La transformación en salud: una elección política
“[...] es el momento oportuno para tomar la elección política de avanzar en la transformación del sistema de salud. Contamos con el [...] Decreto 209; ahí están los documentos que describen cómo hacerlo [...]”
En materia de salud pública, todos los caminos conducen a garantizar el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Se trata de un derecho humano, que debe ser por ende la máxima prioridad de los países. No obstante, como ha señalado el director de la OMS, lograr la cobertura universal de salud es en última instancia una elección política. En esta glosa me refiero al contexto nacional y me pregunto al final si es que nos ha faltado esa elección política.
Para comenzar, no ha sido por falta de información sobre cómo se hace eso, pues, el país cuenta, desde hace más de siete años, con la propuesta que produjera la Mesa de Diálogo por la Mejora y Fortalecimiento del Sistema de Salud Integral. En el documento, se definen dos ejes de trabajo: el eje intersectorial para el abordaje de los determinantes de la salud, y el eje institucional para todos los elementos priorizados del sistema institucional, el cual actualmente soporta todos los problemas de la oferta de la provisión de servicios que están afectando a la población demandante. Se formulan además lineamientos para la interrelación y el desarrollo de ambos ejes dentro de un solo modelo de gestión y provisión de servicios integrales, que se espera implementar por etapas, para ir cambiando progresivamente el rumbo actual de nuestro sistema, hasta lograr finalmente el Sistema Nacional Público de Salud que necesita la población.
Tampoco ha sido por falta de apoyo político, pues, justo al inicio de su gestión, nuestro presidente firmó el Decreto Ejecutivo 290, en el cual -basándose en los aportes de los tres espacios de concertación previos- establece la coordinación efectiva y sostenible entre el Minsa y la CSS para garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad para todos en todos los lugares. Pero se nos vino la pandemia de COVID-19, nos obligó a enfocarnos en controlar la enfermedad y puso en pausa la mayoría de las iniciativas que estaban planificadas.
También disponemos de los recursos humanos y financieros. Contamos con los profesionales idóneos para avanzar hacia la construcción del sistema público de salud, que responda de forma equitativa, eficiente, oportuna y continua a las necesidades de la población. Además, nuestro gasto público en salud como porcentaje del PIB, así como el gasto público en salud per cápita, han aumentado sostenidamente en los últimos años, llegando a niveles suficientes para alcanzar los resultados en salud que deseamos. Sin embargo, la distribución de esta inversión per cápita en salud ha sido desigual, y también está pendiente la distribución equitativa de recursos humanos, e infraestructuras sanitarias, ocasionando que para la mayoría de los ciudadanos de recursos financieros escasos o limitados _ que son más de un millón de panameños _ la cobertura universal de salud no pase de ser una promesa. Así, en no pocas ocasiones para poder acceder al uso de servicios oportunos y de calidad, la población se ve obligada a acudir al sector privado en busca de la atención que debería brindar el sector público. Y muchas de estas personas no tienen los recursos económicos para ello, lo que las expone a grandes dificultades financieras y deudas que afectan su economía familiar y postergan el desarrollo planeado, como puede ser, una mejor vivienda, o la educación de los hijos.
Conscientes de esa realidad, decenas de miles de ciudadanos, participantes en el Pacto
del Bicentenario, formularon y propusieron en 26 Acuerdos la implementación de políticas y acciones, con un enfoque multisectorial, para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. El horizonte general al que apuntan estos acuerdos es avanzar hacia la transformación del sistema de salud para alcanzar una cobertura universal, con el fin de que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a servicios de salud integrales y garantizados a lo largo de toda su vida, con calidad y sin dificultades financieras.
Los acuerdos complementan los aportes de la Mesa de Diálogo mencionada al inicio de esta glosa y describen qué es lo que hay que hacer para garantizar el acceso a servicios de salud, incluyendo las infraestructuras y los recursos humanos; el acceso a medicamentos de calidad en forma oportuna y permanente y; un cambio en el modelo de atención, para que este sea basado en la Atención Primaria de Salud, con un enfoque de determinantes de salud que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Mi conclusión es que es el momento oportuno para tomar la elección política de avanzar en la transformación del sistema de salud. Contamos con el respaldo que proporciona el Decreto 209; ahí están los documentos que describen cómo hacerlo; también los recursos humanos y financieros para garantizar el acceso universal a los servicios de salud; el respaldo político que le da el mandato ciudadano expresado en los 26 Acuerdos sobre salud alcanzados en el Pacto del Bicentenario para cerrar esa brecha y; estamos controlando la epidemia.
“[...], no ha sido por falta de información sobre cómo se hace eso, pues, el país cuenta, desde hace más de siete años, con la propuesta que produjera la Mesa de Diálogo por la Mejora y Fortalecimiento del Sistema de Salud Integral”