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Tanto la propia First Quantum como el gobierno de Varela defienden que la sentencia no afecta a la mina porque lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.

Tras el fallo judicial, el gobierno saliente de Varela trató de blindar el contrato a través de un proyecto de ley presentado en el Parlamento, que fue rechazado por los diputados por considerar que las regalías del 2% acordadas eran muy bajas. "Nuestra compañía siempre ha cumplido de manera plena con las leyes panameñas, así como con las regulaciones internacionales de transparencia y responsabilidad", aseguró First Quatum el pasado 5 de junio.