Excongresista estadounidense señala deficiencia en los controles portuarios del país
Robert Pittenger, presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, afirma que hay ‘fuerzas oscuras’ que impiden salir del ‘statu quo’ que domina el contrabando en el país
Panamá es un punto estratégico de seguridad en el mundo, condición que en parte se atribuye al Canal de Panamá, la conexión del mundo que cerró su año fiscal 2019-2020 con un total de 475,1 millones de toneladas.
Esta ventaja, que posiciona a Panamá en comparación a otros países de la región, implica otros desafíos, como la inspección de carga que ingresa al país y después se distribuye a otras partes del mundo.
“Hay un control muy laxo en la inspección de la carga y comercio en los puertos y la Zona Libre de Colón”, aseguró el excongresista estadounidense (Carolina del Norte) Robert Pittenger, quien visitó el istmo esta semana para coordinar la realización de un foro continental en Panamá sobre seguridad ciudadana en el Parlamento Latinoamericano a finales de junio próximo, como parte de las iniciativas regionales contra el crimen organizado.
El republicano, quien además es el presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, indicó en una entrevista a La Estrella de
Panamá que en su visita a Panamá participó en varias reuniones, en las que pudo conocer detalles sobre el manejo de la carga. “Fuimos al puerto de Balboa y nos dijeron que no hacían inspecciones a los contenedores porque no tienen espacio suficiente para colocar el contrabando, y por eso dejan ir la carga”, expresó.
El laxo control, según el exsenador, ha generado una percepción deteriorada de Panamá en su país, aseguró, porque parece un statu quo invencible, alimentado por “fuerzas oscuras”, como las llamó, que impiden a su vez la atracción de inversión extranjera.
“Tienen un escáner (en el puerto), pero no tienen donde guardar la mercancía decomisada; dicen que tienen que tener una plaza para albergar las cargas de contrabando que detectan antes de que lleguen las autoridades”, dijo el congresista como parte de la conversación sostenida con el encargado de la seguridad del puerto.
Los controles que se hacen a los contenedores corresponden a la Autoridad de Aduanas a través del programa global de contenedores. El puerto, que actúa como un agente de cooperación, no es el ente autorizado para abrir contenedores, responsabilidad que le corresponde a la autoridad gubernamental. La administración de seguridad en el puerto es de carácter privado, pero asuntos puntuales corresponden a las autoridades, por ejemplo, las inspecciones a la carga deben efectuarse por parte de las autoridades.
Panamá tiene cinco puertos de contenedores que deben contar con una declaración de protección otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá, en cumplimiento del código de protección de buques en las instalaciones portuarias exigido por la Autoridad Marítima Internacional y son supervisados por la guardia costera de Estados Unidos.
Además, mantienen el certificado Basc, Business Alliance for Secure Commerce, y por C-TPAT que otorga la categoría de puerto seguro.
En 2020 pasaron más de 7 millones de contenedores por los puertos panameños.
Una situación similar, señaló el excongresista, experimenta la Zona Libre de Colón: “tienen un escáner que no usan. Los camiones pasan sin un control de la mercancía”.
Al respecto, se pretende otorgar las herramientas para hacer un trabajo efectivo a través de la tecnología, con softwares capaces de detectar la carga que llega al país. “Hemos tenido reuniones con el director de la Zona Libre de Colón (ZLC), Giovanni Ferrari, a quien pusimos en comunicación con la empresa más grande de softwares para que le aconsejen, pero él respondió que no tienen capacidad tecnológica sofisticada en la ZLC, sino que cuentan con un software básico que les ayuda a la trazabilidad de la carga”, añadió.
Reiteró que hay una evaluación “muy crítica de que Panamá no quiere cambiar el statu quo.
En la reunión de junio próximo, en la que participarán especialistas de diferentes temas como expositores, se pretenden adoptar políticas parlamentarias que ayuden a los países a luchar contra el contrabando, blanqueo de capitales, actualización en el funcionamiento del blockchain, computación cuántica, la tecnología 5G, entre otros.
De esta forma se otorgarán las herramientas y el sistema legal que puede funcionar en cada país para contribuir en materia de seguridad que adoptarán los parlamentarios.