Martinelli: ante la justicia por escuchas ilegales
El expresidente Ricardo Martinelli no pudo evitar el inicio del segundo juicio por el caso ‘pinchazos’ que arrancó este miércoles con la lectura de la teoría del caso. A la sede del Tribunal de Juicio llegaron diputados de Cambio Democrático
Con el rechazo de una nueva incapacidad médica presentada por el equipo legal de Ricardo Martinelli, en la que solicitaba posponer por tercera vez la audiencia del caso ‘pinchazos’, dio inicio este miércoles el juicio que se le se sigue al expresidente.
Acompañado de toda su batería de abogados, Martinelli llegó a plaza Ágora, sede del Sistema Penal Acusatorio, donde calificó el juicio como un “show político”, tildándolo de una “pelea privada entre tres personas”.
Marcadas las 9:14 a.m., primero se esclareció la situación de los querellantes que decidieron desistir de la demanda tras llegar a acuerdos extrajudiciales con la defensa.
De los seis demandantes, tres oficializaron su desistimiento: Rubén Darío Polanco, Mauro Zúñiga y Juan Carlos Navarro. Sobre este último, el abogado defensor Alfredo Vallarino pidió al tribunal que la oficina judicial certificara su solicitud, ya que según este no aparecía notificado. Al final fue leía una declaración por escrito en la que Navarro confirmaba su decisión “voluntaria” e “irrevocable” de retirarse de la demanda.
Estas salidas dejan en el proceso a los querellantes Balbina Herrera, Mitchell Doens y Rosendo Rivera, que estuvieron presentes durante la audiencia. “Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias y lo único que admitimos es que Martinelli se declare culpable”, dijo Carlos Herrera Morán, uno de los abogados de las víctimas, que aseguró hubo “acuerdo de recámara” entre quienes desistieron de la acusación.
Resuelto lo anterior, la defensa hizo una solicitud para mover la fecha del juicio basada en la situación médica de Martinelli.
La argumentación estuvo a cargo de la abogada Jessica Canto. Según ella, su defendido se mantiene tomando un medicamento para el dolor producto de una cirugía de columna, cuyos efectos no le permitían “prestar atención” durante la audiencia. “No queremos dilatar el proceso, él (Martinelli) quiere participar, pero él tiene que prestar atención”, señaló la jurista.
El juicio estaba establecido en un inicio para el 22 de junio, pero fue postergado dos veces por las incapacidades presentadas desde la defensa.
La fiscalía rechazó de plano el pedido y recordó que el acusado participó en reuniones políticas de manera pública, previas al juicio, sin que su cirugía fuera problema alguno, por tanto el juicio no debía aplazarse.
Tras un receso ordenado por la juez Ivette Vega para evaluar la documentación médica dispuesta por la defensa, esta rechazó la solicitud, aunque autorizó que el acusado pueda asistir a las próximas audiencias de manera virtual, mientras se encuentre en recuperación.
“Se le dijo al señor Martinelli que si no se siente bien, quédese en su casa, véalo por Zoom, pero este juicio de que va, va”, dijo Carlos Herrera Delgado, abogado de los demandantes.
El tribunal está formado por Vega, como presidenta, la juez Jennifer Saavedra de relatora y la tercera juez Marysol Osorio.
La audiencia empezó formalmente a las 11:39 a.m. con la presentación de las teorías del caso, es decir los argumentos centrales que sustentan el proceso tanto de los demandantes como de la defensa.
La primera en intervenir fue la fiscalía, que sustentó ante el tribunal que entre 2012 y 2014 se habrían espiado comunicaciones privadas sin autorización judicial por orden de Martinelli, con equipo y personal del Consejo de Seguridad Nacional. Y que desde las oficinas de la entidad en Quarry Heights (Ancón), al menos 150 personas entre empresarios, diputados, jueces, sindicalistas y periodistas, fueron interceptados.
La fiscalía indicó que tiene testigos y material probatorio, además de audios, documentos, correos y grabaciones, que validarían la comisión de los delitos endilgados al expresidente.
Ricaurte González, fiscal superior de la causa, adelantó que el Ministerio Público pedirá una condena máxima de ocho años de cárcel por los delitos de seguimiento sin autorización judicial e interceptación de comunicaciones sin autorización judicial.
“En el momento en que un tribunal superior ordena que se haga un nuevo juicio, eso es una ganancia, quiere decir que hubo errores garrafales en la apreciación del juicio anterior (...) estoy convencido de que vamos a obtener un resultado de culpabilidad”, puntualizó el fiscal.
Por su parte, Carlos Carrillo, miembro del grupo de abogados defensores, calificó de “manipulación” el proceso contra Martinelli e insistió en el argumento de que este nunca fue imputado. Igual afirmó que el testigo protegido de la fiscalía habría “mentido” y que hubo “presiones” sobre los funcionarios del CSN para afectar a su cliente.
“Vamos a demostrar que el expresidente Juan Carlos Varela estuvo presente antes del inicio de las investigaciones en el Consejo Seguridad (...) vamos a probar que en las diligencias que se hicieron hubo presión y presencia del Consejo de Seguridad”, dijo Carrillo, durante su intervención.
La jueza Vega confirmó que a partir de hoy jueves arrancará el periodo de descargo de pruebas.
La causa de Martinelli tiene sus orígenes en 2015, cuando fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su cargo en ese entonces de diputado del Parlamento Centroamericano.
Luego de salir de Panamá, el empresario y actual líder del partido en formación Realizando Metas, fue detenido el 12 de junio de 2017 en la ciudad de Miami tras una solicitud de extradición por la justicia panameña. Finalmente fue extraditado al país el 11 de junio de 2018.
Durante la audiencia, Martinelli estuvo acompañado de varios diputados del partido Cambio Democrático, entre ellos Yanibel Ábrego, quien recientemente expresó su respaldo al exmandatario y actualmente disputa el liderazgo del colectivo a su copartidario Rómulo Roux.
A su salida, Martinelli volvió a arremeter contra el proceso llamándolo “patraña política” y señaló al vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, de supuestamente estar “detrás de todo” el juicio, sin dar más detalles.