¿Más revocatoria o mejor justicia?
La Opinión Gráfica
La idea de que el pueblo pueda revocar por voluntad “soberana” a un funcionario electo democráticamente, parece algo muy bueno. Demasiado para ser cierto, en estos momentos. Sin embargo, a esta imagen romántica, en esencia histriónica, hay que darle varias pasadas. Primero que todo: ¿bajo este esquema, a quién llamaríamos pueblo? ¿Será acaso alguno de estos grupos autoproclamados “representantes del pueblo”, o a sus titiriteros? ¿Estaríamos hablando entonces, de ese pueblo que se deja zarandear por quien tenga suficientes recursos y medios? Nuestro pueblo, indiferente, democráticamente inconsciente, que vota de forma clientelista y populista cada cinco años, ¿tendrá la suficiente voluntad y entereza política para revocar a uno de sus otrora predilectos? En honor al sentido común tendríamos que preguntarnos dos cosas: ¿de quién es la mano que mece la cuna? ¿Valdrá la pena?
Ahora bien, supongamos que la revocatoria de mandato funciona, y es depuesto el funcionario. ¿Cuánto tiempo demoraría el pueblo en elegir otro similar? Cuando un pueblo es tan políticamente apático como el nuestro, repite siempre los mismos errores y cada vez peor. En ese caso, ¿cuál sería el sentido práctico de la revocatoria de mandato? Por otro lado, este asunto nos mete de lleno en el dilema universal de “elegir al mejor empleado”. Si uno tuviera un empleado que trabajase mal, ¿qué sería lo mejor: reformarlo o botarlo? Tal vez muchos piensen que botarlo, peor aún tratándose de la cosa pública. Sin embargo, al generalizar la regla nos quedaríamos sin Gobierno a corto o mediano plazo. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿qué tan fácil resultaría encontrar un buen funcionario? Claro está, siempre queda a disposición la figura del “designado eficiente”. Alguien que, sin pertenecer a la fórmula depuesta, estaría lo suficientemente capacitado para asumir el cargo. Obvio, y todo esto sin considerar que el tema de la capacidad, aptitud y actitud de los funcionarios electos en Panamá constituye un dilema de proporciones surrealistas casi. De cualquier forma, entre tanto ir y venir, poner y quitar, elegir y revocar funcionarios, la institucionalidad podría flexibilizarse demasiado. Perjudicando en breve nuestra seguridad jurídica, economía, etc. Pese a todo esto, debo reconocer que la revocatoria de mandato es una herramienta política muy eficaz y poderosa. Pero entiéndase, proporcionalmente digna de un pueblo maduro y participativo.
Ahora bien, tampoco podemos seguir con la política electorera y monolítica del cheque en blanco. Considerando que la principal queja ciudadana hacia las autoridades es la supuesta malversación de fondos, yo me inclinaría más hacia la figura del “rendimiento de cuentas”. Pero uno real, activo, proactivo, y preventivo inclusive. Similar al que tenemos, pero menos de adorno. Es decir, en lugar de empoderar a un pueblo políticamente ausente y emotivo, a que canibalice a sus autoridades electas, deberíamos unir esfuerzos para que todo funcionario de mediano y alto perfil rinda cuentas a cabalidad. Para ello, obviamente, tenemos que lograr que la justicia asuma su rol y que las investigaciones sean más científicas, modernas, independientes, honestas y profundas. Si no empezamos por eso primero, cualquier revocatoria de mandato fungirá más como punta de lanza, que como herramienta democrática.