Innecesaria e ilegal
Empresas con antecedentes de denuncias por presunta corrupción, incumplimiento de contratos, fraude y sobrefacturación en Argentina y Guatemala, y otras supuestamente fantasmas, se encuentran entre las que participan de la licitación internacional para el cobro tercerizado de impuesto inmobiliario en la ciudad de Luque. El plan, con tufo a gran negociado, podría concretarse en detrimento de una población luqueña que vive “anestesiada” ante los abusos de sus autoridades.
El proyecto inconstitucional, ilegal e innecesario presentado por el jefe comunal Carlos Echeverría (colorado cartista) con la denominación “Concesión del servicio de modernización de la gestión tributaria y catastral de la Municipalidad de Luque”, fue aprobado el pasado 21 de diciembre de 2016 por seis ediles colorados y un liberal, en medio de cuestionamientos, sospechas y maniobras.
Todo lo relacionado al proceso de licitación se mantiene guardado bajo siete llaves en la Municipalidad. Pero, según fuentes, mañana, a las 08:00, se realizaría la apertura de sobres de las ofertas económicas de los dos consorcios que se presentaron. Se trata de Tributario y Filigrana.
El Consorcio Filigrana está integrado por Consultora Asunción-BDO Paraguay, representada por Óscar Guillén Cáceres y Natalio Rubinstein; Ingeniería Aplicada (IASA), representada por María Auxiliadora Burgos Rossi, y la firma argentina Ari Consultoría (sin datos de dueños o representante). El presentante legal es Diego Martínez.
Consorcio Tributario está conformado por la empresa argentina Kolektor (Hermann Karsten, propietario); la firma argentina Relevamientos Catastrales (Hermann Karsten, accionista) y Proyectos Estratégicos, empresa paraguaya (sin datos y no figura como proveedor del Estado en la DNCP). El representante es Miguel Niella.
La ganadora o “digitada” se quedará hasta con el 30% del impuesto inmobiliario durante 15 años. Además de inconstitucional e ilegal, la tercerización es innecesaria, ya que gestión y cobro de impuestos es una de las funciones primordiales de una administración comunal, que debe retornar estos recursos a la ciudadanía con inversiones de desarrollo.
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