Los sobornos de Vitol
En julio de 2020, un agente especial del FBI declaró ante una corte en Nueva York como había investigado un esquema de sobornos a petroleras en América Latina cuyos pagos pasaron por territorio de Estados Unidos. Con su equipo, el agente encontró que la multinacional de energía Vitol pagó sobornos a la empresa petrolera de Ecuador. Más tarde, supieron que también lo había hecho en México.
Para obtener contratos, Vitol hizo los pagos ilegales usando empresas de papel en las Islas Vírgenes. El intermediario principal era Javier Aguilar, un mexicano que se había naturalizado como ciudadano de EU y vivía en Houston.
Poco después, acusaron a Aguilar en el caso. El juez le impuso una fianza de 100 mil dólares para que siguiera el proceso legal en libertad. A mediados de 2021, acusaron a otro hombre, Carlos Espinosa, un mexicano que trabajó en Pemex Procurement International (PPI), una filial en el oscuro esquema de Pemex Internacional, que oficialmente forma parte de Pemex pero es una empresa privada, registrada en Delaware.
La acusación contra Espinosa dice que aceptó sobornos para garantizar que Pemex diera a Vitol megacontratos para proveer etano, como publicó primero, hace años, Quinto Elemento Lab. En los cargos, se explica que Espinosa vivía en Houston y, en 2017, hizo los arreglos corruptos con Aguilar. Para entonces, Espinosa era gerente de adquisiciones de PPI.
Revisé más de mil páginas de documentos judiciales del caso. Allí se explica cómo Vitol utilizó a dos intermediarios, empresas fachada y cuentas bancarias en varios países para mover el dinero y pagarlo a Espinosa y Gonzalo Guzmán, otro empleado de PPI.
El acuerdo sucedió durante varias reuniones en Houston, que comenzaron en 2017. El objetivo era negociar los contratos multimillonarios de suministro de etano, que terminaron firmándose en 2018. Los acuerdos incluían que Vitol iba a pagar unos 600 mil dólares a Espinosa y Guzmán por “ayudarles” a conseguir los contratos. Para pagar los sobornos, Vitol mandó primero dinero a un intermediario, con una cuenta en Curazao, luego a otra cuenta también allí y finalmente a una tercera, en México. Supuestamente, el dinero llegaba a los funcionarios como “pagos de consultorías” o se depositaba a cuentas de sus parientes en Texas. En 2023, otra acusación en Texas describió los delitos de forma similar.
Durante los últimos dos años, el caso legal en Nueva York incluyó un largo debate sobre si los sobornos debían juzgarse en México, por tratarse de funcionarios mexicanos y una empresa productiva del Estado. Tanto Espinosa como Guzmán se declararon culpables. Lo interesante es que buena parte de los argumentos legales se centraron en que Espinosa y Guzmán “no eran funcionarios de Gobierno” y que PPI no es una “entidad estatal mexicana” y no le aplican leyes anticorrupción.
En febrero, un jurado en Brooklyn condenó a Aguilar.
Su defensa debía enviar la apelación antes de la sentencia este próximo lunes, 1 de abril, pero el juez aplazó la fecha límite. Mientras se decide la suerte de este intermediario de Vitol, este juicio es una ventana valiosa sobre los riesgos de este esquema de empresas de Pemex en Texas, con registros en Delaware y muy poca transparencia.
Durante años, la prensa y muchos especialistas han explicado cómo Pemex Internacional significa uno de los sitios más oscuros en la transparencia de Gobierno. En este sexenio, la Auditoría Superior de la Federación ha revisado a Pemex Internacional solo para aplaudir, sin mayores argumentos, la decisión de comprar la refinería Deer Park en Texas, y para elogiar los grandes beneficios que Pemex ha obtenido de hacer negocios fuera de México.
En el juicio, la defensa de Aguilar insistía en que esos casos debían investigarse en México, pero no hay registros públicos de que eso haya pasado. Hay que revisar casos en Nueva York para enterarse de los negocios y pagos oscuros que han sucedido con el Gobierno mexicano. Este caso de Vitol ocurrió en el sexenio anterior, pero la poca transparencia continúa.