Fiscal intenta justificar su pedido a favor de De Vargas
El fiscal Piñánez justificó el sobreseimiento provisional para los exministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Rojas en el caso de la compra de equipos de espionaje inservibles. Alegó que se deben hacer más diligencias. Negó ser amigo de De Vargas,
El fiscal Luis Piñánez fue designado para intervenir en la causa de lesión de confianza, contrabando y producción de documentos no auténticos, ante la recusación al fiscal Martín Cabrera, en la causa donde están procesados los exministros de la Senad De Vargas y Rojas, perpetrada, según la imputación de la Fiscalía, con la compra de dos equipos de espionaje inservibles.
En la medianoche del martes, Piñánez presentó su requerimiento conclusivo en el que solicitó al juzgado penal de garantías a cargo de Humberto René Otazú, el sobreseimiento provisional para ambos y otras 8 personas.
Piñánez argumentó que debía realizar otros actos investigativos como pericias caligráficas y documentológicas a las facturas cuestionadas por producción de documentos no auténticos.
Asimismo, se hará una pericia técnica para determinar si al momento de la adquisición de los dos equipos, funcionaban o no. Luego se debe determinar la finalidad de los equipos.
A Aduanas se solicitó la realización de un sumario administrativo para determinar de qué manera ingresaron ilegalmente al país los equipos y la pericia contable para conocer el valor de los mismos.
En el mismo grupo
El fiscal Piñánez negó tener amistad con el procesado exfiscal y exministro del Interior. La consulta fue realizada a Piñánez porque circularon en las redes sociales fotos en las que aparecen ambos compartiendo un grupo de WhatsApp.
“Yo no tengo amistad íntima con De Vargas, por lo que consideré no inhibirme”, manifestó.
Agregó: “Participar en el mismo grupo de WhatsApp con De Vargas no afectó mi decisión para no presentar acusación”, aseguró el agente fiscal.
Sin embargo, hubo una maniobra al sacarle a Cabrera para que no acuse y fue designado Piñánez.
De Vargas y Rojas fueron procesados porque en el 2012 y 2015, cuando asumieron el cargo de ministros secretarios de la Senad, pagaron US$ 2.500.000 por quipos de escucha telefónica obsoletos, que nunca entraron en funcionamiento.
Incluso, se creó la empresa Televox SRL, para “importar” los aparatos.