Designaciones alentadoras de funcionarios para el país
“[...] del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, de la Administración del Canal de Panamá, ACP, de la Caja de Seguro Social, CSS, y de la Fiscalía General Electoral, FE”
En lo que antes se consideró como un “pacto de gobernabilidad”, en los primeros meses del Gobierno actual se han llenado varias vacantes producidas por diferentes leyes referentes a la administración del Estado, algunas de las cuales son dignas de anotar, porque se vislumbra en ellas la intención de mejorar en particular el desempeño de cuatro instituciones públicas.
A no dudar, todas las designaciones deberán mostrar resultados de este cauto optimismo; es ampliamente conocido que mucho dependerá del margen de acción y de independencia que se les otorgue a los designados, de suerte que puedan acudir a sus propias capacidades y a sus experiencias previas. Las interferencias nocivas tradicionales siempre han amenazado con hundir todas las buenas intenciones, muchas veces
con total éxito.
Para precisar nuestro comentario esta semana: se trata del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, de la Administración del Canal de Panamá, ACP, de la Caja de Seguro Social, CSS, y de la Fiscalía General Electoral, FE. El buen manejo de las cuatro determinará el estado de la economía y finanzas públicas, nuestra competitividad como país y los ingresos que ella pueda producirnos, el bienestar social de asegurados y jubilados, y la entereza de los procesos electorales que fundamentan nuestro régimen político. Economía, seguridad social y confianza política son claves para lograr nuestro progreso.
Al tomar posesión de la ACP el nuevo administrador resaltó la importancia de la meritocracia en el manejo del recurso humano y la eficiencia de la estructura y de los procesos ejecutivos que administra su burocracia. Todo con miras a mantenernos competitivos ante cambios en el comercio mundial que de globalización parece encaminarse al nacionalismo y mercantilismo. Por su lado, el ministro del MEF advirtió, desde antes de asumir el cargo, sobre el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado, de su impacto en el nivel aconsejable de la deuda pública y en la necesidad impostergable del ahorro público.
Por su lado, el escogimiento de un candidato competente para enderezar todo lo torcido del sistema actual de seguridad social ha sido un clamor generalizado que promete ser satisfecho con la designación del nuevo director general, quien debería ser acompañado en su gestión por un profesional que complemente su formación y experiencia previa. Entre ambos deberán dividirse la tarea de componer entuertos como lo espera la mayoría de los asegurados, beneficiarios y jubilados, lidiando en primera instancia con una burocracia que parecería momificada y marchita, acostumbrada —lamento afirmarlo— al amiguismo y al padrinazgo politiquero, no a un régimen basado en la meritocracia como la ACP, que podría resultar en servicios satisfactorios a los asegurados. Bien les valdría copiar, hasta calcar, el sistema de recursos humanos de la ACP.
Finalmente, la ratificación del nuevo fiscal general electoral augura cambios importantes en esa función, porque se puede avanzar únicamente en una dirección: a mejorarla. Considero que el nuevo fiscal, pertenezca y haya sido miembro activo de un colectivo político, será sometido a una más estricta exigencia de imparcialidad en sus actuaciones, porque cualquier desviación u omisión en su conducta oficial, real o percibida, será un lastre para su propio partido, para su dignidad personal y para la reputación de su herencia familiar. Sus actuaciones serán estrechamente vigiladas y denunciadas, porque son fundamentos para el buen ejercicio del primer derecho político: una competencia libre, transparente y universal.
Estas cuatro funciones, sin restar méritos a todas las demás, identifican hoy las columnas más significativas para el país. Sin dejar de lado otros problemas que no podrán ser enteramente solucionados sin atender estos con prioridad, mantengámonos enfocados sin prejuicios.