Ausencia de abogados defensores obliga a
aplazar audiencia por caso Blue Apple
La audiencia preliminar del caso denominado Blue Apple quedó para la fecha alternativa, que es del 5 al 25 de agosto próximo. Hay 51 personas imputadas por tres delitos
Once abogados de la defensa particular de varios imputados no comparecieron a la audiencia de ‘Blue Apple’ programada para ayer, lunes, en el Palacio Gil Ponce, por lo que la jueza tercera Liquidadora, Baolisa Marquinez, suspendió la sesión y se programó para el próximo 5 de agosto.
Para evitar pasar por la misma experiencia, la jueza habilitó defensores públicos para que representen a aquellos imputados cuyos abogados no asistan.
Uno de los juristas que asistió a la audiencia indicó a este medio que sus colegas solicitaron que se realice en la fecha alterna por diferentes razones, excusas de enfermedad, otros dijeron no tener copia de la vista fiscal o del expediente, otros solicitaron anulaciones, entre otras.
De los 54 imputados comparecieron 21, incluyendo uno de forma virtual desde el centro penitenciario El Renacer, todos investigados por cuatro delitos: contra la fe pública o falsificación de documentos, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales. Asistieron 22 defensores privados y un defensor público.
Es la tercera ocasión en que se reprograma esta audiencia, tomando en consideración que en noviembre pasado la pandemia impidió su realización, y en ese momento se fijó para el 19 de abril y como fecha alterna del 5 al 25 de agosto.
Aurelio Vásquez, fiscal de la causa, resaltó que la audiencia tenía el propósito de calificar el mérito de los 51 imputados que la fiscalía solicitó al tribunal llamar a juicio. Este proceso se lleva bajo el sistema inquisitivo, por lo que el juzgado notificó vía edicto. Al abrir la sesión el tribunal escuchó las pretensiones de los abogados.
Cada vez que se reprograma una audiencia, el tiempo actúa como el peor enemigo del caso porque corre el riesgo de la prescripción de delitos.
La sesión no se transmitió por circuito cerrado y/o través del portal del Órgano Judicial,
y tampoco se permitió el ingreso de la prensa debido al límite de aforo.
La pesquisa de la fiscalía trata de contratistas que habían licitado con el Estado y se les pedía, por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, ayudas políticas o sobornos para agilizar los pagos, “una situación descrita muy claramente por la fiscalía que recogió la investigación en 500 tomos”, explicó Vásquez.
“Solamente una de las cuentas canasta que fueron creadas para disfrazar y blanquear dinero, supera los $40 millones, de los cuales el Estado recuperó $32 millones”, indicó el fiscal. No obstante, Vásquez indicó que el monto pudiera superar esta cifra debido a la existencia de otras cuentas canasta y pudiera llegar a $70 millones. Se lograron siete acuerdos de colaboración y otros en vías de efectuarse. Vásquez manifestó que cuando los imputados asistían a la fiscalía, confesaban los hechos.
Al finalizar la sesión, el fiscal indicó que la audiencia se abrió pero se suspendió por dos razones. La primera que el aforo del salón daba capacidad al 25% y la segunda es que muchos defensores no se presentaron al acto de audiencia, lo que obligó al tribunal a recurrir a la fecha alterna. Para el fiscal es un caso emblemático por la cantidad de dinero que se diluyó a través de coimas.
“Entiendo que los abogados fueron notificados; uno presentó síntomas de covid-19, pero no presentó evidencia. Nosotros tenemos una investigación robusta, que por seguridad jurídica y certeza del castigo, queremos que se realice”, indicó el fiscal.
“Algo que no podemos negar es la prescripción de los delitos. Si actos dilatorios dan lugar a eso, el tribunal tiene que estar atento a esta situación”, zanjó Vásquez.