Donald Trump: la feroz vendetta y difamación
Respondiendo al llamado de “unidad” del presidente Joe Biden, el reconocido académico Dennis Prager ha dicho que la única forma de unirse con la izquierda es si compartieran los mismos valores y principios fundamentales de EE. UU., como libertad, confianza en Dios y libertad de expresión.
Estoy de acuerdo, ya que la mayoría de los estadounidenses profesan valores conservadores, cuyos cinco pilares más importantes son: Ser pro-dios, provida, projusticia, proética y proleyes constitucionales.
La Cámara de Representantes de EE. UU. trató, una vez más, de procesar a Donald Trump, para prevenir su candidatura presidencial en el futuro, simplemente porque los demócratas están atemorizados por el poder que aún ostenta.
La misión de los demócratas es clara: utilizar el poder que ahora ostentan para borrar la “amenaza” que Trump les representa, y comenzar una cruzada para avergonzarlo y desfigurarlo políticamente y evitar que tenga acceso, a través de las redes sociales, a millones de sus seguidores que siguen convencidos de que hubo trampa masiva en las pasadas elecciones.
Piénsenlo, el presidente de la nación más poderosa del mundo fue silenciado y proscrito en un esfuerzo concertado entre las principales redes sociales: Twitter, Facebook, Google, Apple, Youtube y otros monopolios de las redes, e iniciaron una purga y censura masiva contra conservadores para silenciar a millones de personas que apoyan abiertamente a Trump.
Todo lo que han logrado sofocando las voces y obstruyendo todas las vías de discusión civil es la radicalización de sus seguidores, haciendo que más personas se den cuenta de que no hay forma civil de expresar disensión contra los demócratas.
Están reprimiendo libertades atesoradas por los norteamericanos, y aparentemente millones de ciudadanos están “ok” con eso. Siempre habrá parte de la población que se puede programar y engañar. Pero siempre hay otros ciudadanos conscientes de que ven que ninguna de sus instituciones está funcionando y se sienten traicionados por su Departamento de Justicia, el FBI, gobernadores, alcaldes, etc.
Durante el proceso de certificación electoral, lo único que exigían los partidarios de Trump era una auditoría de las elecciones. Querían, por ejemplo, una auditoría en
Pensilvania que mostrara una razón legítima por la que se emitieron unos 200 mil votos más que votantes registrados en ese estado.
Para realmente comprender cómo fue el fraude electoral y el consiguiente caos en EE. UU., y evitar que la izquierda siga tratando de imbéciles a la gente, es necesario entender las maquinaciones ilegales empleadas por los demócratas para robar las elecciones, de lo contrario nunca comprenderán la dinámica de las protestas posteriores.
Durante meses, antes de las elecciones, juristas constitucionales acusaban repetidamente, a oficiales electorales demócratas, jueces locales y federales en los estados más disputados (“battleground states”), de violar normas constitucionales, leyes estatales y federales, particularmente en Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Georgia, estados que fueron blanco principal de acciones dolosas de los demócratas, ya que sabían que para ganar la Presidencia, era imprescindible ganar esos cuatro estados.
Pero el principal problema que enfrentaban era que esos cuatro estados tienen legislaturas controladas por los republicanos, y la Constitución estadounidense estipula claramente, en el art. 2, Sección 1, cláusula 2, que son las legislaturas de cada estado las que tienen “poder exclusivo” de dirigir cómo se elige a los electores y para hacer leyes electorales, ni los gobernadores, alcaldes, secretarios de estado, tribunales federales ni las cortes supremas estatales son autorizados para tal fin. Fue delegado única y exclusivamente a las legislaturas estatales determinar cómo se elegirán los electores y cómo se llevarán a cabo las elecciones.
Los demócratas necesitaban sortear ese obstáculo para poder robar las elecciones que sabían que no ganarían legalmente.
En Pensilvania, Wisconsin y Michigan, los gobernadores, secretarios de estado y mayoría de jueces son demócratas. También sus cortes supremas son dirigidas por mayoría demócrata.
No pudieron obtener los cambios ilegales que querían a través de las legislaturas controladas por republicanos, por lo que apelaron a la Corte Suprema estatal que controlan y obtuvieron los cambios que deseaban, a pesar de la feroz objeción de las legislaturas: obtuvieron ilegalmente permiso para emitir más de 12 millones de papeletas de votación no solicitadas, la eliminación de identificación del votante y comparación de firmas para los votos en ausencia, eliminación de los requisitos de sellos postales en los sobres, eliminación del plazo de entrega de votos establecido por ley para las 8 p. m. del 3 de noviembre, día de las elecciones y cambiarlo al 6 de noviembre.
Colocaron cientos de buzones ilegales en ciudades controladas por los demócratas, mientras aconsejaban a “votantes ilegales” cómo eludir los requisitos de identificación.
En pocas palabras, el papel de las legislaturas estatales fue usurpado ilegalmente por los demócratas y un sistema judicial corrupto.
En Georgia, incluso con gobernador y legislatura estatal controlados por republicanos, la izquierdista Stacey Abrams, cuya hermana es jueza federal en ese estado, demandó a las autoridades electorales y logró que descartaran la firma en las papeletas enviadas por correo, lo que hizo imposible desechar boletas ilegales y contaminadas.
Adicionalmente, hubo varios millones en “donaciones” supuestamente para “fortalecer el proceso electoral”, que fueron usados para sobornar a autoridades y colaboradores quienes se negaron a permitir auditorías forenses a las Máquinas de Conteo de Votos, permitiendo solo recuentos de papeletas seleccionadas.
Al final, los demócratas, doblegando la débil representación republicana en el Congreso, terminaron eligiendo ilegalmente a los electores para el colegio electoral.