Los altos cargos públicos
Gustavo Ortiz G.
Las autoridades gubernamentales en general –incluidas las regionales y locales– tienen que ser siempre las mejores personas en cuanto a conocimiento, honestidad, laboriosidad y sensibilidad hacia los conciudadanos a los cuales se deben como funcionarios públicos. Sin embargo, aquello casi no existe cuando nos referimos a los altos cargos de la administración pública –hay solo contadísimas excepciones–, sino que ella está minada de gente que llega a esos puestos por el solo hecho de mostrarse serviles, llenar de elogios mentirosos y lisonjeros a sus jefes y “autoridades” de sus partidos para lograr que sean colocados inmerecidamente en esos sitios, en perjuicio de los que realmente merecen y de la ciudadanía.
En estos momentos de campañas preeleccionarias lo mencionado es más evidente aún, pues muchos de los beneficiados por el esquema deshonroso de cepillerismo no se preocupan siquiera en tratar de disimular esas bajezas humanas. Esas faltas de dignidad o decoro, afortunadamente pueden ser conocidas más rápidamente ahora mediante las redes sociales y otros avances tecnológicos. Sin vergüenza alguna, hay personajes que ocupan funciones importantes en el esquema del sector público que exhiben públicamente su pleitesía indigna para congraciarse con los jerarcas en busca de seguir con sus beneficios, mientras varios de los que no se reducen a esa podredumbre ética están siendo desplazados impunemente.
Y una pésima imagen dejan el presidente de la República, los ministros de su gabinete y los mal llamados dirigentes del partido de gobierno, al no desautorizar a los lisonjeros, al no decirles que guarden la compostura y se dediquen a trabajar, a pensar en cómo mejorar los servicios por los que se les paga con dinero estatal, al no prohibirles que dejen sus puestos estatales para ir a actos de proselitismo partidario, al no exigirles calidad sin corrupción en sus tareas. Al contrario, ellos mismos alientan a que se produzcan aquellas situaciones reprochables e ilegales.
Todavía está fresca en la memoria de la gente que lee o escucha las noticias la exhortación que había hecho el mes anterior la directora de un hospital estatal de Caazapá, a través de la mensajería de WhatsApp, para que los funcionarios del establecimiento acudan a un mitin donde estaría el precandidato del oficialismo colorado, Santiago Peña, y pedía G. 10.000 como colaboración por cada concurrente. Después un supervisor educativo, del MEC, pidió a sus subalternos que vayan a retirar las “invitaciones” para participar de otra reunión política proselitista como la precedentemente citada. Estos casos son más graves por tratarse de personas que representan instituciones muy sensibles para los habitantes: ministerios de Salud y de Educación. Y creerá la ciudadanía que ambos personajes ya fueron separados de sus cargos, pero no fue así. Y pudo haber ocurrido algo peor aún, pues tal vez sus superiores les hayan enviado resoluciones de aumentos de salario, algún sobresueldo o regalos por demostrar ser leales al corrupto sistema de selección de jefes de entidades oficiales.
Muchas de las instituciones públicas no funcionan como deberían precisamente porque en los puestos claves son designadas –o elegidas por voto popular– personas que no tienen apego a hacer esfuerzo por brindar cada vez mejor servicio, sino que solamente están interesadas en los altos salarios y prerrogativas que el cargo concede, principalmente el manejo discrecional de dinero estatal para hacer contrataciones amañadas o simplemente para simular adquisiciones o realización de obras y así volverse millonarios, tal como se ha demostrado en innumerables investigaciones periodísticas, sin que muchos de los autores de esos ilícitos sean castigados por la Justicia pese a las pruebas existentes.
La situación actual de la administración pública, contrariamente a la versión oficial que ahora cuenta con medios propagandísticos que representan un retroceso en el rubro, no difiere casi de las anteriores en cuanto al manejo del erario, pues todavía abundan los nombramientos de favor en las plantillas de las represas hidroeléctricas y en la mayoría de las oficinas estatales. Los ávidos de dinero fácil que no escatiman lisonjas e incluso las hacen públicas en las redes sociales, así como los que les regalan fondos públicos al designarlos en puestos inventados y que incluso ni se presentan a sus oficinas, no son dignos de respeto, sino de repudio.