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El Gobierno anunció el nombramiento de una comisión de alto nivel para renegociar el contrato de concesión que mantiene el Estado panameño con Minera Panamá.
Se prevé que las primeras reuniones se realicen esta semana para definir las metodologías e iniciar las negociaciones.
“Es un hecho conocido que la empresa Minera Panamá, S. A. opera una de las más importantes concesiones mineras del país y que mantiene aspectos legales pendientes por resolver”, señala un comunicado de la Presidencia de la República.
Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias (Mici), manifestó que el presidente Cortizo, designó un equipo de alto nivel para negociar todos los aspectos que se derivan de la relación contractual con dicha empresa, de manera que el país reciba beneficios justos. La reunión de los altos funcionarios tuvo lugar en el anfiteatro de la Presidencia de Panamá.
Se anunció que inicialmente el equipo negociador estará conformado por los ministros del Mici, Ramón Martínez, (coordinador), de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, de Ambiente y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.
Adolfo Ahumada, exnegociador de los Tratados Torrijos Carter, Manuel Orestes Nieto, los geólogos Daniel Esquivel y Ana Méndez, Marcel Salamín, Nils Castro, exasesor de Omar Torrijos Herrera para asuntos internacionales y el abogado Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, también integrarán el equipo.
Equipo técnico
Para el tema legal, Panamá contará con el International Senior Lawyers (ISLP), cuya alianza le permitió seleccionar a la firma Hogan Lovells, que ha puesto un grupo de abogados con experiencia comprobada en negociación de contratos, litigios y arbitrajes internacionales.
Otro equipo técnico y económico estará supervisado por Connex del Grupo de los 7 (G-7), quienes asignaron a consultores de reconocida trayectoria en temas fiscales y económicos en materia de operación de mineras.
Antecedentes
Minera Panamá, cuyo nombre cambió a First Quantum Minerals Ltd, fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Susana Serracín Lezcano, en nombre del C entro de Incidencia Ambiental (Ciam), contra la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 que aprobó el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera, llamada entonces Petaquilla, S. A.
Dicha demanda fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2017, donde se ordena la inconstitucionalidad de la citada ley 9 de 25 de febrero de 1997, norma que aprobó el nombrado contrato entre el Estado y la minera.
En uno de sus vistos, el Pleno de la Corte estimó que la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 viola los artículos 17, 32,159,257 y 256 de la Constitución, por cuanto se trata de una ley aprobada de un contrato, en la que no se cumplió con los rigores determinando lo anterior. La ya citada Ley le concedía a la empresa minera 13 mil 600 hectáreas. La concesión fue obtenida durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
En los inicios del periodo de Ricardo Martinelli, Petaquilla obtuvo su licencia para exportar. En 2008, Richard Fifer vendió parte de la concesión a Minera Panamá, donde se desarrolla la actual mina de cobre de Donoso, en Colón. Este proyecto estaría amparado bajo la misma ley que rige la concesión de Minera Petaquilla.