Fiscala aplica sugestiva forma de investigar a intendenta encausada
La fiscala de Ciudad del Este, Claide Acosta, que investiga por usurpación de funciones a la intendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR) y otros pidió a la propia encausada que informe sobre los alcances de la ordenanza 002/2015, que motivó la denuncia. Co
CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La ordenanza 002/2015 declara el predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la zona primaria del Puente de la Amistad como área para la instalación de un hotel casino de cadena internacional. Fue emitida por los concejales de la Junta Municipal en el periodo anterior y homologada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, reelecta.
Considerando que el inmueble no es municipal, sino que pertenece a Puertos y que las autoridades municipales se abrogaron funciones del directorio de la ANNP al disponer qué hacer con el inmueble, en representación de funcionarios portuarios el abogado Nicolás Russo, denunció a los exconcejales y a la jefa comunal por usurpación de funciones y otros delitos.
En el marco de esta causa, la actual fiscal del caso, Claide Acosta, firmó el 4 de julio un oficio en el cual solicita a la intendenta que informe sobre los alcances de la ordenanza 002/2015 y reporte si el documento fue presentado en alguna institución.
El 11 de julio, la intendenta respondió que la ordenanza tiene un alcance puramente declarativo, con intención de convertir la zona primaria en un nuevo polo de atracción turística y recreación donde se instalen, visto un plan maestro elaborado previamente, hoteles y casinos de cadenas internacionales para que haya mayor presencia de turistas.
Para explicar, la intendenta expone que se trata de una “resolución declarativa”, al igual que la ordenanza 009/2017 emitida por Junta Municipal del periodo de gobierno actual, en la que se declara patrimonio histórico y cultural el predio de Puertos.
Según Russo, en la respuesta de la intendenta existe un “intento de engaño a la Fiscalía” y cuestiona el pedido de Acosta a la jefa comunal.
En un escrito presentado el viernes, Russo considera “bastante llamativo” que Acosta pida a la intendenta que “ella misma explique el alcance de la ordenanza 002/2015 JM, cuando que ella está denunciada en la carpeta fiscal como cómplice directa de la usurpación de funciones públicas”.
Russo asevera que la interpretación o el alcance de una resolución municipal podría ser objeto de un dictamen de la Contraloría General de la República, “pero no pedirle a una de las investigadas”.