El actual éxodo masivo, apremia controlar la migración ilegal a través de nuestra provincia de Darién
En los últimos años, gracias a la experiencia laboral como profesional de la salud, dedicado a la atención médica de compatriotas y personas de diversas nacionalidades, algunas con residencia permanente en la provincia de Darién y otras de paso en flujo migratorio, hemos observado una cantidad considerable de migrantes que ingresan anualmente de forma irregular por nuestro territorio fronterizo con la República de Colombia.
Este tema de la migración ilegal por ser de alto interés para el país, debe manejarse con la amplitud de los criterios de control que merece, tanto por razones de seguridad en el fortalecimiento de nuestra política migratoria, como por la inclusión de la proyección presupuestaria anual que la provincia requiere para afrontar los costos relacionados con esta migración, además, se debe revisar el establecimiento de acuerdos internacionales con los Estados, a quienes les concierne estos movimientos migratorios, a saber, aquellos países de origen de las personas que se desplazan, pero también, los que se encuentran en su ruta de tránsito y en estos, se conoce que operan redes de tráfico donde hacen contactos para continuar su traslado hasta llegar a nuestro país, es decir, que hay un problema de fondo y de igual manera debe atenderse.
Referente al compromiso estatal de contribuir con la paz y seguridad hemisférica y global, está claro que Panamá debe mantener un nivel de detección de migrantes que representen peligrosidad o que puedan estar vinculados con organizaciones del crimen transnacional, transfronterizo y/o a grupos terroristas. Dentro de esta problemática que se ha agravado por factores externos, hay que entender que, en el pasado, por mucho tiempo, el flujo de migrantes, por lo general, era regional, procedente de países suramericanos y del Caribe; no obstante, en el 2008 con el cambio de la política migratoria en Ecuador de “Puertas abiertas”, que eximió del visado a todo el mundo, se originó la afluencia de migrantes de origen extracontinental, mayormente de Asia y África, situación que llamó la atención inmediata de los Estados Unidos, catalogando este movimiento migratorio como Extranjeros de Interés Especial (SIA, siglas en inglés) por su procedencia de países cuya tendencia ha sido dar apoyo a organizaciones terroristas.
Pero en 2014, a raíz de la política estadounidense de “Pies secos, pies mojados”, que le otorgaba la residencia a los cubanos que lograran llegar a su territorio, nuevamente, nuestro sistema de control migratorio se vio afectado por el éxodo de cubanos que aumentó el tránsito por nuestro país.
Familias enteras con niños y adolescentes se lanzaron en una peligrosa aventura, afrontando los riesgos de atravesar nuestra espesa selva conocida como el “Tapón de Darién” para continuar su ruta hacia Norteamérica en la búsqueda de un futuro más próspero. Mientras tanto, todos estos desplazamientos han comprometido a nuestra nación a ocuparse de costos “no presupuestados”, los cuales el Estado ha tenido que asumir para cumplir con la asistencia humanitaria a estas personas y un tratamiento digno en diferentes zonas de albergues.
Nuestra comunidad de Bajo Chiquito, ubicada en la Comarca Emberá Wounaan, es el mejor ejemplo, pues es la primera parada en suelo habitado y seguro, donde sus residentes acogen sin los recursos necesarios a los migrantes, después de haber cruzado la selva de Darién.