Funcionarios que apoyan al precandidato presidencial Mario Abdo Benítez se reunirán el próximo domingo, según anunciaron dirigentes sindicales de varias entidades públicas. Hablando en tal carácter, uno de ellos, Juan Carlos Pérez, reveló que el Sindicato

sueldo, entre otras cosas, para que estén a su servicio y no al de un partido o de una facción del mismo. No hay excusa que valga para justificar la violación del Código del Trabajo y la conversión de los sindicatos en maquinarias electorales; ni las sistemáticas persecuciones del oficialismo “solo por estar en contra” de Santiago Peña, ni el hecho de que el presidente Cartes sea un malvado “privatista” o de que “satanice” a los funcionarios justifican tamaña arbitraria e ilegal decisión de los sindicalistas de la ANDE. Las medidas ilícitas tomadas contra los funcionarios deben ser impugnadas ante la Justicia.

No puede descartarse que la decisión anunciada solo busque chantajear a las autoridades nacionales y de la propia institución, en el sentido de que “si no nos dan lo que pedimos –que puede ser un aumento salarial– vamos a votar por Marito”. No es ninguna casualidad que justamente el Sitrande haya organizado un paro de actividades con tal objeto, impidiendo, entre otras cosas, que los usuarios del servicio eléctrico puedan pagar sus facturas. Por tanto, no debe sorprender a nadie que si el Gobierno y los parlamentarios “cartistas” dieran señales de estar dispuestos a responder al reclamo, el voto

sindical sea oportunamente reorientado, para mal de la “disidencia”. Estas situaciones son resabios de la dictadura de

Alfredo Stroessner que han permanecido incólumes en varias instituciones y empresas estatales, entre ellas la ANDE. En efecto, la aberrante circunstancia de que la afiliación a la ANR haya sido durante décadas un requisito indispensable para ingresar en la función pública ha conducido, en la práctica, a una fusión entre los aparatos estatal y partidario, propia del totalitarismo. Si hasta existen organizaciones coloradas dentro de las instituciones del Estado, en contra de claras normas de la Ley de la Función Pública, a los afiliados de ese partido les parece normal que el “internismo” partidario se refleje en ellas, en perjuicio evidente de la ciudadanía.

La administración estatal no debe estar identificada con el partido oficialista, cualquiera sea el color o la ideología, si se quiere un Paraguay moderno, dotado de servidores públicos honestos y eficientes, así como de un sindicalismo independiente, dedicado como corresponde a la defensa de sus legítimos intereses. El pueblo no tiene por qué mantener a militantes de ningún partido en las instituciones públicas.

Funcionarios activos y jubilados que apoyan al precandidato presidencial Mario Abdo Benítez se reunirán el próximo domingo, según anunciaron dirigentes sindicales de varias entidades públicas. Hablando en tal carácter, uno de ellos, Juan Carlos

Pérez, reveló que el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) es “uno solo” y que decidió “la no continuidad de este tipo de Gobierno y el voto castigo” contra Santiago Peña. Esto implica que cada uno de los colorados que integran ese sindicato no elegirá en los comicios internos a quien, según su leal saber y entender, sea el mejor candidato que su partido pueda postular el 22 de abril de 2018, sino que se plegará disciplinadamente a lo que hayan resuelto los directivos de la asociación que integra. Entonces, su voto no será libre, pese a lo que diga el estatuto de la ANR, en concordancia con el Código Electoral y la Constitución; tendrá que someterse a la decisión que adopte la Sitrande.

Para comenzar, esta decisión de los sindicatos de la ANDE viola el Código del Trabajo, al que remite la Ley de la Función Pública en cuanto a las

prohibiciones que afectan a los sindicatos. La primera de ellas, según el art. 305 del referido Código, es la de no “terciar en asuntos políticos de partidos o movimientos electoralistas y en asuntos religiosos”. Las organizaciones gremiales no pueden recomendar, mucho menos obligar, a sus

miembros a votar a favor o en contra de alguien, ni en las elecciones internas, ni en las municipales, ni en las generales. No deben inmiscuirse en cuestiones político-partidarias, porque tienen por exclusivo objeto “el estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses profesionales, así como el mejoramiento social, económico, cultural y moral de los asociados”, de acuerdo al art. 283 del Código del Trabajo.

En el caso de los sindicatos del sector público se añade la cuestión de que los funcionarios deben estar al servicio del país y no de un partido hasta el punto de contribuir a una eventual victoria o derrota de alguno de sus precandidatos presidenciales como en la actualidad. Por lo demás, es de suponer que no todos los asociados del Sitrande o de cualquier otro sindicato del sector público están afiliados a la ANR, de modo que la ilegal decisión anticipada por los dirigentes de esas organizaciones conlleva también un agravio hacia aquellos que nada tienen que ver con la cuestión a dirimirse el 17 de diciembre. Más aún, debe considerarse una ofensa dirigida a los ciudadanos de todos los colores que les pagan el