Gobierno apuesta por un nuevo impulso al diálogo por la Caja de Seguro Social
Autoridades y organizaciones concuerdan en que la decisión de la CSJ vulnera los derechos de las mujeres de optar al igual que los hombres por la esterilización
“Tenemos un gran objetivo superior: salvar la CSS. Y lo vamos a lograr”, dijo su director, Enrique Lau. Añadió que se convocó a 27 representantes de seis sectores y 23 organizaciones, encontrándose debidamente representadas las principales organizaciones e instituciones de los trabajadores
En Panamá, la meta de alcanzar normativas que promuevan la igualdad de género parece alejarse aún más. La razón, un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no inconstitucionales algunos artículos de la Ley 7 del 2013, sobre esterilización femenina, lo que ha encendido las alertas y ha generado críticas porque vulnera los derechos de las mujeres.
El 12 de marzo, cinco días después de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, cinco magistrados —todos hombres— firmaron el fallo de la Corte declarando que no son inconstitucionales, los artículos 3 y el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 7 de 2013. El salvamento estuvo a cargo de cuatro magistrados (tres mujeres).
La norma establece que en Panamá una mujer puede aspirar a un procedimiento de esterilización femenina —ligamento de las trompas de Falopio— en el sistema público siempre que sea mayor de 23 años y tenga dos o más hijos; mientras que los hombres con 18 años o más, podrán solicitar la esterilización sin condición alguna.
Ante los hechos, la abogada Haydée Méndez, manifestó a Efe que el "fallo va contra derecho, totalmente machista, perpetúa una doble discriminación y es contrario a convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres". Se está ante una ley que "es discriminatoria entre las mujeres y es discriminatoria entre la mujer y el hombre", al que no se le piden precondiciones y que "es el que menos se opera", agregó la jurista. Méndez espera que en la Asamblea Nacional avancen dos propuestas de ley referidas sobre el tema, una redactada por ella y otra del diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez. No obstante, de no prosperar, el caso sería llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su opinión, Vásquez, también citado por la agencia de noticias, indicó que impulsa una iniciativa donde hombres y mujeres al alcanzar la mayoría de edad, en igualdad de condiciones, accedan a la información sobre el proceso quirúrgico de la esterilización. El fallo de la Corte evidencia, entre otras cosas, precisamente la "desconexión" de los magistrados "con la realidad de la condición de la mujer en Panamá y en la historia", señaló Vásquez a Efe.
En tanto, la Defensoría de
Pueblo señaló que la decisión "violenta los derechos humanos de la mujer". Advirtió que "los artículos son violatorios a la Carta Magna, porque crean una desigualdad entre personas del mismo sexo (mujeres) al permitir la esterilización de una mujer que tenga los recursos para costearse el procedimiento en un centro hospitalario privado, sin cumplir con los requisitos de edad ni tener dos hijos".
Por su parte, María Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), manifestó su preocupación, ya que "la decisión crea un precedente jurídico en materia de igualdad ante la ley de hombres y mujeres". "Los derechos de la mujer, en todo su conjunto, son derechos humanos", agregó.
Nellys Herrera Jiménez, directora general encargada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), expresó asimismo que "la esterilización femenina, debería ser practicada con el consentimiento libre e informado de la mujer, que es sobre quien se realiza. La mujer tiene derecho a no ser discriminada, a decidir acerca del número de hijos y el espacio entre cada uno de ellos".
De igual forma, la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), que participa en la creación de políticas públicas sobre educación sexual y reproductiva, consideró que "restringir el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ha sido reconocido internacionalmente como un acto de discriminación en contra de las mujeres y que viola sus derechos; más aún restringir el acceso a la esterilización femenina, tiene efectos devastadores en su salud y su vida, especialmente, para las mujeres racializadas, pobres y las migrantes".