Zambonini
Hay una línea finísima que separa al fuero de la inmunidad, tan fina que a los ciudadanos comunes nos cuesta percibir y más aún describirla y diferenciarla. Pero eso se entiende solamente en el caso de los ciudadanos de la calle, no así entre las autoridades legislativas y judiciales, los primeros porque son los hacedores de las leyes que establecen esa diferencia, y los segundos porque son los encargados de separar la paja del trigo.
Es más o menos lo que está en discusión en el caso del ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini, denunciado por la cuestión de los planilleros, algunos de ellos parientes de autoridades nacionales como el presidente del Congreso, y otros muy allegados al propio ministro, como el caso de Manuel Radice y su familia.
Hubo denuncias anteriores tan graves como la actual que nos ocupa en torno a la gestión del mencionado ministro, pero no pasaron a mayores, excepto la consabida amenaza de juicio político que en el caso de los miembros del TSJE no son más que eso: amenazas.
El caso se plantea a partir de la intervención fiscal en torno a las denuncias que afectan a Ramírez Zambonini, que luego se convirtieron en una imputación, la cual el juez Hugo Sosa Pasmor admitió por el delito de inducción a un subordinado a cometer hecho punible.
La discusión se abrió respecto a si el juez tiene o no autoridad para procesar a un miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que por imperio de la Constitución está equiparado con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos en cuanto a su nombramiento y remoción, esta última solo a través del juicio político.
El juez entiende que un ministro del TSJE goza de inmunidad de opinión y de arresto, mientras que los parlamentarios cuentan con estos privilegios y, además, de fueros, los que constituyen una protección en contra de los procesos judiciales. Al no contar Ramírez Zambonini con fueros, está sujeto a someterse a los procesos judiciales normales.
Pero los parlamentarios decidieron complicar la cosa por una razón sencilla. La forma en que se encara este caso de corrupción se está saliendo de los moldes que ellos manejan con pericia. Unos dicen que es el Congreso el que debe decidir la destitución del ministro y no la justicia, por lo que necesariamente se debe someterlo a juicio político, mientras que otros dicen que el Senado debe decidir si otorga o no el desafuero del ministro para que Ramírez Zambonini sea procesado.
En otras palabras, para la Justicia, el miembro del TSJE tiene inmunidades pero no fueros; para el Congreso, tiene fueros y debe ser desaforado previamente si se lo quiere procesar.
Los paraguayos tal vez no sepamos muy bien definir lo que significa el fuero, pero lo que sí entendemos bien es que los fueros son una maquinaria para complicar, embarrar y muchas veces impedir el castigo a responsables de la corrupción política. Tanto es así que para el común, fuero es sinónimo de impunidad.
La Constitución paraguaya construyó un sistema de nombramiento y remoción de las principales autoridades basado en el mecanismo de selección, nominación y confirmación de tinte político, al igual que el sistema de separación del cargo por medio del juicio político. El gran cedazo para cernir el grado de lealtad a la clase política es el Congreso.
De modo que por simple regla de tres, los ministros del TSJE deberían tener cierto temor a los parlamentarios y no al revés, pero ocurre que ellos (los ministros) se saben de memoria los “pecadillos” de cada uno de los parlamentarios en cuanto a colocación en las planillas de operadores, familiares, equipos de fútbol, amiguitas y otras yerbas. ¿Están intentando salvar a Ramírez Zambonini con el desafuero y evitar que cante ante la justicia sus verdades parlamentarias hasta hoy no contadas?