Falta de transparencia y crecimiento económico
El pasado 22 de noviembre, la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos emitió un acuerdo por el que, a partir de su entrada en vigor, se consideran de “interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras del Gobierno que versen sobre comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, entre otros. El asunto es que, según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información pública (es decir, toda aquella generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados, como el Poder Ejecutivo) podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional.
Más aún, según la misma Ley, el acceso a la información es un derecho humano consistente en solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Esto quiere decir que el anterior acuerdo atenta contra este derecho humano previsto incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en general, inhibe la consolidación democrática de nuestro país, al dar paso a la opacidad y a la corrupción.
La corrupción es un “mal” para el cual, las y los mexicanos, no hemos encontrado cura efectiva. Esto es respaldado por la calificación que tiene nuestro país en evaluaciones como el Índice de Estado de Derecho 2021 de The World Justice Project (lugar 135 de 139 naciones); en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional (lugar 124 de 180 países); en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021 de AS/ COA y Control Risks (lugar 11 de 15 países de América Latina), entre otros.
Dejando claro que existe un marco generalizado de corrupción en nuestro país, los problemas son, entre otros, los efectos económicos que esta tiene. Por ejemplo, Claudio Orrego Larraín señala que este fenómeno desalienta la inversión en la economía, ya que los inversionistas evitan ambientes inestables e impredecibles, además de que la corrupción tiene un costo que se equipara a un impuesto adicional de 15 por ciento. Además, hay desigualdad en la distribución de los ingresos al beneficiar únicamente a quienes participan de ella y puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentual por año, según el Banco Mundial.
Por estas razones es que, aquellos actos tendientes a reducir la transparencia en el actuar de los gobiernos, no solo dan paso a la opacidad y, por ende, a la corrupción, sino que además son un obstáculo para el desarrollo económico. Esto, sin mencionar los efectos políticos y sociales que traen aparejadas estas decisiones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió sobre el riesgo de corrupción e incertidumbre que provoca este decreto que atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país, pues si bien se busca acelerar las autorizaciones para iniciar proyectos y obras del Gobierno, se está dejando de lado la calidad y viabilidad de estos proyectos en el mediano plazo.