Indert confirma anomalías en expediente de tierras del Chaco

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) confirmó ayer que en un expediente sobre lotes del Chaco se produjo la extraña intervención del Ministerio Público en favor de uno de los hijos del ministro de la Corte Sindulfo Blanco. Se

ABC publicó ayer la denuncia de los abogados Marcelo Zayas y José Prieto acerca de que Ariel Blanco estaría pretendiendo tierras de la zona conocida como Teniente Américo Picco, en el distrito de Mariscal Estigarribia (Boquerón). Son los lotes 102 y 103 que pertenecen, respectivamente, a las solicitudes de Basilio Kadíkalo y Pelayo Mereles, quienes ocupan dichas fracciones desde hace años y tienen mejoras introducidas.

Según la denuncia recibida por nuestro diario, el hijo del ministro de la Corte solicitó al Indert dichas tierras a través de un prestanombre, llamado Roberto Gómez Martínez, quien se presenta ante el instituto rural como solicitante de los lotes 102 y 103, con patrocinio del abogado Blanco. Incluso, el fiscal del Chaco Édgar Alan Schaerer llegó a hacer en la práctica un “desalojo disfrazado” para tratar de desocupar las tierras en cuestión, según los datos.

Ayer el interventor de la dirección de la Región Occidental del Indert, Carlos Soler, brindó más detalles a ABC sobre este expediente. Reconoció que “hay cuestiones que llaman mucho la atención” en los documentos de este caso. Primero, efectivamente, en el año 2013 se produjo una intervención de la Fiscalía en los lotes 102 y 103, por supuesto “delito ambiental” atribuido a Kadíkalo y en el acta de procedimiento escribieron que esos lotes son “propiedad del abogado Ariel Blanco y el arquitecto Jorge Willis”. Sin embargo, el hijo del ministro de la Corte no tiene ninguna solicitud oficial a su nombre en el ente agrario.

“Según el inicio de esta investigación, que el fiscal comunica al juez penal de garantías, el supuesto propietario es Blanco. Pero el abogado Blanco no tiene ningún lote solicitado oficialmente”, reiteró Soler.

Otro punto que le llamó la atención, según añadió, es que el solicitante fue Roberto Gómez, pero este pidió el lote 103 en un principio y, tras una verificación del lugar, cambió su solicitud al lote 102, que en los documentos del Indert figura como una finca ocupada por Basilio Kadíkalo.

Consultado por qué el instituto no ha adjudicado estos lotes a los ocupantes reales, Soler respondió que el caso debe resolverse primero en el área judicial y que luego el ente enviará una comitiva para verificar la ocupación y mejoras en las tierras.

Para el abogado Gabriel Zayas, en la institución se están “lavando las manos”, pues, independientemente a los procesos judiciales, las tierras en disputa son del Estado y es el Indert el que debe expedirse para evitar mayores conflictos.

ABC intentó de nuevo ayer hablar con el fiscal Alan Schaerer, pero no respondió nuestros mensajes y llamadas a su celular con terminación 013. Tampoco pudimos dar con Ariel Blanco.