Garanticemos la democracia
Se están dando situaciones en Panamá que a todos los panameños, si decimos que realmente amamos a este país, nos deberían llamar a una gran reflexión nacional cuyo propósito esté encaminado a preservar la institucionalidad del Estado. Y cuando hablo de las instituciones de la patria, básicamente, me refiero a las leyes de la República. Esos instrumentos legales que dieron forma y contenido a las instituciones de nuestra democracia, al sistema judicial, a nuestro ordenamiento jurídico o a las que se refieren a lo concerniente a la educación, al trabajo, pero sobre todo al sistema de derechos, libertades y garantías que le confieren contenido o materia al auténtico Estado de derecho. Es por ello por lo que por muchos argumentos que se quieran emplear para enervar a nuestra institucionalidad, jamás podemos permitir que sean soliviantadas o pisoteadas las instituciones que han hecho a la República. Somos un país de gente buena, trabajadora, con nobles ideales, y el hecho de que malos hijos de la patria hayan cometido viles acciones en contra de la dignidad de nuestra nación no puede significar, nunca, que los buenos ciudadanos seamos juzgados igual que ellos o que tengamos que padecer las consecuencias de sus delitos.
En ese sentido, es claro que se están dando cosas en el país que no podemos pasar por inadvertidas, tales como: El sitio militar dado el día 2 de enero, en claros arreos de combate, al mejor estilo de los militares –cosa que ellos nunca se atrevieron hacer dentro de la Asamblea-, a la Asamblea Nacional; antes de ello, el atropello con las consiguientes privaciones de la libertad para con humildes protestantes de manifiestas reivindicaciones agropecuarias; el anuncio dado el día lunes 7 de enero en la ciudad de Colón por parte del mandatario Varela de que se reforzaría la lucha o el combate “duramente” en contra de la delincuencia en Colón –para mí, claras amenazas para impedir futuras protestas-; unas negociaciones ausentes de transparencia con el Gobierno de China y, más recientemente, la reunión con los altos jerarcas de la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de Varela, sin que conozcamos qué es lo que se está entretejiendo de por medio.
Estas y muchas más son las cosas por las que estamos atravesando y, por otro lado, aunque se diga que este año será de crecimiento económico para el país, lo cierto es que no vemos ni vislumbramos cómo ello impactará a mejorar el nivel de vida –en salud y alimentos, básicamente-, para los panameños o que le permita una mejor bonanza. Sin embargo, hay algo mucho más preocupante. Es la actitud de poco importa o de indiferencia por parte de muchos generadores de opinión pública que han mantenido un silencio cómplice con estos hechos. Nada han dicho, nada han criticado. Por ello, no puedo hacer otra cosa que coincidir con la opinión de algunos conciudadanos que se han atrevido a señalar, respecto a este nefasto hecho, que ¿la toma por parte de la Policía de la Asamblea Nacional el día 2 de enero del año que recién se inicia, no fue acaso programada, de modo frío y con cálculo previo, para defenestrar al Parlamento panameño o como un claro ensayo para ejecutarse en fechas ulteriores?
Me preocupa algo. Lo percibo. Cierto que hay un desprestigio enorme sobre no pocos diputados, lo sabemos. Que sus malas acciones han dado al traste con el mínimo de decoro debido al Parlamento, eso lo sabemos. Sin embargo, todo ataque debe ser a los que han hecho mal las cosas, para eso está la justicia penal. Pero no debemos, por ello, creer que hay que gestar acciones de hecho para desaparecer a la Asamblea y así pretender estar legitimados para decirle al país que el “estado de cosas” obliga a tomar vías de hecho que atentan contra la institucionalidad de nuestro Estado, de nuestra República. La institución denominada Asamblea Nacional debe mantenerse, ser estable, tanto como ente jurídico como ente político que tenemos los panameños para ejercitar nuestra democracia. Vitrina democrática de los conciudadanos, eso es y siempre debe ser la Asamblea.
Las elecciones generales de mayo de este año no pueden frustrarse. De ninguna manera. El Gobierno debe, y así lo exigimos, hacer un pronunciamiento claro de que respetarán las elecciones y entregarán el poder a quien resulte electo. ¡Exijámoslo!
Si queremos el bien de la patria, demostremos que somos buenos hijos, agradecidos con ella. En homenaje a ella levantemos nuestras voces.