El negocio de la inseguridad
Edwin Brítez
La defensa se convirtió en un negocio multimillonario que aparece como consecuencia de la violencia genérica, cuyas principales aristas son la inseguridad ciudadana producto de la delincuencia urbana, la delincuencia del norte y el narcotráfico; y la inseguridad jurídica que obliga a personas y empresas a invertir en coimas para solucionar aprietes, trabas burocráticas y “estimular” tomas de decisiones relevantes.
Pero el verdadero negocio está en la inseguridad ciudadana, esa que produce temor en la población y de cuya consecuencia nace la determinación ciudadana de gastar en la defensa personal, familiar y empresarial, lo cual entra en competencia con la determinación de los violentos de superar en armamentos y riesgos a la fuerza pública, nuestra protectora de ficción.
Hubo un tiempo en que era suficiente proteger las viviendas con barrotes de hierro y los vehículos con un artefacto que traba los cambios, pero pronto fue necesario protegerse aún más y se formaron los ejércitos de guardias de seguridad privados con empresas cuyos dueños están separados apenas por un fino hilo de las élites de seguridad oficial.
Las empresas productivas, comerciales y financieras se vieron obligadas a reforzar en el cono urbano el blindaje de sus vehículos transportadores de caudales, y de personas importantes, mientras que las explotaciones agroganaderas contrataron capangas que patrullan los campos, con fuertes armamentos y débil paciencia para los intrusos.
Los bancos y financieras duplicaron sus contratos de seguridad: además de guardias privados, pagan por el mismo servicio a la policía, como dicen que hacen también algunas personas que necesitan seguir trabajando: pagan seguridad por igual a los delincuentes como a los uniformados.
No pocos tienen asesoramientos especiales y más calificados de profesionales de la milicia para traslados de caudales o tumultos provocados. Los más poderosos contratan expertos extranjeros para evitar secuestro, otros para encontrar la forma de retornar con vida a quienes fueron o son víctimas de esta vil modalidad de extorsión criminal.
Acto seguido entran en escena los componentes tecnológicos de la defensa, a los que se suma el factor “inteligencia” con las cámaras de seguridad, el rastreo satelital, las residencias inteligentes que se manejan a control remoto por celulares de última generación, vehículos que se autobloquean si no reconocen a sus propietarios, entre otros.
Además de las cataratas de gastos que exige esta situación a todos, se carga otra vez a la cuenta del contribuyente el aumento de gastos de los organismos de ¿seguridad?, los cuales refuerzan, renuevan y multiplican sus armamentos y vehículos, además de solicitar constantemente aumento de presupuesto para “capacitar y actualizar” a su gente, a más de estimular a quienes se arriesgan a enfrentar en el terreno a los violentos, aunque sin resultados válidos.
Todo esto permite capturar mayor cantidad de delincuentes urbanos, pero a casi nadie del norte, menos aún a los de la mafia.
Aumentan las inversiones en defensa, aumentan los delincuentes. Algunos pierden, muchos ganan.
No es fácil y menos rápido derrotar las causas de la violencia que tienen que ver con problemas de educación, oportunidades (trabajo sobre todo), control, valores y castigo, pero mientras la inseguridad siga siendo un negocio, será difícil combatirla eficientemente. La razón: beneficia a demasiadas personas que representan a poderosos intereses.