de la O realice una reestructura.
De entrada recuperar la Subsecretaría de Ingresos que el Gobierno de la 4T desapareció. Hoy sus funciones casi inexistentes las tiene la Subsecretaría del ramo, a cargo de Gabriel
Yorio. Ramírez de la O sabe que necesita recuperar el control vía Ingresos y avanzar hacia un modelo similar al IRS de Estados Unidos, pero no cediendo todo al SAT. No es verdad que Raquel Buenrostro y Ramírez de la O sean empáticos como lo refirió la primera. La reforma fiscal es un asunto en el que se va a meter a fondo. No descarte el nombre de Alejandro Reynoso como un posible alfil del nuevo secretario.
AYER LA ACCIÓN de Posadas cerró con una ganancia de 2.13%, raro porque son de esos títulos que no se mueven, lo que denota cruces de acciones. Le decía que la compañía que dirige José Carlos Azcárraga está muy activa tras bambalinas. Desde que comenzó la pandemia informó a los tenedores de su bono, cuyo comité adhoc ya lidera David Martínez de
Fintech, que realizaría ajustes en su estructura. Los hoteles de playa están recuperando su dinámica, mas no los de ciudades. El año pasado cerraron tres Fiesta Inn y en lo que va de este bajaron la cortina del Fiesta Inn Express de Puebla y el Fiesta Americana del Aeropuerto de Toluca.