A politizar todo, debatir y consensuar, sobre todo, la pandemia
La política es el único medio civilizado y pacífico para identificar, discutir y conciliar libre y democráticamente diferencias; y para revertir la incapacidad de representar la sociedad como ella debe ser y no tal como ella es
Politizar para construir democracia
Tres hurras por Ágora y su lideresa... pero, como decía sir John Maynard Keynes, “en el largo plazo todos estamos muertos”.
Sin vacuna y con el desorden, la irresponsabilidad y la creciente desconfianza ciudadana instalada en la sociedad y sin una comprensión cabal de la esencia de la coyuntura por parte del Estado –estamos frente a una sindemia económica, social y sanitaria que demanda una estrategia integral y consensuada democráticamente para hoy, no para mañana– me resisto a proyectar cuántos panameños perderemos la vida en 90 días, incluyéndome a mí y mis seres queridos, pero lo que sí se puede decir es que no habrá cementerio para tanta gente y que la realidad superará la ficción distópica de Mad Max.
Si la democracia existe solo allí donde se reconocen, respetan y protegen las diferencias y donde el conflicto social es reconocido como parte sustancial de su sostenibilidad y viabilidad, la política es el único medio civilizado y pacífico para, por un lado, identificar, discutir y conciliar libre y democráticamente esas diferencias, y por el otro, para revertir su incapacidad de representar la sociedad como ella debe ser –y no tal como ella es– y así sanar la fractura cada vez más intoxicada entre partidos políticos y sociedad.
Cuando la política renuncia a resolver democráticamente la conflictividad social es porque ha decidido mandar, manotear y hacer valer el rango antes que la jerarquía del cargo. Y cuando se manda y ordena, se termina por coartar la libertad de discutir, pensar y disentir, se niegan las causas reales que subyacen a la conflictividad social en ascenso, se sataniza a los ciudadanos que protestan y se les acusa de tener ‘agendas dobles’, calificación inaceptable en boca de un agente de la autoridad.
Y es así como se destruye la legitimidad y la credibilidad del poder público democrático que abre las puertas a una crisis de gobernabilidad en la cual el que está arriba ya no mandará y el que está abajo ya no obedecerá. Ya se asoman al escenario político los Trump y los Maduro.
Politizar todo, debatir y consensuar, no importa si con gritos y empujones...
¿Podemos, como ya lo recomienda el FMI, el Banco Mundial y el BID, debatir y consensuar la necesidad de recurrir al endeudamiento estatal masivo de largo plazo y a políticas fiscales expansivas para transferirle a la Población Económicamente Activa dinero suficiente para que respete la cuarentena y no se tranque la economía mientras nos vacunamos?
¿Podemos poner a funcionar todas las herramientas propias del modelo keynesiano de economía de mercado sancionado en nuestra Constitución por Liberales Renovadores y Socialistas Democráticos desde 1946, entre las cuales recuperar el Ministerio de Planificación y Economía Política, sabiendo de partida que la propuesta de un instituto es una burla porque carece constitucionalmente de capacidad de concertar y decidir políticas o de participar en el Gabinete de igual a igual con los otros ministerios?
¿Podemos echar del templo a esos fariseos y corruptos que, desde el Ejecutivo, la Asamblea, la Corte Suprema y algunos bufetes de abogados, en contubernio, ¿le escamotean a la nación la propiedad de uno de los más grandes y rentables yacimientos de cobre del mundo en explotación?
¿Podemos pedirle a la Corte Suprema que explique cómo siendo sus decisiones definitivas e inapelables, admite una ‘acción constitucional’ que suspende su propia sentencia que declara inconstitucional el contrato-ley que le daba soporte legal a la explotación del yacimiento cuprífero de Petaquilla y que ahora crea un limbo legal por el cual toda la operación corporativa se realiza a través de una oenegé sin fines de lucro?
¿Puede el Mici justificarle a la nación cómo, siendo propietaria inalienable de la totalidad de los minerales metálicos de Petaquilla, al amparo de una ley declarada inconstitucional, acepta todavía recibir una regalía de 2% del ingreso neto de Minera Panamá cuando Chile, Canadá y Estados Unidos perciben entre 46% y 48%?
¿Y de dónde sacar la plata?
¿Puede el presidente de la República explicarle a la nación cómo es que no reacciona como estadista ante la propuesta del distrito Omar Torrijos Herrera de subsanar el limbo jurídico en que opera Minera Panamá renegociando el contrato según la modalidad constitucional de la empresa mixta y a partir del principio de los ingresos y la utilidad compartidos?
¿Sabemos los panameños que, según el escenario de producción (NI-43-101) presentado por Minera Panamá a la Bolsa de Valores de Toronto, la proyección de extracción, ingresos y dividendos a lo largo de la vida de la mina que se pueden distribuir, según el principio de los ingresos y la utilidad compartida arriba descrito, arroja cifras impresionantes?
Escenario promedio de Minera Panamá S.A.
Extracción de concentrado de cobre por año: 109,5 millones ton.
Metal equivalente (Cobre+molibdeno+oro+plata) por ton de concentrado: 33%.
Metal equivalente: 36,1 millones ton/año
Precio del metal equivalente: Us$5,600.00/ton.
● Ingreso por metal equivalente: US$202,356 millones/año que se distribuiría así:
● 49% del ingreso para
Capex-opex de Minera (US$99,154 millones/año);
● -49% del ingreso declarado dividendo (US$ 99,154 millones/año);
● |-2% ingreso para trabajadores (US$ 4,047 millones/año).
● El 49% de los dividendos se distribuiría:
● -50% para accionistas privados (US$ 49,577 millones/año),
● -50% para Fideicomiso
Estatal (US$ 49,577 millones/año).
● El 50% del Fideicomiso se distribuiría:
● -40% Capex-opex de CORESFODEMIN (US$ 19,830 millones/año),
● - 40% Mancomunidades
Intermunicipales (US$19,830 millones/año),
● - 10% a Fondo de Equidad
Social CSS (US$ 4,957 millones/año),
● -10% a Fondo Minero de
Desarrollo Humano (US$ 4,957 millones/año).
¿Sabemos los panameños que el PIB de Panamá es de B/.73,369 millones (1/3 del ingreso de MPSA), que sin Censo desde hace veinte años se calcula que somos 4,5 millones de panameños, que el PIB representa un hipotético ingreso per cápita de B/.15,575.00, que por mes daría B/.1,297.00 por panameño, que la PEA del país es 1 millón 902 mil personas y que si el Minsa decide confinarnos por tres meses hasta que llegue la vacuna, un subsidio equivalente al B/.1,297.00 para la PEA en tres meses representaría B/.3,891.00 para cada hombre y mujer, que ello representa una inversión económica, sanitaria y social de B/.7,402 millones del Estado en ese período y, finalmente, que esa suma se puede apalancar contra los ingresos que el país recibiría de una empresa minera mixta regida por el principio de la utilidad compartida?
¿Entendemos los panameños que ese subsidio temporal para cada ciudadano económicamente activo que cubra sus necesidades y sus obligaciones, nos permitiría romper el círculo perverso que media entre la imposibilidad de percibir ingreso en una economía con la oferta y la demanda colapsadas y la necesidad de salir a procurárselo y a generarlo aun a costa de la vida propia y de los suyos?
¿Podemos debatir y consensuar propuestas de corto y mediano plazo para hacer una reingeniería de esa normalidad que la pandemia ha desnudado y que por decenios ha escondido un orden social excluyente, sistémicamente inequitativo y perversamente
esquizofrénico que mientras se enorgullece del mayor crecimiento económico en el continente y de estar en el ‘Cuadro de Honor de las Calificadoras’, barrunta medidas paliativas y receta curitas para maquillar la pobreza multidimensional espantosa que esta pandemia se ha encargado de enrostrarnos?
¿Podemos presenciar un debate público entre científicos de la medicina y la cúpula de la cartera económica del gobierno que nos ayude a comprender si dejar a decenas de miles de enfermos de covid-19 en casas de barrios pobres, de hogares hacinados e insalubres, sin atención médica especializada, sin infraestructuras para aislar al contagiado ni para controlar su movilidad, responde o no a una decisión deliberadamente darwiniana y neoliberal de dejar que la epidemia, libremente y sin restricciones, mate a cuanto ciudadano sea necesario para alcanzar la así dicha “inmunidad de rebaño”...? Y podemos saber, ¿de quién fue la decisión?
¡Dejen de mandar y vuelvan a gobernar!
El autor es politólogo y diplomático
Y cuando se manda y ordena, se termina por coartar la libertad de discutir, pensar y disentir, se niegan las causas reales que subyacen a la conflictividad social en ascenso, se sataniza a los ciudadanos que protestan y se les acusa de tener ‘agendas dobles’, calificación inaceptable en boca de un agente de la autoridad”.